El Estado constructor

Quien desee ampliar un cuarto de su casa en Apure, tendrá que venir a Caracas a pedir permiso...
RAFAEL J. CHAVERO GAZDIK
El Gobierno ha entendido que su propaganda en materia de vivienda ha dado intención de voto, por ello ha dedicado una buena parte de su estrategia comunicacional a este tema. Además, en el último año se han dictado más de 6 leyes relacionadas con la vivienda, las cuales han cambiado gran parte del sistema legal (y constitucional) de la construcción.

La última de ellas es la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, donde con la excusa de evitar los abusos de algunas empresas constructoras, se introducen notables retrocesos en materia urbanística y se imponen una serie de carga, riesgos y costos que constituyen un claro desestímulo a la construcción privada. Al punto, que ahora nos luce como una de las actividades privadas más riesgosas y burocratizadas.

En efecto, la nueva ley asoma un control de precios, con lo cual será el Gobierno el que terminará imponiendo el precio de venta de los inmuebles; se establecen lapsos máximos de construcción; se exigen nuevas fianzas para iniciar obras; se responsabiliza a la banca de cualquier falla en la ejecución de obras; se impide la resolución de contratos de compraventa (incluso por falta de pago del comprador), salvo que haya autorización del Gobierno; y, como era de esperarse, se legaliza la potestad de intervenir obras, lo que quiere decir que las constructoras estarán reguladas al estilo de las instituciones financieras.

Y, por si ello fuera poco, la nueva ley les arrebata las competencias constitucionales del control urbano a los municipios, para centralizar aún más las relaciones del Estado con sus ciudadanos. Ahora, será un ente nacional el encargado de velar por el procedimiento de la construcción, así sea de todo un urbanismo o de la remodelación de un baño. Sin decirlo expresamente, la nueva ley modifica todas las leyes y ordenanzas municipales que regulaban el urbanismo; por ende, quien desee ampliar un cuarto de su casa en San Fernando de Apure, tendrá que trasladarse a Caracas a pedirle un permiso al Gobierno central.

Por supuesto, esto ampliará los niveles de corrupción y las trabas a la construcción. Y en definitiva, todo ese aumento en el costo y en los riesgos del negocio serán trasladados al ciudadano, quien como siempre, terminará pagando toda la supervisión estatal.

Pobre de aquel que desee dedicarse al negocio de la construcción, pues ahora estará a merced del Gobierno, que pareciera querer quedarse con el monopolio de la construcción de viviendas. Pero se nos vende la ley como una protección a las estafas inmobiliarias, es decir, el fin justifica la intervención absoluta de una actividad que hasta ahora era privada.

rchavero@hotmail.com

El Universal
23-05-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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