Santos emitió un mensaje de urgencia para que los congresistas resuelvan pronto la viabilidad del proyecto.
Con frases como “Somos un Gobierno populista y rendidor de cuentas” o “Me declaro traidor y populista”, el presidente Juan Manuel Santos ha defendido la nueva política de vivienda popular, que tan pronto fue anunciada, empezó a ser criticada, por “ambiciosa”, “irreal” y “populista”.
“Algunos han criticado el anuncio, que es que el Presidente está haciendo ahora populismo. Así me han dicho algunos, y por otro lado me dicen que soy un traidor a mi clase, porque estoy ayudando a los más pobres. Yo quiero decirles que si ayudar a los pobres es ser populista o ser traidor, me reconozco traidor y populista”, se envalentonó Santos para hacerles frente a esas voces.
Pese a la polémica, el Gobierno ha dejado claro que esperan entregar gratis cien mil Viviendas de Interés Social Prioritario (VIP) en los próximos 24 meses, a los “más pobres de los pobres del país”. Según el jefe de Estado, lo que se busca es avanzar en el cumplimiento de las metas de empleo y reducción de la pobreza.
Luego de su radicación en el Congreso de la República, el jueves, el Gobierno espera que la iniciativa sea aprobada en lo que resta de esta legislatura, para luego abrir la licitación y establecer quiénes serán los encargados de construir las viviendas. Sin embargo, hay otros retos por cumplir, sobre los que no hay claridad, como gestionar el suelo y comprometer a las autoridades municipales y departamentales con la iniciativa.
Para despejar esta segunda duda, desde este sábado se comenzarán a escuchar propuestas de alcaldes y gobernadores sobre los terrenos que se podrían usar para el propósito urbanizador. Además, a partir de la próxima semana se comenzará a discutir la nueva política, en sesión conjunta de las comisiones séptimas del Senado y la Cámara de Representantes, que deben darle prioridad, por el mensaje de urgencia con que la radicó el Gobierno.
Así será
El nuevo plan de vivienda está basado en modelos que han sido exitosos en países como Chile, Brasil y México. En Colombia, se espera favorecer a personas de estrato socioeconómico inferior o igual a 2 y que devenguen menos de 1,7 salarios mínimos al mes (993.000 pesos).
El nuevo ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, resumió que “el propósito es avanzar en la construcción de 100 mil viviendas con el 100 por ciento a cargo del Estado, en respuesta a quienes en Colombia no tienen la oportunidad y no la tendrían de acceder a un techo propio”.
Además, aseguró que el objetivo es entregar las primeras viviendas en julio del 2013. “El cronograma está previsto para que en julio abramos la subasta, y a quienes sean los favorecidos en ella exigirles el compromiso de que en julio del año entrante estemos entregando las viviendas”. Esto último, si la iniciativa, que fue presentada con mensaje de urgencia, se aprueba antes del 20 de junio de este año.
El programa dará prioridad a las familias que son colombianos del Sisbén uno, mujeres cabeza de hogar, población de la tercera edad, damnificados por desastres naturales y desplazados por la violencia.
Las viviendas que se entregarán tendrán un valor aproximado a los 40 millones de pesos y en total se estima una inversión cercana a los cuatro billones de pesos. Hasta ahora solo se habla de construcción de viviendas en zonas urbanas.
“En el tema de vivienda rural está trabajando el Ministerio de Agricultura, en este momento solo están contempladas las viviendas urbanas, pero queremos agregarle el componente de vivienda rural, para no dejar al campesinado por fuera”, dijo Lleras.
Los beneficiarios, además, no estarán obligados a tener un ahorro programado para acceder a las viviendas gratuitas y no podrán vender, abandonar o ceder la vivienda antes de 5 años, porque perderían la ayuda.
Puntos destacados
De acuerdo con el Proyecto de Ley, presentado al Congreso, se eliminará el cobro de derechos notariales y el registro para las transacciones que involucren viviendas de interés social prioritario.
“(…) Cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de un inmueble definido como vivienda de interés social prioritario, de acuerdo con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de ellas se causarán derechos notariales”, dice el Artículo 13 del proyecto.
