OPCIONES. Cada vez son menores las ofertas inmobiliarias en los clasificados de la prensa regional.
La próxima semana será entregado a la plenaria del Parlamento el informe final de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Las expectativas están a la orden del día, mientras que las críticas de diversos gremios hacen mella a lo que podría ser un drástico declive para el sector.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional elaboró y aprobó el proyecto. Ahora sólo resta que los legisladores den o no su consentimiento, en medio de distintas diatribas que van desde sanciones y multas, hasta expropiaciones a los arrendadores.
Para Jonathan Díaz, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta, el panorama no es nada alentador, cuando se podría aprobar una Ley que desprotege a los propietarios y desestimula el negocio inmobiliario.
Basta dar una ojeada a los principales clasificados de la prensa para darse cuenta de la magnitud del problema, pese a que el referido instrumento legal aún no ha sido aprobado. En la búsqueda, son pocas las alternativas de arrendamiento y las que se consiguen están condicionadas por un alto precio a personas que no posean hijos, entre otras limitantes.
Díaz denuncia la falta de garantías para los empresarios, quienes ven en la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas la manera más oportuna para retirarse del mercado, antes que ser perjudicados y perder sus propiedades.
Ya el representante del gremio inmobiliario insular ha hecho énfasis, en anteriores oportunidades, en el vuelco que ha dado este negocio en la Isla. Se ha hecho común el incremento de opciones que tienen que ver con alquileres de casas o apartamentos vacacionales. Éstos son rentados por pocas semanas y con desconfianza; aún así, la necesidad de rebuscarse sigue siendo apremiante para los dueños de inmuebles.
Según refiere Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), a través de un artículo publicado en la edición digital de El Carabobeño, la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas pretende legislar prácticamente sobre cada escenario o caso particular.
Sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues al largo plazo podría generarse un “mercado inmobiliario paralelo” con un funcionamiento “paralegal”.
Según Calanche, la obligatoriedad de firmar un contrato inquilino-arrendador por un mínimo de tres años, “con una inflación galopante que ronda por el 27% cada año, al final desfavorecerá al propietario, porque tal vez viva de esa renta y la inflación se comerá sus ganancias”.
A su juicio, la imposibilidad de elevar el canon anualmente traerá como consecuencia la creación de “métodos paralelos” en la búsqueda de ajustar el cobro de alguna manera.
Elsoldemargarita.com.ve
17-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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