El Ministerio de Vivienda y Hábitat en coordinación con la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda y las organizaciones de inquilinos, están diseñando el programa "Mi Techo", destinado a buscarle solución más expedita a los múltiples casos que existen en todo el país de edificios de larga data alquilados en su totalidad y que, de acuerdo a la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, que fue aprobada en noviembre del 2011, deben ser ofrecidos en venta a sus inquilinos. Marlene Sierraalta, vocera de la Asociación Bolivariana de Inquilinos, explicó a Últimas Noticias que el propósito del programa no es limitarse únicamente a los casos de edificios de larga data alquilados y que no están en propiedad horizontal, sino que se están evaluando métodos y sistemas para que otras familias que viven alquiladas puedan comprar las viviendas que ocupan. Detalló que la idea de estructurar el programa "Mi Techo", surgió a raíz de la experiencia con los 100 edificios en la Zona Metropolitana de Caracas que están alquilados en su totalidad desde hace más de 50 y 40 años, cuyas negociaciones con los dueños para instarlos a que les vendieran a los inquilinos empezó el año pasado en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. El caso de estos 100 edificios, cuyas negociaciones de compra−venta "están bien adelantadas", según voceros de las organizaciones de inquilinos −de hecho, cinco edificios ya fueron adquiridos por el Estado−, se tomará como un proyecto piloto para desplegar el programa masivo Mi Techo, para la adquisición en todo el país de edificaciones que estén en la condición de arrendados de larga data. "Es que nos hemos dado cuenta que esto no sólo pasa en Caracas; por ejemplo, en Mérida hay cantidades de edificios en esta condición. En Barquisimeto también hay. La idea es ir regularizando esta situación en todo el país. Claro, con el programa también se busca diseñar soluciones para otras familias alquiladas que puedan comprar", señaló Sierraalta. Caso de los 100. Marlene Sierraalta informó que luego de la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamiento en noviembre del año pasado, se han venido dando en "líneas generales, salvo pocas excepciones, en buenos términos y en ambientes positivos", las negociaciones con los propietarios de los 100 edificios en Caracas. Dijo que hay acuerdos definitivos con unas 39 edificaciones. Amplió que en muchos casos los acuerdos han sido amigables con los dueños que acceden a vender "y en asambleas con los inquilinos se ha llegado a los acuerdos de dejarle los locales comerciales a los dueños −según sea el caso−, o algún o algunos apartamentos". Agregó que en conversaciones con algunos propietarios han admitido que lo mejor es venderlos porque "reconocen que no los pueden mantener. En muchos de estos edificios viejos todavía se usa el gas con bombonas porque no hay gas directo, los ascensores no sirven y otros ni siquiera tienen ascensores, los sistemas de electricidad son obsoletos; en fin, tienen muchos detalles, y los dueños saben que no los pueden mantener ni arreglar, en parte, porque los abandonaron por mucho tiempo". Los primeros cinco de los 100 edificios ya fueron adquiridos por el Estado a través de la banca pública y ya se les otorgaron los créditos a los inquilinos de cada apartamento para que ellos a su vez, empiecen a pagarle al banco que les dio el financiamiento. La venta hizo a través de un acto público transmitido en cadena nacional y encabezado por el presidente Chávez, en noviembre del año pasado, en el marco de la Ley para la Regularización y Control de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, instrumento que da un plazo de 60 días para que los propietarios de edificios de larga data ofrezcan en venta los inmuebles a los inquilinos. La ley entró en vigencia el 12 de noviembre de 2011, de manera que el plazo venció el pasado 12 de enero de 2012. Por esta razón los propietarios habían estado solicitando una prórroga a la Superintendencia de Arrendamiento. La extensión no se ha anunciado oficialmente, pero entretanto siguen las negociaciones, de acuerdo a la información aportada por las redes de inquilinos. Al respecto Marlene Sierraalta, comentó que "se ha tenido paciencia y se ha permitido que sigan las negociaciones, aunque la ley establece que, vencido el plazo, el Estado puede expropiar. Creo que la Superintendencia todavía quiere llegar a acuerdos amigables, aunque ya es tiempo de empezar a expropiar y que el Estado coloque el precio a los inmuebles, pero creo que la idea es esperar acuerdos". Las redes de inquilinos sostienen que las trabas para concretar la operaciones de compra−venta está en los avalúos, pues algunos propietarios no los aceptan "y quieren vender a precios de especulación, pero ellos saben que esos edificios están depreciados y no les pueden poner precios exagerados".
Últimas Noticias
13-02-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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