Explicó a Actualidad de Unión Radio que mediante este instrumento legal se le restringe cada vez más las posibilidades de inversión a la empresa privada.
“Se le da un plazo único de dos años a las constructoras para terminar las edificaciones, pero ahora con los grandes problemas de expropiaciones, donde hay graves retrasos de materiales, ninguna obra es imposible terminarlo en un año”, dijo.
Para Orta Martínez esta ley crea más burocracia, “ya no es suficiente que un constructor privado tenga que acudir a la Alcaldía, ministerio del Ambiente sino que ahora se crea una Dirección General de Gestión de Vivienda”.
No obstante, aseguró que aún esta dirección no está creada, sino simplemente estipulada en la Ley contra Estafa Inmobiliaria.
El vicepresidente de Apiur señaló que la Ley contra la Estafa Inmobiliaria no corresponde en una buena parte a su contenido, al tiempo que afirmó que ahora las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional tienen un objetivo político.
Unión Radio
22-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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