El instrumento aplica al arrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, habitación y pensión
El déficit habitacional en el país supera las 2 millones de viviendas. A juicio de la gerente general de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Gabriela Sandoval, el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas no resuelve en nada este problema social.
En una visita a Ciudad Guayana para participar en la inauguración de la Inmoinversión, la dirigente gremial manifestó que el proyecto de Ley, de ser aprobado, afectaría al sector inmobiliario. “No sólo se afecta a los profesionales y corredores inmobiliarios, sino también a las familias venezolanas”.
“Muchos desconocen que el alquiler es una opción que se toma no sólo para la falta de capacidad para comprar; el alquiler es una decisión y si se aprueba esta Ley no va a ser una alternativa”.
Sandoval sostuvo que el arrendador de inmuebles no es necesariamente un gran empresario, “son personas como tú y como yo que vieron en esto una opción de sustento económico”.
La gerente del gremio indicó que el instrumento jurídico no entiende la realidad de los sectores populares, en donde más de la mitad de los habitantes viven bajo condición de arrendamiento.
“Esta Ley no resuelve el problema habitacional, es un problema profundo y la gente no lo ha entendido”, indicó.
Inmuebles para arrendar
El artículo 73 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas establece que con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez inmuebles deberán destinar un mínimo del 10% de esas viviendas para el arrendamiento.
Las viviendas indicadas en este artículo, deberán cumplir con las mismas características y especificaciones técnicas que el resto.
A juicio de la gerente general de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el proyecto de Ley es retroactivo, pero desconocen cómo se aplicará esta disposición en el caso de los inmuebles en construcción.
“El problema no es alquilar, es que no están dadas las condiciones. Si me garantizan créditos para construir, materiales, marco jurídico, dotación de servicio, se puede revisar esa posibilidad; pero sino asfixias a un sector que ya está deteriorado”.
El instrumento jurídico superó la primera discusión en el seno de la Asamblea Nacional. De aprobarse en segunda discusión, el gremio evalúa qué acción será la más adecuada para manifestar su rechazo.
“Lo que se ha aprobado es inviable”, puntualizó.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
07-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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