lunes, 15 de agosto de 2011

En 99% descendió la oferta de alquileres

ultimahoradigital.com
La zozobra se desató en el mercado inmobiliario desde la promulgación, el pasado mes de mayo, de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y, desde junio, se le suma al “ambiente de intranquilidad” la reforma a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.

Según especialistas en el ramo la oferta de alquileres bajó en 99%, sólo el 1% de los propietarios está dispuesto a alquilar.

“El problema que se está gestando con la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y con la reforma a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, va más allá del grado de morosidad que se puede desencadenar en algunos arrendatarios, éstas van a impedir la promoción del alquiler de bienes urbanos”, aseveró Eustoquio Martínez, vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Portuguesa.

Las leyes –prosiguió- no crean en los dueños un estímulo para arrendar, sino todo lo contrario, afectando así la función social del mercado inmobiliario, en este caso el del alquiler que, como figura jurídica, cumple una función social. Cualquier individuo o pareja naciente que no cuente con suficiente dinero para comprar una casa, opta como primera opción por los contratos de arrendamiento.

“Ya la denominación de la Ley contra el Desalojo Arbitrario, es de por si arbitraria”, afirmó Martínez. “Los desalojos son medidas judiciales procedidas por un órgano jurisdiccional, es decir, por un juez de la República con competencia, luego de haberse tramitado un procedimiento legal. Entonces, no entendemos en qué consiste, según la normativa, la arbitrariedad en un desalojo”, apuntó.

“Ésta trastoca y menoscaba una gran cantidad de garantías y derechos constitucionales procesales, debido a que es dictada para que surta efecto, aplicación o vigencia en todo proceso en el que esté incurso una pretensión que conlleve, directa o indirectamente, a desalojar a los habitantes o a los ocupantes”, destacó el abogado.

¿Sólo protegen a los inquilinos?

En cuanto al malestar dentro de los arrendatarios, quienes manifiestan que las leyes sólo benefician a los inquilinos, Martínez precisó: “Es cierto, sólo arrojan una visión unilateral de una relación contractual o sustantiva, lo que atenta contra la característica de la conmutatividad de todo contrato”, señaló.

Para el especialista en el ramo, “la crisis habitacional que se está viviendo en el país se debe a que el Gobierno nacional no ha dado una respuesta efectiva ante la obligación constitucional que establece que todo ciudadano debe contar con una vivienda digna”.

Artículos aprobados en la reforma

La reforma a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas ha provocado polémica dentro del ramo inmobiliario. Ahora, los contratos tendrán una duración de tres años, fueron eliminados los depósitos que servían como garantía ante cualquier daño del bien, además los dueños pierden la potestad de fijar los precios para el arrendamiento.

Entre los nuevos lineamientos aprobados por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) se encuentra el artículo 70, que establece que los cánones de alquiler de las viviendas podrán ser revisados cada tres años por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas.

Dicha instancia aplicará una “fórmula” para fijar el monto del alquiler, pues tomará el valor actual de la construcción, precio al que le restará la depreciación por los años de la edificación y conservación del inmueble, más no se incluirá en la cuenta el valor del terreno y muchos menos su ubicación.

La AN también sancionó a favor de que los contratos de arrendamientos sean, mínimo, de tres años y que las reparaciones de los inmuebles, así sean menores, deben correr por cuenta del propietario.

“Existe el principio de la autonomía de la voluntad de los contratos o de los contratantes que señala que sólo las partes intervienen en la fijación o modalidades de los cánones. Ya la Ley viola este derecho, al intervenir y fijar un monto por 3 años que sólo le va a garantizar estabilidad al inquilino, más no al arrendatario al que también se le viola el derecho de propiedad, el cual establece el uso, goce y disfrute de ese bien”, sostuvo Martínez.

Sin consulta

Para Vicente Lezama, asesor inmobiliario, la reforma “no ha sido sometida a una verdadera consulta, sólo se está tomando en cuenta a un determinado sector. El 99% de los dueños que alquilaba, ahora se abstiene, mientras que la demanda de arrendatarios se disparó en 100%”, resaltó.

Hasta las empresas –aseveró Lezama- se están viendo afectadas, no tienen lugares para alquilarles a sus ejecutivos, situación que retrasa la economía del país. Para mí, el Gobierno nacional lo que está haciendo es colapsar el sistema arrendatario, además les está negando la posibilidad de independizarse a las personas de la clase media.

El asesor afirmó que la reforma perjudica en un 100% al propietario. “No le están dando garantía de nada. Ellos tienen que pagar por los daños de los inquilinos, así sean mínimos, además se les eliminó el depósito que exigían como aval para cualquier inconveniente dentro de la propiedad. ¿Entonces quién responde por ésta?”, acotó.

Visión dividida

Para Dayana Arapé, el sabor amargo que le dejó la disputa por su casa la mantiene en la firme posición de no volver a alquilar. “El contrato era por un año, cuando pasé la carta de notificación para que (la inquilina) desocupara el lugar, tal como lo rezaba el contrato, se negó, alegando que las leyes la protegían. Las autoridades no hacían nada al respecto, tuve que casi suplicarle para que me regresara la vivienda. Fueron meses de diálogo”, expresó.

Nosotros –acotó Arapé - también tenemos necesidades, muchos perciben el ingreso como un sueldo. Ninguno de los decretos aprobados por el Gobierno nacional nos favorece.

Maira Parra, inquilina, aseguró que lejos de cercenar los derechos, los artículos “están frenando la especulación que existía en el ramo inmobiliario. Por una habitación piden hasta 1 mil bolívares fuertes. Los depósitos eran exorbitantes y siempre, por cualquier motivo, los dueños se quedaban con ellos”.

La reforma de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas espera por su segundo debate en la AN para su aprobación.

Janette Yépez Palencia

ultimahoradigital.com
14-08-2011

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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