Impulsar la vivienda de alquiler para dar salida al gran stock inmobiliario que hay ahora mismo en el mercado y facilitar así el saneamiento del sector financiero. Ese es uno de los grandes objetivos que se ha marcado el Gobierno y que irá reflejado en el nuevo Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación. Según el ministerio de Fomento, que incorporará el proyecto a su Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), vigente hasta el año 2014, habrá ayudas e incluso posibles deducciones fiscales para impulsar el mercado.
"Se priorizarán los recursos disponibles para financiar ayudas al alquiler de vivienda libre para personas con bajos niveles de renta, y se analizará la oportunidad de establecer una deducción por alquiler de vivienda que facilite la movilidad de los trabajadores", explican en el departamento que dirige Ana Pastor. El proyecto establece también un plan de viviendas protegidas para alquiler y con opción a compra, como principal instrumento para el acceso a las mismas para las personas con menos recursos.
En el caso de una adquisición final, hay que añadir además la prórroga de la aplicación del IVA reducido al 4 por ciento, así como la recuperación de la deducción de IRPF, tanto por compra como por rehabilitación. Los distintos tipos de ayudas se modificarán y flexibilizarán a partir de ahora en coordinación con las distintas comunidades autónomas.
Marco jurídico
Según explican desde Fomento, todo ello irá acompañado de "la mejora y flexibilización del actual marco jurídico". Se trata fundamentalmente de liberalizar la duración de los contratos, como ocurre en la mayor parte de Europa, y de establecer medidas que garanticen la seguridad jurídica. Asimismo, se promoverá la mediación como medida de resolución de conflictos entre las partes y se estudiará, junto al Ministerio de Justicia y las autonomías, la implantación de juicios rápidos.
El pasado viernes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó ya en una entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine que el fomento del alquiler de viviendas iba a ser uno de los puntos fuertes del nuevo plan de choque que prepara el Gobierno para recuperar la confianza de los inversores y espantar el fantasma del rescate, aunque sin dar entonces ningún detalle.
En la misma línea, Guindos adelantó también un plan para "liberalizar el comercio y los servicios profesionales" y una profunda "reforma de los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación", tal y como adelantó ya elEconomista los pasados 3 y 5 de abril. Con la prima de riesgo por encima otra vez de los 400 puntos, y con la obligación ineludible de cumplir este año el objetivo del déficit del 5,3 por ciento del PIB, que ha marcado la Comisión Europea, no queda otro remedio que llevar a cabo un ajuste sin precedentes en los gastos de la Administración.
Las comunidades autónomas destinan cada año más de 100.000 millones a sanidad y educación -estas dos partidas se comen anualmente más del 75 por ciento de sus gastos- y están obligadas a meter la tijera por un importe inicial de al menos 15.000 millones. Y eso sin incluir la previsible caída de ingresos provocada por la recesión y las menores transferencias del Ejecutivo central. El Gobierno presentará en próximas fechas un catálogo de servicios mínimos y recortará del resto.
El PSOE rechaza el copago
Ayer, después de que desde el PSOE se apostará por un rechazo frontal tanto a los recortes, como a un posible copago sanitario, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, intentó transmitir tranquilidad a los ciudadanos. "No habrá recortes, pero sí ajustes de algunos gastos que se consideran improductivos e innecesarios en un contexto de crisis económica como el actual", aseguró el también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Echániz destacó la dificultad de financiación que tiene actualmente la Sanidad "consecuencia de la herencia" del Gobierno socialista. Especialmente, según dijo, por el peso de una deuda de 15.000 millones de euros,que "pone en una situación complicada a la sanidad" y crea "dificultades de sostenibilidad" de cara a que los españoles "sigan teniendo los servicios que han conocido hasta ahora".
En una entrevista publicada ayer en La Razón, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, insistió también en que garantizará una Sanidad "gratuita y de calidad", aunque advirtiendo que hacen falta reformas para que el sistema sanitario que tenemos, "que es magnífico", sea también "viable".
El PSOE, mientras tanto, anunció ayer que propondrá este martes al Congreso de los Diputados la creación de un nuevo Impuesto de Grandes Fortunas con el que, argumentan, se podrían recaudar unos 3.000 millones de euros.
Eleconomista.es
09-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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