En julio, cuando se oficializó en Gaceta Oficial la decisión del Banco Central de Venezuela (BCV) de disminuir tres puntos el encaje legal (de 17% a 14%) las entidades debieron invertir ese dinero de los depósitos del público en unos "certificados" que emitió el Bandes, bajo el marco de la Misión Vivienda.
Los fondos se depositaron en el Bandes, administrados bajo la figura de un fideicomiso, en donde la petrolera estatal colocó recursos adicionales. El monto total de la convocatoria, que se lanzó el primero de julio de este año, fue de Bs.F. 8.900 millones, que correspondía a la cantidad disponible de las entidades por los tres puntos liberados. Los papeles, que se ofrecieron a un vencimiento de tres años, le dejan a los bancos que los adquirió un interés de 3,75% anual.
En el prospecto se incluyó una lista de los que debían comprar y se excluyó a otros que no podían participar por no reflejar la cuenta del encaje legal en el BCV con el monto reglamentario.
De hecho, de las entidades públicas solo participó el Banco de Venezuela, y el Banco del Pueblo. Aunque El Venezolano de Crédito, de capital privado y presidido por Oscar García Mendoza, estaba en esa lista, el banquero decidió no adquirir los papeles. Y por no participar en la operación diseñada por el Ejecutivo para la Misión Vivienda tuvo que aumentar el encaje seis puntos. Esto, luego que el ente emisor dispusiera que las entidades que no participaran en la oferta tuvieran que aumentar a 23% su encaje.
Dos meses y medio después, García Mendoza introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad sobre esta medida, alegando que se utilizó una herramienta de política monetaria para otros fines."El encaje legal es un instrumento de política monetaria para proteger el sistema financiero y para prever que alguna de las instituciones sufra problemas", se indica en el documento."No puede servir para resolver una coyuntura política en materia de vivienda, que le corresponde a otros organismos del Estado y no al BCV", se agrega.
Para Oscar García, la Gran Misión Vivienda Venezuela, proyecto del Ejecutivo para atender el déficit habitacional, no tiene planes ni proyectos detallados por esto considera arriesgado que se obligue a la banca privada a invertir más fondos del fideicomiso en este plan. Denunció que la presidencia de la República ha "malgastado" 1,2 billones de dólares razón por la que no confía en entregar el dinero de los depositantes, "si un banquero le entrega el dinero al Gobierno ese dinero va a desaparecer". Indicó que los ahorristas también deben tener una posición crítica ante la desviación de recursos, es ilógico que el dinero depositado por los ahorristas a corto plazo sea prestado a "larguísimo plazo". "Eso creará un problema terrible en el sistema financiero", auguró.
Entorno Inteligente
07-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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