Marco legal viola derechos de propietarios e inquilinos

Los que luchan para recuperar su casa se ven envueltos en una cadena de trabas.

María Mata Guillén ha recibido golpes y amenazas de muerte
DELIA MENESES
Entre 2012 y lo que va de 2013, trece personas, once de ellas en Caracas, se han encadenado a las puertas de sus viviendas o pernoctan en un colchón a las afueras del inmueble para lograr el desalojo de sus inquilinos. La medida desesperada ocurre después de haber agotado la vía legal: interminables trámites burocráticos, ser víctimas de la lentitud de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) y de los tribunales y sufrir desgaste físico, emocional y económico.

En los registros de Sunavi actualmente hay once mil casos por litigios entre inquilinos y propietarios (casi la mitad en el Área Metropolitana de Caracas). Pero en los tribunales hay 40 mil casos más, precisa Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).

A su juicio, con la Ley de Arrendamientos la justicia no está operando para ninguna de las partes. Muchos inquilinos están en estado de insolvencia porque no tienen donde pagar los alquileres. La razón: el tribunal de consignaciones tiene más de un año paralizado por inventario.

"La Sunavi tiene una capacidad operativa limitada, ni siquiera está en todos los estados". Además ha crecido la conflictividad y la agresión marca en muchos casos la relación entre propietarios e inquilinos y el mercado de alquiler se extinguió. "Hay empresas inmobiliarias que alquilaban diez apartamentos a la semana. A partir de la nueva ley este número se ha reducido a cero. Urge hace una propueta de reforma de la ley", dice Orta.

María Elena Navarro, la abogada que dirige la Red de Propietarios con Viviendas en Alquiler, hay días que recibe hasta diez llamadas de personas buscando asesoría para recuperar su inmueble. En total la red tiene registrados casi mil casos. A juicio de Navarro, el Estado está incumpliendo en dos aspectos básicos: no hay refugios para ubicar a los inquilinos a pesar de que la ley establece que estos solo desocuparán las viviendas cuando la Superintendencia o el Ministerio de Vivienda les haya conseguido un refugio temporal o definitivo. Y faltan defensores públicos, pues ni los propietarios ni los inquilinos, en su mayoría, tienen cómo costear un abogado.

"COMPRÉ MI CASA LIMPIAND0 "

Rosa y Francisco Pelles tienen cinco años intentando recuperar su apartamento ubicado en la calle 1ero de Mayo de Altavista (Catia).

En medio de la lentitud de los procesos legales la violencia acabó por imponerse. El sexagenario muestra las fotos de las agresiones. "Primero me dieron con un palo de escoba en la espalda y la última vez con un hierro en la cara que me destrozó la nariz". Pelles explica que el contrato de arrendamiento expiró en 2006 por lo que actualmente las dos familias que viven en su inmueble son invasoras, pues no pagan alquiler.

El inquilino falleció hace cinco años pero quedaron sus dos hijos con sus respectivas familias. Francismar Hernández, una de las inquilinas, admitió que ha golpeado a Pelles pero alega que lo hizo en respuesta a sus agresiones verbales. "Hasta lo denuncié en la Fiscalía".

Hernández agrega que su esposo tiene toda la vida viviendo allí, más de 20 años, y que están dispuestos a comprar. "Yo no me voy a ir a la calle con mis dos hijos".

La familia Pelles necesita el apartamento para mudarse de los 18 metros cuadrados donde viven hace 5 años. "Este era el estacionamiento de la casa de mi papá. Yo tengo fe en que voy a recuperar mi inmueble. Con la verdad ni ofendo ni temo".

Cuando José Salazar compró su apartamento en Candelaria hace cinco años, el inmueble estaba alquilado. "El dueño estaba enfermo y necesitaba venderlo, y la inquilina no podía comprarlo. Como a ella le faltaban dos años para que se terminara el contrato, se hizo el negocio y se le respetó a la señora el lapso que le faltaba".

En ese tiempo vino el cambio de ley. "La gente se agarró de ese marco legal para abusar. Ella me dijo que no se iba porque no tenía donde vivir y no me paga ni un centavo". Salazar en cambio cancela 700 Bs de alquiler de una habitación donde vive, está pagando el crédito del apartamento y el condominio. Todo lo que estoy generando es para pagar". "Ya pasé todo el proceso de la Sunavi, de allí la mayoría salimos llenos de rabia, llorando, golpeando las paredes, porque ahí no te resuelven absolutamente nada. Después de un año me dieron una resolución que dice que voy a iniciar la fase judicial de mi proceso".

Salazar pasó 19 años alquilado de cuarto en cuarto hasta que pudo adquirir su casa propia. "Pero resulta que me compré un problema. Vivo como un damnificado y estoy pagando asistencia psicológica. Yo estoy viviendo en un país extraño".

Hace 33 años María Mata Guillén (60 años) compró una casa en el callejón Andrés Bello del 23 de Enero. "La fui pagando poco a poco. En las mañanas limpiaba casas y negocios y en la noche cocinaba en restaurantes. Esta ha sido mi vida para poder comprarme mi casita y ahora me la quitan".

Hace cinco años decidió alquilar parte de la vivienda a una vecina para ayudarse. Todo transcurrió bien los dos primeros años, pero después la inquilina dejó de pagarle (le debe cuatro años). Lo peor vino después cuando le cambió la cerradura a la puerta y la dejó en la calle. "He pasado las de Caín. Estuve dos semanas durmiendo con mi nieta debajo de unas escaleras al lado de mi casa porque ella no me quiso abrir. Yo estoy a cargo de mi nieta desde que tenía seis meses cuando unos delincuentes mataron a mi hijo. Hoy ya tiene 5 años".

Gracias a la solidaridad de una vecina de origen dominicano que le prestó dinero, Mata construyó un cuarto en la platabanda de su casa. Allí es donde vive ahora. No tiene trabajo fijo, trabaja limpiando casas. "Las personas para las que trabajo me han ayudado mucho".

El Universal intentó sin éxito obtener la versión de la inquilina, Francis García.

El Universal
26-04-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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