martes, 28 de febrero de 2012

Viviendas se levantan en terrenos sin pagar

El Gobierno ha expropiado más de 300 inmuebles en Caracas para paliar el déficit habitacional. Mientras corre para lograr la meta de 200 mil casas este año, se tarda para indemnizar a los propietarios.

La verdad es que comenzaron a trabajar desde hace poco", comentó un hombre de casco rojo que se identifica como el vigilante de unas obras sobre la avenida Libertador de Caracas, en la cual se levanta una valla de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv). Lo dice mientras se asoma por una puerta metálica que mantiene entrecerrada, intentando ocultar en vano lo que está detrás de unos muros de zinc: un terreno aplanado, mallas de cabillas enrolladas, una máquina excavadora apagada y unos cuantos obreros.


La descripción se repite en varios terrenos visitados por Últimas Noticias en la zona metropolitana de Caracas, donde se construyen las "viviendas dignas para el pueblo" que forman parte del plan presidencial de emergencia para resolver el déficit habitacional del país, agudizado por los estragos ocasionados por las lluvias a partir de diciembre de 2010.


El avance de la Gmvv en Caracas lleva varios ritmos. Así se constató mediante un recorrido realizado la tercera semana de febrero por 26 terrenos y edificios, los cuales representan un tercio del total de 74 expropiaciones de inmuebles realizadas mediante decreto presidencial desde diciembre de 2010 en Caracas, con el fin de convertirlos en casas para familias necesitadas.


Un año después de las adquisiciones forzosas, de un total de 26 espacios se observaron seis terrenos baldíos y estacionamientos clausurados; siete lotes con movimiento incipiente de máquinas y obreros; seis con bases listas (pilotaje); un edificio con uso diferente al residencial y seis proyectos de nuevas torres residenciales en estado avanzado.


Está el caso de los seis lotes expropiados de La Urbina en diciembre (Gaceta Oficial N° 39.553), donde se levantan las dos primeras torres de un total de 14 que albergarán 280 familias damnificadas.


En el otro extremo, se encuentra el estacionamiento del restaurante La Huerta, en la parroquia El Recreo, tomada por la Milicia Bolivariana y la Guardia Nacional en mayo de 2011. Aún permanece bajo candado, sin carros de clientes ni edificios en construcción.


El Gobierno se impuso la meta de terminar 2 millones de casas entre 2011 y 2017. Y para ello ha dispuesto de inmuebles pertenecientes al Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade). Pero también ha echado mano a la Ley de Expropiaciones en Zonas Urbanas para resolver el problema habitacional, así como también de la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, promulgada en 2011 a propósito de las lluvias.

Tiempo contado. La administración de Hugo Chávez "aprieta la chola" para levantar 200 mil viviendas este año, una de sus principales banderas electorales. Por ello, se observa que los terrenos más activos en Caracas trabajan de lunes a lunes, incluido el Carnaval.


"Estaban paradas porque no había cabillas, pero ya comenzaron a llegar", afirmó un obrero frente a un terreno con placas de concreto apiladas en la parroquia Santa Rosalía, donde hasta el año pasado funcionó un taller y un estacionamiento antes de ser expropiado.


A comienzos de mayo, la Asociación de Industriales de la Metalurgia y Metalmecánica alertaron sobre la agudización de escasez de insumos para la construcción que podría poner en riesgo el avance de la Misión Vivienda.


Pero la semana pasada, el Gobierno ofreció elevar la producción de cabillas de Siderúrgica del Turbio (Sidetur), empresa expropiada en 2010, que garantizaría la construcción de 54 mil viviendas al cierre del presente año.


Además, anunció a comienzos de este mes que a través de Pdvsa Industrial importará 600 mil toneladas de cabillas para atender la demanda interna, ya que el año pasado Sidor no logró alcanzar la meta de producción de 340 mil toneladas.


No todas los inmuebles expropiados muestran una valla de la Misión Vivienda como lo exige el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, que deben especificar el número de contrato, nombre de la empresa contratista con RIF y monto de la obra.


Está el caso del terreno de 19.300 metros cuadrados ubicado en La California, sobre la avenida Francisco de Miranda, expropiado en mayo de 2011, donde la Alcaldía de Sucre planeaba construir un terminal de transporte. Sobre la pared de bloques está una pancarta que reza: "Aquí se construyen 200 viviendas dignas", pero ni una pala se ve por el lugar. El anuncio es firmado por el Campamento de Pioneros Nueva Comunidad Socialista Francisco de Miranda.


Como indican las vallas oficiales frente a las obras, empresas privadas participan en el plan gubernamental. Por su carácter de emergencia, no hubo concurso público en la adjudicación de las construcciones, como se contempla en la Ley de Contrataciones Públicas.


La Gmvv es un plan coordinado por un órgano superior en que participan varios organismos como elMinisterio para la Vivienda y Hábitat y la Oficina de Planes y Proyectos Especiales (Oppe), adscrito al Despacho de la Presidencia, "que tiene a su cargo la mayor cantidad de obras", dijo un contratista que pidió no ser identificado.


