Según el abogado Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, en los últimos nueve años se han producido sólo en Caracas 800 invasiones de terrenos, viviendas y galpones sin que las autoridades hayan actuado con la suficiente fuerza y determinación para evitar que se cometa ese delito, que atenta contra la propiedad privada en el país. Orta Martínez señaló que desde 2001 la Guardia Nacional no está interviniendo en las invasiones, no hay una política coherente y homogénea para evitarlas: "El otro problema que existe es que cuando llegan las denuncias a la Fiscalía no se procesan y queda impune el delito". Explicó que, por lo general, las ocupaciones ilegales tienen doble trasfondo: el económico, a través del cobro de los traspasos que hacen los líderes de las invasiones que llegan a Bs 20.000 y Bs 200.000 en el caso de apartamentos. "También está la motivación política, hay funcionarios públicos que motivan las invasiones con intereses proselitistas, electorales. Hay una actitud omisiva, una política blanda del Gobierno ante las invasiones", añadió. Dijo que, desde 2003, tienen un registro de 155 edificios invadidos en el Área Metropolitana. "El Gobierno no les ha pagado a los dueños porque no es ni siquiera una expropiación. El Estado estaría obligado a desocupar las estructuras. En agosto de 2003 se invadieron 80 edificios en una sola oleada, y en enero de 2006, 40 edificios en una segunda", explicó Orta Martínez. Señaló que el año pasado, sólo en Caracas, se produjeron 40 invasiones de terrenos y que en 2012 van 20. Muchos afectados acuden a Apiur en busca de asesoría para reclamar su bien. Les indican que deben denunciar en la Policía y en la Fiscalía, pero "hemos visto que aunque se esté cometiendo en estado de flagrancia la policía no ha actuado. Más allá de las declaraciones de los funcionarios, debe haber acciones concretas de desalojos; el problema es que los municipios llaman y no hay apoyo de la Guardia Nacional ni de la Policía Nacional, siendo esta una obligación porque es un delito que está tipificado en Código Penal 471−A", agregó el presidente de Apiur. Tiroteos. Ayer se produjo un intento de ocupación de un terreno en el sector Las Minas de Guaicoco, que dejó saldo de tres personas heridas: José Ávila (23), alias Figueroa y un señor de nombre Miguel. Los vecinos relataron que personas que residen en el barrio aledaño La Machaca tomaron el terreno y comenzaron a cortar árboles. Cuando les reclamaron que es propiedad de la sucesión Rodríguez y a través de la Sala de Batalla Social estaba previsto para un urbanismo para 150 familias de la zona, se produjo el tiroteo. El alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, instó al Gobierno, a la GN y la Policía Nacional a asumir su responsabilidad de garantizar el orden público: "Tenemos nuevos conatos de invasiones en nuestro municipio luego de las declaraciones del Vicepresidente ayer, y no ha habido actuación de esos organismos, y esto está produciendo enfrentamiento de pueblo contra pueblo". Por su parte, la diputada Dinorah Figuera, presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, expresó preocupación ante los recientes sucesos por la falta de políticas públicas en materia de vivienda.
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27-02-2012
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Lic. Henry Medina
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