El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, calificó como desequilibrado y atentatorio contra la propiedad privada el proyecto de ley de control de arrendamientos, aprobado por la Asamblea Nacional.
“Ese proyecto provocará una anarquía contractual, al generar derechos a unas personas en detrimento de los derechos de otras”, aseguró el dirigente empresarial al ser entrevistado por Notimex.
El sector inmobiliario considera que el proyecto va en contra de la figura del arrendamiento, pues cercena el derecho de los propietarios actuales a disponer de sus bienes libremente como lo consagra la Constitución Nacional.
Martini Pietri dijo que esta ley, aprobada unilateralmente entre “gallos y medianoche”, también producirá apatía en el cumplimiento de los deberes de los arrendatarios, ya que busca perpetuar al ocupante en el inmueble alquilado.
“Hay una sobreprotección al inquilino, al extremo de que las causales de desalojo previstas en la ley fueron eliminadas y traspasadas a la ley de desalojos arbitrarios, que establece que si el Estado no te consigue una vivienda no podrás ser desalojado”.
Explicó que curiosamente crea un procedimiento de desalojo de la propiedad, que busca la lentitud de los procesos con cinco instancias, dos administrativas y tres judiciales, que prácticamente perpetuarán al inquilino en el inmueble.
Precisó que esto no es más que una violación del artículo 115 de la Constitución Nacional sobre lo que significa la disponibilidad de la propiedad privada.
“El instrumento afecta este derecho, en peor forma que la contenida en el fallido referéndum de 2007, porque en la práctica no habrá forma de recuperar tu patrimonio”, aseguró Martini Pietri.
“De manera que la que debió ser una ley democrática y lógica, terminó convirtiéndose en una ley ideológica y por demás impuesta, ya que excluyó deliberadamente a participar de las discusiones a los representantes del sector inmobiliario”, indicó.
Aseguró que se pretende traspasar la responsabilidad en vivienda al sector privado y a pesar de que el alquiler ha sido declarado “como de interés público, social y colectivo, no vemos al Estado construyendo edificios para alquilar”, subrayó.
Denunció que “en Venezuela se sataniza a los propietarios, se les excluye de un proyecto que les atañe, se les discrimina y se les condena sin derecho a la defensa.
“Las sanciones son exclusivamente para los dueños de los inmuebles, mientras se privilegian hasta las faltas contractuales de los ocupantes, creando anarquía y una ola de invasiones”, aseveró.
provincia.com.mx
17-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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