lunes, 5 de septiembre de 2011

Canon de arrendamiento traba la Ley de alquileres

La Cámara inmobiliaria pide mantener un diálogo abierto entre las partes.

Aunque la Ley de Arrendamiento, tenía urgencia garantizada para su pronta aprobación desde marzo, mes en el que llegó el proyecto a la Asamblea Nacional de manos del poder popular, será hasta principios del septiembre, seis meses después, cuando entre a la plenaria para su segunda discusión, luego de un intenso debate a lo interno de la comisión de Administración y Servicios y en todo el país.

Recordemos que la aprobación de esta normativa busca regir todas las actuaciones que se derivan de las relaciones de arrendamiento de aquellos inmuebles urbanos y suburbanos destinados a ser las viviendas de familias o personas y además establecer que “la vivienda no es una mercancía sino un derecho humano”.

El canon de arrendamiento ha sido uno de los puntos más diferidos a lo largo de la discusión, artículos que tal y como están redactados en el proyecto de ley, plantean que la ubicación del inmueble no se tomará en cuenta para establecer la tarifa del alquiler, según explicó el diputado César Rincones (AD – Sucre), vicepresidente de la comisión.

“Lo que se está proponiendo es que solamente se tome en cuenta el valor del terreno, la depreciación, los acabados, pero no tomaran en cuenta la ubicación del bien”, aseguró Rincones.

Por ésto, el parlamentario explica que “no es lo mismo un bien en una zona donde no hay servicios, a otro donde se cuenta con los mismos y a eso se suma las condiciones del inmueble y si tiene cerca el metro u otros beneficios”.

La propuesta que hacen los parlamentarios de oposición es que se mantenga el sistema que establece la ley vigente, “la actual fija un canon, pero no obligatorio”.

Según reza el artículo del Decreto — Ley vigente desde el 1 de enero del año 2000—, “en las edificaciones sujetas a regulación (…) dadas en arrendamiento (…) podrá ser fijado por las partes contratantes, siempre y cuando no exceda de 25% del monto del canon de arrendamiento”.

Aunque en el proyecto no se incluye la ubicación del inmueble, tanto oposición como oficialismo, están de acuerdo en que debe ser tomado en cuenta.

“Según como está planteado el proyecto de ley, no se tomaría en cuenta la ubicación de la vivienda, sin embargo, estamos de acuerdo en que no es lo mismo una vivienda en Charallave a una en Caracas”, señaló el asambleísta Claudio Farías, por la bancada del Psuv.

Agregó que en efecto “se tiene que tomar en cuenta la ubicación del terreno” y además “cuánto cuesta hacer la vivienda en este momento y la depreciación, cómo se mantiene la vivienda”.

Otro de los artículos polémicos de la norma, se refiere a la estimulación de “la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de 5 inmuebles deberán destinar un mínimo del 25% de esas viviendas para el arrendamiento” reza el artículo incluido en el proyecto.

Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es enfático al manifestar que “un diálogo abierto y honesto en el que se traten de conseguir los puntos medios entre una visión y otra” harían más equilibrada la norma, ya que a su juicio, “esta ley va a eliminar el mercado arrendaticio en el país”.

Expresa que la norma “está extremadamente desbalanceada y elimina la posibilidad a los propietarios de recuperar su bien, no lo podrán hacer porque en la misma ley se estima que para poder desalojar a la persona justificadamente o no, no se podrá hacer hasta tanto el Gobierno no le ubique en otra”.

Sobre el canon de arrendamiento aclaró que “será la consecuencia de una fórmula que parte de un principio en el que la tierra vale cero y lo que vale es la unidad de vivienda, sólo se podrá cobrar hasta un tope de 5% anual sobre el valor de la propiedad, cuando tenemos una inflación que está entre 25 y 30% anualmente”, expuso Martini.

El proyecto de Ley de Arrendamiento entregado el pasado 2 de marzo, por los Representantes de la Red Metropolitana de Inquilinos y Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladoras, acompañado por 413 mil 498 firmas, podría ser llevada para su segunda discusión la próxima semana o máximo a principios del mes de septiembre, así lo estimaron los diputados integrantes de la comisión permanente de Administración y Servicio, ya que esta semana “debería darse la conclusión en la comisión”, dijo Rincones, mientras que Farías explicó: “Podríamos llevarla a segunda discusión a finales del mes de agosto máximo a principios de septiembre”.

Panorama
02-09-2011

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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