Para Carlos González Contreras e Irma Lovera, otorgar la titularidad de los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela beneficiaría a los cientos de miles de venezolanos convertidos en “ocupantes precarios que temen al desalojo del estado”
CARACAS.-El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela –CIV-, Carlos González Contreras, reiteró que el mercado de los alquileres se ha paralizado a raíz de la promulgación de la Ley de Arrendamiento hace 4 años. “Totalmente detenido, sin ofertas nuevas y con grandes preocupaciones de miles de personas, cuyos inmuebles arrendados sin poder recuperarlos aún cuando medie el incumplimiento de contrato y no cancelen”.
Sonsiré Luna Da Costa e Irma Lovera en URN
En el programa Foro A Tiempo de Unión Radio, González Contreras, precisó que actualmente se estima que existan unas 500 mil viviendas desocupadas a nivel nacional. “Probablemente esta cifra se haya incrementado a raíz de la promulgación de la ley”, agregó.
Al referirse a la Misión Vivienda Venezuela, puntualizó que Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la GMVV, introducida por la bancada opositora en la Asamblea Nacional –AN-, genera tres grandes temores en el ejecutivo. “Primero es que al tener propiedad ya los beneficiarios dejan de ser ocupantes precarios agradecidos y pasan a ser propietarios que dejan de temer el desalojo, que se han producido al menos 2 mil 500”.
“Otro temor es a que se conozca en verdadero número de viviendas que se han construído, y el último temor es que si no se ha hecho el millón de viviendas, qué ha pasado con los $72 mil millones”, detalló.
Carlos González Contreras y Saul Noriega en el Foro A Tiempo de URN
El directivo de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela considera positivo que se privaticen los inmuebles de la GMVV y se beneficie a miles de ocupantes.
Por su parte, Irma Lovera, especialista en Derecho Inmobiliario y mediadora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, ratificó que el arrendamiento está absolutamente restringido debido a la regulación. Resaltó que en Venezuela también las compras de viviendas están restringidas. “No por una ley sino porque la gran masa de viviendas que ha construido el estado no se adquieren por compra, sino por asignación que no sabemos a qué criterio obedece”.
Precisó que los asignatarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela -GMVV- ocupan los inmuebles pero no saben que titularidad tienen. “En su gran mayoría no tienen ningún título e incluso algunos grupos, como los ocupantes de la Limonera en Baruta, se negaron a firmar los documentos que les presentó el ministerio de Vivienda porque no les daban ninguna certeza”.
Aseguró que la ley que impulsa la oposición pretende “darle estabilidad a las familias y dejen de temer al desalojo por parte de estado”.
Explicó que la denominada propiedad familiar establecida en el régimen de propiedad de la GMVV no está definida en ninguna ley y es un concepto ambiguo. “Uno se pregunta de quién es esa propiedad, es de todos y no es de nadie, en cambio la propiedad privada es de uno, dos o tres titulares que se hacen responsables de las obligaciones que conlleva esa propiedad” y al pasar el tiempo la propiedad se resuelve con la sucesión para que la propiedad pase a manos de los miembros de esa familia.
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