martes, 15 de octubre de 2013

Zonas unifamiliares multiplican sus usos sin nuevas ordenanzas

Sectores de baja densidad poblacional requieren la revisión de normativas locales

ELISA VÁSQUEZ 

Las ordenanzas de zonificación no tienen suficiente fuerza para frenar la arrolladora velocidad del crecimiento urbano. Casas unifamiliares ampliadas con anexos, apartamentos o locales comerciales se volvieron comunes, en especial porque las zonas que fueron planificadas para hogares unifamiliares fueron más tarde absorbidas por los centros de servicios de la ciudad. 

El principal problema que genera la incompatibilidad de uso entre las propiedades y la zonificación es el colapso que sufren los servicios al recibir más demanda de la planificada. El Marqués, La California, Chuao o La Trinidad son ejemplos de zonas con sobreexplotación de sus servicios, ya sea porque en las casas comenzó a vivir más de una familia o porque se fueron instalando comercios o locales que asfixian al sistema. 

Sucre, Baruta y El Hatillo comparten la misma ordenanza por haber formado juntos el extinto Distrito Sucre. Esa normativa permitía que las zonas unifamiliares tuvieran un uso comercial incipiente como un taller de costura, o despachos pequeños como la oficina de un abogado, pero el surgimiento de necesidades nuevas para esas comunidades estimuló la oferta de servicios.

Tatiana Noguera, directora del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat (Imvih) de la alcaldía de Sucre, explica que se entregaban permisos de uso complementario para guarderías, panaderías o consultorios. Sin embargo, critica que las ampliaciones no vinieron con la adaptación de la electricidad, el agua o la vialidad.

En el caso de Baruta se reporta la existencia de comercios que al no estar en la zona adecuada no reciben la respectiva patente, sino un certificado de solvencia que respalda su pago de impuestos. Una inquilina de Chuao reclama que sin la patente no pueden sacar otros documentos para su negocio como el permiso de bomberos o el registro sanitario. "Sin embargo pagamos impuestos como comercios normales y la alcaldía gana dinero a raíz de esa irregularidad", indica, aunque aclara que desde hace dos años la alcaldía no entrega más los certificados de solvencia, y por ende no están pagando los impuestos.

Cómo regularizar el desarrollo

Una mejora integral de servicios se iniciaría con la vigencia de nuevas ordenanzas que contemplen los usos ya instalados que justifiquen su existencia. En el caso de Sucre Noguera informa que se está realizando un estudio de planificación en Los Chorros, donde el volumen poblacional aumentó considerablemente desde sus inicios, y es necesaria una ampliación de servicios y la creación de nuevos espacios públicos, entre otras necesidades.

En Chuao, los comerciantes y propietarios también promueven un plan especial del sector que contempla la variedad de usos que ya es típica del lugar. "La dinámica de la ciudad se define porque nunca se detiene. De alguna manera hemos estado rezagados en la actualización de las normas", acota María del Carmen Junquera, directora de Ingeniería Municipal de Baruta.

Junquera recuerda que los municipios se deben apegar a las normas vigentes y recomienda que antes de abrir un negocio o ampliar una casa las personas averigüen si pueden hacer la modificación y no pequen de ignorancia.

LOS ANEXOS DE LOS HIJOS
EL UNIVERSAL
lunes 14 de octubre de 2013  12:00 AM
La construcción de anexos o apartamentos para los hijos que no consiguen un nuevo hogar parece ahora algo normal en estas urbanizaciones. Sin embargo, está igual de prohibido que la colocación de un local comercial. 

Tatiana Noguera, del Imvih alcaldía de Sucre, explica que como las casas fueron diseñadas con parcelas muy amplias existe la evidente tentación de ampliar las edificaciones, pero que la alcaldía está en la obligación de negar esos permisos de construcción. No contar con la permisología impide que o quienes ocupan esas viviendas no pueden venderlas o pedir créditos para comprarlas o remodelarlas.

Para Fernando Ramos, director de Planificación de El Hatillo, la penalización por ampliaciones de casas representa un reto para las alcaldías. "Es algo difícil de detectar, a menos que los vecinos denuncien, pero es una práctica que se ha hecho tan común que se reporta cada vez menos", explica Ramos, quien agrega que el deficiente mercado inmobiliario en el país estimula este tipo de construcciones. 

Asegura que cuando los hijos se van la mayoría de los propietarios deciden alquilar o dividir las casas en muchos apartamentos, multiplicando así la demanda de servicios públicos. 

evasquez@eluniversal.com

El Universal
14-10-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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