El arquitecto Víctor Artis asegura que el suministro de agua potable y la recolección de aguas servidas y pluviales es un servicio público sujeto a una tarifa que debería cubrir la operación, el mantenimiento y la reposición del sistema porque las tuberías tienen una vida limitada.
VICTOR ARTÍS
Caracas.- Don Pablo Morales y su familia vivían en El Bosque y su vecino era Rafael Simón Urbina, dueño de la casa que fue demolida para construir la sede de FEDECAMARAS. Don Pablo, copropietario de Los Leones de Caracas y antes del Vargas, rehusaba tener carro y solo se movía en taxis. Un chofer le comentó que lo creía muy rico por esta costumbre, a lo que respondió no ser así pero “siga corriendo la voz, que se hable de mi”. Este propósito debe ser lo que incita a Hidrocapital a estar presente en el pensamiento de la ciudadanía mediante la estupenda ineficiencia evidente en los pavimentos dañados por acueductos rotos, rebose de cloacas y demoras al reparar.
El suministro de agua potable y la recolección de aguas servidas y pluviales es un servicio público sujeto a una tarifa que debería cubrir la operación, el mantenimiento y la reposición del sistema porque las tuberías tienen una vida limitada. No son eternas. Como la mayoría de las urbanizaciones construidas al pie de El Ávila y las inmediatas a la margen derecha del Guaire son anteriores a 1950, cabe esperar que las roturas sean más frecuentes y solucionarlas no sea fácil por faltar recursos para sustituir redes dañadas o vencidas.
En países muy cercanos y casi en todas partes, es usual pagar por los servicios que se consumen, pero entre nosotros, la confluencia de la ilusión de ser un país rico con la idea de que gobernar consiste en regalar, ha llevado al deterioro de las infraestructuras al mermar el maná petrolero. Ahora toca enfrentar dos tareas. La primera, reparar restituyendo la vida útil de lo dañado, lo cual requiere tiempo y mucha paciencia ciudadana, a no ser que se logren recursos para emprender correcciones generales. La segunda y más trascendental, es adoptar criterios y estructuras administrativas para evitar, otra vez, la superposición de deterioros con incapacidad para resolver.
Un principio básico sería cobrar por el agua potable montos equivalentes al costo de operar, mantener y reponer el sistema. Ello significa aplicar tarifas muy superiores a lo actual, decisión difícil porque los gobernantes temen que el “costo político” genere rechazo. Otro criterio es justipreciar a partir de las condiciones de cada ciudad. Como ejemplo basta notar que no tiene el mismo costo bajar agua del Caroní a Ciudad Guayana que subirla a Caracas desde el Tuy, argumento que lleva a imaginar Compañías Municipales Hidráulicas que adquirirían el agua del ente central encargado de la generación y el transporte del líquido hasta la planta de cada ciudad. En caso de establecer subsidios, deberían ser explícitos para que cada usuario tuviera conciencia de lo que recibe a expensas de los demás.
Las empresas de aguas serían autónomas y tal como pauta la Ley que no se aplica, podrían formar mancomunidades en colaboración con autoridades nacionales para concebir y operar sistemas regionales como el Acueducto Regional del Centro y en Paraguaná, donde existe una muy moderna planta desalinizadora que todavía no surte a una población sujeta a escasez eterna.
Tenemos tanta agua que podríamos exportarla en forma de frutos y alimentos a países donde escasea, pero la desperdiciamos y la manejamos tan mal, que escasea y lleva a morir de malas aguas.
vartisg@gmail.com
El Universal
26-11-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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