Las condiciones de la vivienda en Argentina se han "agravado recientemente" debido, entre otras cosas, a un rápido aumento de los precios del suelo y de los alquileres, señala un informe de la Relatora de la ONU sobre el derecho a la vivienda presentado este martes en Ginebra.
"Hubo recientemente un agravamiento de las condiciones de vivienda", abrevió la brasileña Raquel Rolnik en un informe tras una visita al país en abril de 2011, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El documento describe "una crisis" de hábitat en el país sudamericano.
"El problema es que en la reactivación económica misma, absolutamente positiva, una parte importante de la riqueza producida se está trasladando a los precios del suelo, lo que significa que los precios del suelo y del alquiler están subiendo mucho más rápido que los ingresos de la gente, de los trabajadores", explicó la Relatora a la AFP.
Rolnik reconoce que el gobierno argentino está produciendo vivienda nueva, pero apunta varios problemas como "la densificación de las villas", las dificultades de pago de sectores de la clase media y "el hecho de que no hay una política de crédito" adecuada.
"Se verifica un aumento de las personas en situación de calle, de asentamientos precarios, villas de emergencia y casas tomadas, un aumento de personas alojadas en hoteles-pensión, conventillos, cuartos de inquilinato y hogares de tránsito, así como hogares en condiciones de hacinamiento", dice el informe.
La Relatora le pidió a Argentina que remedie "la falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo, la especulación inmobiliaria, la falta de coordinación federativa en la formulación e implementación de las políticas de vivienda, un marco normativo en materia de desalojos que no garantiza el debido proceso legal y la falta de políticas integrales de hábitat suficientemente diversificadas".
Y solicita "mecanismos transparentes de adjudicaciones de viviendas" que impliquen "la derogación de toda norma" discriminatoria.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó que el Estado "designe a un ente" para coordinar la aplicación de las recomendaciones del informe, incluyendo la participación de la sociedad civil.
Univision.com
07-03-2012
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