"No le puedo decir nada, el único autorizado para hablar es el ministro Farruco", subrayó una dirigente del consejo comunal de La Paz, quien no quiso dar su nombre y custodia la entrada de lo que serán tres complejos urbanísticos en la avenida La Paz, que sumarán un total de 1.104 nuevos apartamentos. A lo lejos se ven las bases de dos primeras torres.


Aunque se inscriban dentro de la solución habitacional, no todas las expropiaciones de inmuebles fueron destinadas para ayudar a los damnificados. Está el caso de los terrenos de Cania en Antímano, pertenecientes a Empresas Polar, que fueron adquiridos forzosamente en enero de 2011. Recién ahora una excavadora rompe el asfalto del lugar para construir viviendas destinadas a la Nueva Comunidad Socialista Amatina. "No es para damnificados, sino para familias que ya están viviendo aquí y que necesitan casas", aseguró una de las próximas habitantes que prefirió no identificarse.


Tampoco se puede asegurar que los 44 torres expropiadas en mayo de 2011 estén destinados a desarrollos habitacionales. Está el caso de un edificio sin nombre en la calle Guillermo José Schael de La Candelaria(donde funcionaba una sucursal de 100% Banco), en el cual ahora una peluquería alquila sus espacios.

Expropiados sin pago. Los edificios de la Gmvv se comienzan a levantar sobre terrenos expropiados que aún no han sido indemnizados, tal como se contempla en la Ley de Expropiaciones.


"Ningún propietario de inmuebles en Caracas ha recibido compensación del Estado", aseguró Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).


Orta agregó que no se ha llegado a acuerdos amigables ni a un justiprecio, entendido por la negociación entre las partes, avalado por peritos y certificado ante un tribunal previamente antes de la ocupación: "Las expropiaciones se han convertido en meras confiscaciones, donde lo único formal es que sale en Gaceta Oficial. Y el carácter de emergencia de la ley le otorga discrecionalidad al Gobierno para actuar".


Muchas expropiaciones de inmuebles han sido precedidas por el mismo modus operandi: son ocupadas por milicias y funcionarios de la Guardia Nacional, y más adelante se oficializan mediante decreto presidencial. Aunque existe una excepción: la reciente toma de 15 galpones de Catia por funcionarios de la Alcaldía de Libertador, de la cual no se ha emitido ninguna medida oficial.


También, Calogero Aletto, propietario de un estacionamiento en la parroquia Santa Rosalía, puede confirmar el retraso de los pagos por sus bienes. Al igual que otros 19 terrenos con similar función expropiados en enero de 2011, espera por una respuesta del Estado desde hace 14 meses: "Se han saltado todos los procedimientos jurídicos".


El Gobierno nunca ha dicho públicamente las razones de la demora en los pagos. En la presentación de laMemoria y Cuenta 2011, en enero pasado, el presidente Chávez aseguró que sí se habían indemnizado las expropiaciones durante su administración, aunque también en mayo del año pasado dijo que los terrenos "no son mercancía". Lo cierto es que en el presupuesto 2012 no están considerados los recursos para compensar a los expropiados.


"Las expropiaciones no son la solución al problema de la vivienda", resalta Aquiles Martini Prieti, presidente de la Cámara de la Construcción. "Difícilmente podrá concluir la meta de 200 mil viviendas este año, porque no sólo se trata de levantar edificios; también hay que garantizar servicios como agua, electricidad, cloacas, parques y transporte, entre otros".
"Las expropiaciones no son planificadas. No hubo estudio previo de suelos, lo cual implica un riesgo. Además, colapsarán aún más los servicios de la zona ya deteriorados", subrayó Hortencia Fonseca, dirigente del consejo comunal de Vista Alegre al referirse a la construcción de la Ciudad Comunal La Yaguara, sobre un terreno expropiado en mayo de 2011 de casi 30 mil metros cuadrados en Colinas de Vista Alegre; una construcción que no exhibe valla informativa, pero de la cual un encargado informó que ha avanzado 10% y tendrá unas 500 viviendas.


El Gobierno ha justificado su política de expropiar inmuebles. "¿Qué es más importante, un carro o una casa? ¿Qué es más importante, los carros o la gente? Pongan eso en la balanza", dijo el presidente Chávez en junio del año pasado.


Para el arquitecto y columnista Alejandro López, la tierra es el insumo más importante para construir, por lo cual no pueden ser privatizadas: "Originalmente eran del Estado y hay que recuperarlas para las viviendas. Pero si la institución privada se niega, se expropia; aunque tengo reservas con algunos casos que debieron ser previamente estudiados pensando enlos posibles afectados".


De acuerdo con Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, expropiar no es la vía recomendable para poner a andar la Misión Vivienda. "Hay que hacer un censo para ubicar las tierras, estudiar el tipo de urbanizaciones por construir, y por último negociar con el sector privado si se tiene que comprar algún terreno considerado apto para las construcciones. Ha sido muy improvisado".

Ultimas Noticias
26-02-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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