Ciudad Guayana. 10 mil familias organizadas en 140 consejos comunales y 56 asociaciones civiles en el estado Bolívar esperan respuesta de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en torno a la venta de terrenos para la construcción de sus viviendas.
La mayoría de las asociaciones pro-vivienda están constituidas desde hace más de una década y, hasta la fecha, no han podido comprar ni obtener la titularidad de las tierras asignadas.
Afiliados a las organizaciones han financiado estudios de factibilidad, proyectos de construcción así como terraceo de los terrenos con recursos propios. La demora en la venta de las tierras los ha obligado, incluso, a autoconstruir dada la carencia de un techo propio.
Julia Fermín, representante de la Asociación Civil Villa Ensueño, manifestó que la CVG ha sido el principal obstáculo en el largo camino para obtener una vivienda, considerando que el ente de desarrollo es el administrador de los ejidos municipales en los que las organizaciones aspiran construir sus viviendas.
"La mayoría de las asociaciones comunitarias tienen el tiempo que tiene el Presidente en el poder, y a ninguna se le ha entregado el terreno. Solo a 10 asociaciones se le dio una adjudicación en venta con una cláusula que impide enajenar el terreno, y de esa manera es imposible acudir a la banca para solicitar un crédito".
Fermín sostuvo que la principal solicitud de las organizaciones es que los ejidos sean trasladados y administrados por la municipalidad, de acuerdo con el artículo 181 y 184 de la Constitución Nacional. Indicó que para acelerar los reclamos hace dos meses decidieron activar el poder constituyente, de conformidad con el artículo 70 de la Carta Magna.
"Todas las organizaciones tienen proyectos, factibilidad de servicios y terraceo, que han sido cubiertos con autogestión. La CVG y la Alcaldía no nos han apoyado, han sido obstáculo para que los grandes proyectos se den".
Como consecuencia, algunas de las organizaciones han invadido los terrenos, "otros ya pagaron y otros pagaron a un precio exorbitante de Bs. 43,91 el metro cuadrado, contraviniendo las leyes que sustentan que la tierra no se debe comercializar y menos al pueblo".
Proyectos detenidos
Además de la construcción de viviendas, otros proyectos de interés para la ciudad han sido afectados por la demora en la venta de los terrenos, ubicados tanto en Puerto Ordaz como San Félix.
Wilfredo Perozo, miembro del consejo comunal de la parroquia Unare, indicó que la comunidad desarrolló un proyecto turístico recreacional frente al Aeropuerto Manuel Carlos Piar.
"Hemos cumplido con todos los requisitos de la Alcaldía y los entes dependientes, pero en el momento de hacer los desarrollos, nos vemos afectados porque CVG nos tranca el serrucho. De una manera muy grotesca, es la que vende la tierra y da la titularidad, tenemos muchas comunidades que no han podido desarrollar sus proyectos".
De acuerdo con Perozo hay unidades de desarrollo con los recibos de pago de los terrenos, aún sin titularidad, "todo es por la burocracia, y eso lo vamos a llevar a todas las instancias".
Los afectados sienten que no hay voluntad ni interés de parte de las autoridades locales. Al cabildo abierto realizado hace una semana, indicó, solo se presentó la concejala municipal, Erika Vilera. La Alcaldía y CVG no enviaron representantes. Ese mismo día esperaban reunirse con el presidente de la CVG, Rafael Gil Barrios, quien también los embarcó al final de la tarde.
Con información de María Ramírez Cabello
El Universal
05-04-2012
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