En el texto también se explica que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá definir los criterios de distribución de los recursos del presupuesto general de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), que será la entidad encargada del desarrollo de los proyectos.
De hecho, el Gobierno Nacional aplicará el mecanismo de expropiación en caso de que sea necesario para asegurar así la disponibilidad de los terrenos. “Se faculta a la Empresa Nacional de Renovación y Derecho Urbano, Virgilio Barco Vargas, (…) para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles”, explica el Artículo 26.
Otro de los puntos relevantes es la posibilidad de que las entidades públicas del orden nacional y territorial de carácter no financiero, además de los órganos autónomos e independientes puedan transferir a título gratuito los bienes inmuebles fiscales que sean de su propiedad.
Una de las aclaraciones que se hace es que se debe destinar un 10 por ciento a la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) y un 25 por ciento a la ejecución de las VIP, "cuando se trate de usos industriales, dotacionales o institucionales". Pero será el Gobierno el que determine en que condiciones deberá cumplirse esta norma.
Llamado a alcaldes y gobernadores
El presidente Santos les hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores a presentar oportuna y rápidamente los proyectos de construcción y la disponibilidad de terrenos, en el marco de la nueva política.
“Aquí el que mejor proponga terrenos y proyectos va a ser el más beneficiado. Esto va a ser una subasta y los constructores que nos construyan las mejores casas a los menores precios se van a ganar las licitaciones. Los que primero nos digan: ‘hay estos lotes para hacer esto lo más rápido posible’ se llevaran un porcentaje mayor”, prometió el mandatario.
Aunque el nuevo ministro de Vivienda aclaró que no es “tampoco el primero que levante la mano, tenemos unas estadísticas sobre los diferentes municipios, de los gobernadores y alcaldes, pero los que se pongan más rápido las pilas garantizarán estar en el programa”.
A partir de este sábado Vargas Lleras iniciará reuniones con los mandatarios locales para conocer sus propuestas. “Nos estaremos reuniendo en Antioquia, Bucaramanga, Barranquilla y Cali en encuentros territoriales para promover este propósito”, agregó.
Uno de los primeros encuentros que sostuvo el ahora jefe de la cartera de vivienda fue con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien manifestó su interés de habilitar terrenos en la localidad de Usme. Según los primeros cálculos, se podrían entregar en la capital 15 mil viviendas gratuitamente.
Gremios apoyan, con reparos
“Es una gran oportunidad para dar un nuevo impulso y enfoque a las inversiones en agua potable y saneamiento básico, porque estos son los verdaderos rieles para llevar a la práctica este ambicioso programa, lo que implica tener en todos los municipios del país lotes urbanizables con redes de agua y saneamiento”, aseguró la presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), Maryluz Mejía de Pumarejo.
Por eso, la dirigente gremial advierte que una de las dificultades es la baja capacidad de ofrecer suelo con servicios, por lo que recomendó implementar planes de renovación urbana y remplazar las redes existentes. La segunda barrera, según Acodal, es que el marco regulatorio actual no facilita el reconocimiento de los subsidios indirectos en las tarifas de servicios, cuando las obras de infraestructura son financiadas con recursos públicos.
Entre tanto, Nadia Morales, presidenta de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), dice que “es un paso gigante del Gobierno para dar viviendas a personas que no han podido adquirirla”. Pero tiene algunas inquietudes sobre cómo efectivamente se va a gestionar el suelo, “pues depende de la voluntad política de los municipios”.
Otra de sus preocupaciones es en el tema de servicios públicos, "en donde sería importante que las empresas de servicios públicos pudieran asumir la ampliación de las redes necesarias; por otro lado está el tema de cómo se va a realizar la distribución de las viviendas". Sugirió que se establezca un mecanismo para que no se “cuelen" las personas que no son verdaderamente pobres.
El senador Jorge Enrique Robledo, por su parte, expresó que la nueva política del Gobierno es resultado de su afán por cumplir las metas que se habían propuesto en materia de vivienda, pero del que hasta el momento está lejos de hacerlo.
Se espera entregar las primeras casas en julio del 2013, si la iniciativa es aprobada por el Congreso antes del 20 de junio de este año.
El Colombiano
30-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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