La profusión de pancartas de la Misión Vivienda y el alto número de funcionarios gubernamentales que rodeaban al presidente Hugo Chávez y al gobernador Rangel Gómez, contrastaba con la casi total ausencia de los vecinos, supuestamente beneficiarios de la construcción de los 400 apartamentos en 25 edificios de la urbanización Terrazas del Aluminio del sector Río Negro en Puerto Ordaz.
La extraña contradicción tiene su razón de ser: los propietarios de los apartamentos son todos trabajadores de Venalum que hace seis años se organizaron en tres asociaciones civiles y llevaron adelante ese proyecto, lo hicieron con esfuerzo propio sin que el gobierno ni la Misión Vivienda tuvieran nada que ver.
Sin embargo, algunas decenas de ellos se acercaron al lugar pero el cordón militar no les permitió acceder y por ello en las cámaras de VTV no se veían personas distintas a los funcionarios.
Incluso las tomas aéreas mostraban unos bonitos edificios pero absolutamente solitarios, cuando se podía suponer que para la propaganda gubernamental la presencia de familias beneficiarias aplaudiendo sería útil.
"Nos dijeron que no podíamos pasar porque el Presidente solo estaría haciendo un recorrido de inspección pero no la entrega de apartamentos", explicó unos de los trabajadores propietarios de su vivienda, que como todos los involucrados pidió como condición no ser identificados para evitar represalias en su trabajo y en los trámites que restan para asumir sus apartamentos. En realidad, el Presidente no tenía nada que entregar porque los propietarios y promotores son los propios asociados.
La historia se inició en 2006 cuando ante la total ausencia de programas de construcción de viviendas por parte de la CVG y las empresas básicas, que era lo usual desde hace 40 años, un grupo de venalumnistas comenzó a reunirse y promover el proyecto. Acordaron con Venalum que ésta le comprara unos terrenos a Fogade y se les vendiera a ellos mediante descuentos por nómina.
Luego, en 2008, hicieron un "pote común" con prestaciones sociales de cada uno, los aportes de vivienda contenidos en el contrato colectivo, ahorros, pagos de vacaciones y utilidades. Sus propias asociaciones civiles fungieron de promotoras inmobiliarias y contrataron a una empresa de construcción bajo condiciones y presupuesto para ejecutar el programa de viviendas.
Año y medio mas tarde las obras se paralizaron inconclusas pues el dinero se habría agotado. Algunos asociados acusaron a la contratista de incumplimiento e incluso de haberlos estafado, mientras la empresa constructora alegaba la total escasez de cabillas y otros insumos ya que Sidor no siguió suministrando directamente el material sino que debían comprarlo afuera mas caro.
Los asociados recurrieron a créditos bancarios mediante el programa Crédito al Constructor y a otras contratistas, pero tampoco alcanzó el recurso. Fue entonces cuando la gobernación se habría ofrecido a gestionar ante el Banavih y el Banco Bicentenario un nuevo crédito sin admitir el aumento del precio final de la vivienda a cambio que ellos accedieran a que se presentara todo como parte de la Misión Vivienda y se inscribieran para tal fin.
"Hubo un momento en que desde el gobierno se nos hizo saber que podrían tomar las construcciones y entregarlas a personas inscritas en la Misión Vivienda. El asunto fue muchas veces debatido y muchos trabajadores se negaban a aceptar el convenio pero al final no quedó mas remedio a riesgo de perderlo todo", relató uno de los activistas principales de una de las tres asociaciones, quien explica que por eso casi nadie estuvo allí porque saben que si las viviendas se construyeron fue por sus esfuerzos y sacrificios.
Tal Cual
22-08-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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