Propietarios de residencias afirman que “nadie puede ponerle precio a lo que es nuestro”
El tema de los alquileres se ha convertido en una noticia de interés nacional. Actualmente dentro del máximo órgano de la nación se discute la Ley de Arrendamientos, que figura, según lo dicho por los funcionarios de Gobierno y parlamentarios oficialistas, como una norma que busca establecer los derechos y deberes tanto del arrendador como del inquilino.
Sin embargo, esta Ley que pretende ponerse en marcha en los próximos meses, ha sido contrariada por quienes aseguran que representa un ataque en contra de la propiedad privada y de los derechos de las personas que se dedican a este tipo de actividades.
Los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela han dicho en reiteradas ocasiones que esta normativa legal pretende acabar con los derechos de los dueños de las viviendas y darle más beneficios a los inquilinos.
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, Aurelis Farfán, ha criticado cada uno de los avances de la discusión de esta Ley de Arrendamiento y en declaraciones pasadas, aseguró que el “Gobierno pretende dejar indefenso a los arrendatarios, para tomar de la mano a las personas y familias que alquilan, sin tomar en cuenta las múltiples variables que intervienen en las diferentes situaciones”.
“No podemos estar de un sólo lado, es necesario que se tome en cuenta el respeto y los derechos de aquellas personas que deciden hacer del alquiler de habitaciones un medio para subsistir, porque en muchos casos no cuentan con ningún otro empleo”.
En Guayana existen numerosas residencias y casas destinadas al alquiler de habitaciones, que según los números oficiales manejados sobrepasan más de 500 lugares. En una visita hecha por varias viviendas donde alquilan habitación, se logró conversar con algunos propietarios que en muchos casos se negaron a dar información por temor a recibir un cierre o cancelación de su negocio de alquiler.
La señora Ximena Rodríguez, dueña de una residencia, afirmó que en su casa habitan 17 personas por concepto de inquilinos y que se ha encargado de revisar cada uno de los artículos de la Ley de Arrendamientos que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.
Dijo que en algunos aspectos comparte las ideas del Gobierno, pero que en otros, se niega a aceptarlos porque sólo ellos conocen el gasto que tienen que llevar a cabo para poder mantener una residencia de calidad.
“Sabemos que el inquilino tiene una serie de derechos que nosotros como arrendadores tenemos el deber de respetar, sin embargo, el Gobierno debe estudiar todas las posibilidades de brindarnos nuestras garantías, para impedir que algunos inquilinos quieran aprovecharse de nosotros y quedarse con nuestros bienes tal como ha ocurrido en el país”.
Rodríguez, destacó que de acuerdo a la última información emitida desde la Asamblea Nacional, se está estudiando la posibilidad de que sea el Gobierno quien fije los precios de los alquileres, acción que cataloga como negativa, porque son los propietarios quienes conocen todo el gasto que han hecho para poder brindar al inquilino la tranquilidad de habitar en un lugar cómodo y adaptado a sus comodidades.
Que estudien el caso
Liseth Martínez, propietaria de otra vivienda donde se alquilan habitaciones, pidió al Gobierno que estudie todas las posibilidades viables para que no sea él quien fije los precios de las viviendas que se alquilan y de los cuartos.
Aseguró que durante varios años ha trabajado junto a su familia para generar este negocio, y lograr dividendos que le permitan vivir mejor. Dijo que el Gobierno no se imagina la cantidad de gastos que tienen como arrendatarios.
“El Presidente no puede pretender ser quien fije los precios de las viviendas alquiladas y de las habitaciones de las residencias, porque ahí se estaría atentando en contra de la propiedad privada y del derecho que tenemos nosotros para colocar precio a lo que es nuestro”.
La señora Martínez, dijo que como propietaria, hace un llamado a todos los dueños de las residencias y viviendas alquiladas para que se organicen y puedan establecer un documento firmado en el que se nieguen a aceptar que el Estado sea quien coloque los precios.
Afirmó que aunque no se ha aceptado la medida deben actuar con rapidez, para evitar que se ejecute y de esta manera, no sea el Estado venezolano quien fije el valor de los alquileres. “No podemos permitir que le coloquen precio a lo que es nuestro, porque sólo los arrendatarios conocemos toda la inversión realizada durante varios años para poder lograr tener un medio de vida”.
Aseguró que comparte las afirmaciones hechas por los representantes de la Cámara Inmobiliaria, al asegurar que esta Ley de Arrendamientos pretende defender sólo los derechos del inquilino, dejando atrás los artículos que protegen al arrendador.
Guayaneses respaldan y niegan Ley
Los guayaneses aseguraron que si bien, es necesario que el estado proteja a los arrendadores, también tienen que tomar en cuenta a los inquilinos a la hora de colocar un precio justo a las habitaciones y casas.
Aseguran que en muchos casos las personas exceden el precio de las habitaciones, “aprovechándose de la necesidad de las familias que no tienen un techo propio para vivir”.
Durante un consulta hecha a través de las redes sociales, hubo quienes apoyaron la necesidad de que el Estado intervenga en este “juego de alquileres”, para evitar seguir siendo víctimas de quienes en muchos casos rentan un cuarto en mil bolívares o más, números que son bastante elevados para cualquier persona que obtenga un sueldo igual o inferior al mínimo.
A través del twitter, @willi11barza, dijo que debe ser el Gobierno quien fije los precios, porque es el único que puede llevar a cabo un estudio detallado de las verdaderas necesidades de las personas y plantear un precio realmente justo para ambas partes”.
Por su parte, @erikalanz, dijo que “el Estado no debe intervenir en este tipo de cosas, porque ha demostrado ser imparcial. Siempre el Gobierno ha trabajado en función de favorecer a una de las partes y eso no es justo”.
Aseguró que debería existir lo que denominó como una “ecuación estándar” para el cálculo de los alquileres en el que se tomen en cuenta ciertas variables que respeten tanto al arrendador, como al inquilino.
@matiaruiz, apoyó el hecho de que el Presidente establezca un precio justo, porque “los arrendadores quieren abusar con nosotros por un cuartito donde no entran ni siquiera los objetos personales de una pareja”.
Nueva Prensa de Guayana
18-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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