Entre ratificaciones y condenas el presidente Hugo Chávez promulgó la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas en un acto celebrado, el pasado sábado, en el Teatro Nacional de Caracas.
Durante la jornada, también firmó la creación del Fondo para el Financiamiento de Viviendas y la empresa estatal bajo la forma de sociedad anónima denominada "Inmobiliaria Nacional", que estará adscrita al órgano superior del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat. "Tendrá por objeto social principal la actividad inmobiliaria para la adquisición de enajenación, arrendamiento, comodato y adjudicación de viviendas en proyectos de ejecución o terminados, así como la adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios o proyectos para la construcción y rehabilitación de viviendas", detalló.
Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, expresó que no está de acuerdo con el intervencionismo del Ejecutivo en las diferentes actividades económicas del país. "Si viene con la idea de competir y de hacer las cosas como se hacen, bienvenido, no veo nada de malo, será un competidor más. Sin embargo, siento que el Gobierno no tiene por qué estar en el área inmobiliaria", aseveró.
Por su parte, Eleusis Borrego, miembro de la Red de Inquilinos del estado Mérida, calificó como "una buena iniciativa" el anuncio realizado por el presidente Chávez. "Entendemos que la empresa del Estado va a manejar precios distintos a los del mercado especulativo que no tienen relación con la economía del país", comentó al argumentar que los precios serán determinados "con el justo valor".
El directivo de la cámara recordó que el Gobierno nacional adjudica directamente las viviendas que construye. "Ojalá que esto no se preste a nuevos negocios ante la posibilidad que tiene de poder decidir adónde ubicará las viviendas", acotó al argumentar que la función de una empresa inmobiliaria es intermediar entre comprador y vendedor, arrendador y arrendatario, para que se pongan de acuerdo con lo establecido en el marco legal venezolano. "El ámbito inmobiliario no se dedica a reconstrucciones o hacer presupuestos de lo que debería hacerse para remodelar una vivienda", agregó al extender la invitación a que se inscriba en el gremio.
Ley de Arrendamiento
En relación con la nueva normativa, Borrego indicó que ayudará a evitar la especulación en el mercado inmobiliario. "Genera una suerte de equilibrio porque incorpora una serie de derechos y obligaciones que no estaban en la de 1999".
De opinión contraria es Martini. "Esta ley menos que ayudar, perjudicará más. Hay discriminación para las personas que tienen más de dos viviendas con los valores de arrendamiento".
En ese sentido, el coordinador regional de Apiur, Raimundo Orta, recordó que la nueva norma redujo la rentabilidad máxima anual que puede ganar un propietario por alquilar, de 6% y 9% a 3% y 5%, siempre que no arriende más de dos inmuebles.
"Con una inflación anual promedio de 30%, pagar los gastos e impuestos y seguir teniendo una ganancia al tercer año se convierte en algo imposible para los propietarios", dijo Orta al señalar que alquilar una vivienda dejó se ser un negocio posible en Venezuela.
Recordó que el artículo 115 de la Constitución garantiza el uso y disposición de los bienes, por lo que la obligatoriedad de vender es inconstitucional. De igual forma, criticó que la norma crea un enrevesado procedimiento administrativo y judicial de cinco instancias para recuperar una vivienda alquilada.
"La Ley de Arrendamientos ratifica la ley contra los Desalojos Arbitrarios que bloquea cualquier sentencia favorable hasta que el Gobierno le consiga una vivienda al inquilino saliente en su artículo 86", dijo Orta.
Tras la promulgación de la normativa, Apiur informó que acudirá a instancias nacionales e internacionales para continuar con su lucha por la propiedad privada.
"Ya está promulgada y hay que cumplirla", concluyó Martini.
Entorno Inteligente
14-11-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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