La Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, promulgada el sábado por el presidente Hugo Chávez, no deja espacio para la negociación entre las partes porque prácticamente fija todas las condiciones del contrato: la duración, el canon de alquiler, las garantías (que no habrá), el precio de venta (cuando corresponda), dice el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles martín.
Afirma que la intromisión del Gobierno en la relación que existe entre dueños y arrendatarios es una de las principales fallas de la legislación. "Si bien es cierto que se pueden regular las relaciones entre particulares, para eso son los marcos legales, no se deben imponer criterios".
Rigel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, considera que la intervención gubernamental es necesaria porque el arrendamiento debe ser una manera de garantizar el derecho a la vivienda y no un negocio. "Ellos han dicho que sus intereses son lucrativos y que, si no van a obtener ningún beneficio, es mejor sacar el inmueble del mercado".
Otro defecto del marco legal, según Martini, es el desequilibrio que existe a favor del arrendatario. "Se extralimitan los beneficios del inquilino y se violan los derechos del propietario. Las leyes tienen que ser balanceadas".
Sergent opina que más que equilibrada es justa. "Esta ley evidentemente ofrece más garantías al arrendatario que la anterior, pero también protege al pequeño arrendador, que tampoco estaba amparado".
Martini insiste en que la ley, por las condiciones que impone, sólo logrará que no haya viviendas disponibles para alquilar. Sergent discrepa porque asegura que los beneficios para los pequeños propietarios, que se desarrollarán más en los reglamentos, garantizarán el arrendamiento responsable.
A registrarse. Ante la inminente entrada en vigencia de la ley, los propietarios de inmuebles alquilados deben prepararse para registrarse ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento.
Abogados especializados en Derecho Inmobiliario coinciden en recomendar a los dueños que se inscriban en el registro gubernamental. En primer lugar para evitar la multa de 400 unidades tributarias (equivalentes a 30.400 bolívares al valor actual del indicador) establecida en la ley por no hacerlo.
También para no quedar en una situación irregular que podrá sostener mientras tenga una buena relación con el inquilino, pero que probablemente será denunciada por éste y considerada un agravante por las autoridades cuando se presente algún problema.
La Superintendencia Nacional de Arrendamientos se creará a partir de un organismo existente, la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda y Hábitat, así que los propietarios podrán registrarse apenas se publique la ley en Gaceta Oficial.
La inscripción no será una tarea fácil, sobre todo para los dueños de inmuebles en el interior del país. La Dirección de Inquilinato no tiene oficinas regionales hasta ahora delegaba funciones en los municipios por lo cual será necesario trasladarse hasta Caracas.
El Nacional
14-11-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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