La violencia en los refugios ha puesto en zozobra a damnificados. Unos optan por el silencio y no denunciar robos o violaciones de sus derechos porque temen perder la adjudicación de una vivienda o ser agredidos por otras personas en situación similar. Otros dan a conocer sus circunstancias con la condición de no revelar sus nombres. El viernes 24 de febrero, a las 3:20 pm, un refugiado que vive en la tribuna A de La Rinconada llamó por teléfono para informar que cinco minutos antes varios hombres llegaron disparando a la entrada del albergue. La versión que más se escuchaba en los pasillos era que iban tras la pista de otras personas. "Todo el mundo escuchó el tiroteo, pero nadie sabe por qué ocurrió. Situaciones como esa se presentan constantemente. Tenemos miedo de vivir así. Necesitamos policías en cada uno de los pisos las 24 horas", dijo. En el refugio Argimiro Gabaldón, en Caño Amarillo, las personas están acostumbradas, como en las tribunas A y C del hipódromo La Rinconada, a tener una suerte de toque de queda en sus frágiles cubículos de draibol cuando cae la noche. "Todos los días salgo a trabajar con el temor de que se metan en mi cubículo, pues si no violan la cerradura entran por arriba. Hace un mes me robaron una caja de herramientas de mi carro. Cuando llegué encontré todas mis cosas desordenadas", denunció una damnificada que vive desde hace 14 meses en el albergue de Caño Amarillo. Pocos son los casos en los que los grupos familiares conviven de manera armónica y respetuosa, como establece el artículo 34 de la Ley Especial de Refugios Dignos. Una mujer que habita con su esposo y dos hijos En la tribuna C de La Rinconada lamentó que las personas no sean solidarias entre sí. "No entiendo por qué son así. Si no eres de su zona, no tienes derecho a compartir con ellos. Tampoco puedes estar en su espacio o mirarlos mal, porque hasta te matan. Es absurdo que estemos así. Todos somos damnificados, luchamos y ponemos en riesgo nuestras vidas por una casa", expresó. Seguridad ficticia. La custodia en los albergues está a cargo de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Pero los módulos, que por lo general habilitan en el primer nivel de los refugios, no ayudan a controlar la violencia en esos lugares. En los albergues de Caño Amarillo y las tribunas A y C de La Rinconada la seguridad no es efectiva, pues personas ajenas a esos refugios entran y salen sin control alguno. Aunque en Sambil Candelaria hay un sistema computarizado y los damnificados muestran carnets en la entrada para ser registrados, losfuncionarios no revisan sus bolsos como medida de seguridad complementaria. El 13 de febrero 56 familias de La Vega quedaron sin cubículos, en el piso 4, luego que vecinos de Petare, que están en el nivel superior, les derrumbaron los techos provisionales y les robaron sus pertenencias. Los afectados no han recibido respuesta de los organismos de seguridad ni de la ministra de Comercio, Edmée Betancourt, que es la madrina encargada del albergue. "No podemos volver en estas condiciones porque es nuestra seguridad la que está en riesgo. Varias mujeres y niñas han sido violadas allí, y nadie se ha enterado porque no ha llegado a oídos de la prensa. Es horrible lo que se ve; en los baños se han encontrado hasta fetos", manifestó una damnificada. Peticiones. La mayoría de los damnificados que viven en refugios desde hace más de un año no pierden las esperanzas de recibir una vivienda, pero esa aspiración pasó a segundo plano desde que recrudeció la violencia en los albergues. Las personas concentran sus energías en crear mecanismos de supervivencia para tratar de ganarle la batalla a la inseguridad. Cada centro tiene un padrino, que es un ministro designado. Las peticiones que los refugiados les hacen son las mismas: visitar los refugios, solucionar las deficiencias de seguridad e impedir la entrada de armas de fuego. Aseguran que no se cumple la Ley Especial de Refugios Dignos, elaborada para garantizar el orden. ANGÉLICA LUGO alugo@el−nacional.com
El Nacional
27-02-2012
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