Originalmente, la Torre de David pretendía ser el centro financiero internacional más grande y moderno del país. Al no poder ser terminada y pasar años desocupada, la infraestructura fue invadida por personas sin hogar en 2007, con la aprobación del entonces presidente, Hugo Chávez.
A través de los años, el incompleto rascacielos no sólo se ha convertido en el centro de atracción de periodistas, fotógrafos, e incluso artistas extranjeros, sino también en un símbolo de pobreza, pandilleros, y un evidente atentado contra el estado de derecho de Venezuela.
La construcción de la torre, antes conocida como Centro Financiero Confinanzas, comenzó en la década de los 90 con el propósito de ser una versión venezolana de “Wall Street”. Sin embargo, después de la muerte de su dueño, David Brillembourg, en el año 1993, el proceso de construcción fue interrumpido y el consorcio financiero se fue a la quiebra. El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) se hizo cargo de confiscar la propiedad sin terminar, y el sueño de Brillembourg quedó sin cumplirse.
De esta manera, un grupo de personas, lideradas por un pastor evangélico, invadieron el edificio y reclamaron un lugar digno donde vivir. Con el apoyo incondicional de Chávez a las invasiones a la propiedad privada, y con la plena seguridad de que no serían desalojados por las autoridades, convirtieron el rascacielos de 45 pisos en su nuevo hogar. Los ocupantes pronto empezaron a construir pequeños apartamentos dentro de lo que estaba destinado a ser el edificio corporativo más moderno del país.
De los 45 pisos del rascacielos, 28 están ocupados por 1.200 familias, aproximadamente. El edificio carece de elevadores, y por tanto las personas recurren a mototaxis —motocicletas que operan como taxis— para poder subir al décimo piso. De allí, usan las escaleras para llegar a los 18 pisos restantes.
Siete años han sido suficientes para que estas familias crearan una comunidad, la cual es administrada por ellas mismas. Sin los procedimientos legales o condiciones sanitarias correspondientes, los ocupantes han instalado electricidad, completado las paredes con ladrillos o láminas de zinc. También han logrado tener agua corriente.
Los habitantes crearon un sistema de cohabitación basado en normas comunes y la distribución de tareas de mantenimiento entre vecinos. Todas las familias hacen un pago mensual, y algunos hasta tienen sus propias tiendas dentro del edificio: Estudios de tatuajes, heladerías, servicios dentales, salones de belleza, e incluso una iglesia bautista.
Sin embargo, no todos los días brilla el sol para los ocupantes de la Torre de David. El aumento de la criminalidad dentro del edificio —tráfico de drogas, asaltos, prostitución, violaciones y secuestro—, evidencia la ausencia de la fuerza policial en un área de gran densidad de población.
Los vecinos han expresado a las autoridades sus quejas acerca del aumento de los hechos de delincuencia en áreas que rodean al edificio abandonado, pero hasta ahora no se había visto que el gobierno tomara alguna acción para el desalojo de la propiedad.
Al contrario, éste había adoptado una posición solidaria. En mayo de este año, Ernesto Villegas, ministro para la Transformación de Caracas, visitó el barrio vertical. Villegas llevó operativos asistenciales del gobierno, y hasta organizó una asamblea para discutir los principales problemas de esta comunidad.
Según el canal de televisión del estado, Venezolana de Televisión, Villegas dijo a los ocupantes que gracias a Chávez, Venezuela no tiene un “gobierno de derecha que se arrodilla al poder de empresarios especulativos, o un gobierno represivo que, sin duda alguna, le entregaría el edificio al sector financiero”.
No obstante, las promesas de Villegas pronto se convirtieron en polvo. Sólo un mes después de su discurso, un consorcio chino llegó a un acuerdo con la administración de Maduro para la construcción de su propio centro financiero internacional en la Torre de David. Ahora sí, la gran cantidad de familias que viven en la infraestructura abandonada constituyen un problema.
Según dijo al diario Tal Cual un inquilino de la torre, el gobierno ya ha comenzado a negociar con los ocupantes un acuerdo que lleva al desalojo, y que les garantiza una vivienda alternativa financiada por el Estado. Las familias esperan mudarse en diciembre de este año.
A pesar de que los ocupantes de la torre no saben a qué clase de acuerdo ha llegado la administración de Maduro con el grupo chino, de lo que sí están conscientes es de que en un futuro muy cercano van a tener que abandonar el edificio. Además, Villegas, el mismo hombre que prometió protección a estos ocupantes, es el que estará a cargo del desalojo.
La decisión fue tomada sólo semanas antes de la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Venezuela, como parte de su gira por Latinoamérica.
Venezuela ha aumentado sus negocios con el gobierno chino, especialmente desde el año 2007, cuando el difunto presidente Chávez firmó un fondo de cooperación con el país asiático. El fondo binacional ha servido como un convenio de préstamo a beneficio del gobierno Chavista, el cual está siendo saldado con envíos de petróleo. Hasta ahora, Venezuela ha recibido por este medio US$86 mil millones para financiar proyectos de desarrollo.
Según Maria Teresa Romero, experta en relaciones internacionales y columnista del PanAm Post, el que el régimen Chavista no haya querido desalojar a los ocupantes de la torre hasta que un consorcio chino se los pidiese, dice mucho sobre qué tan comprometido está Maduro con el país asiático. Este tipo de concesión sólo prueba la cercanía de los gobiernos de China y Venezuela, explica Romero, y la preferencia que le da la administración de Maduro a las inversiones chinas sobre las domésticas.
“Nunca antes en la historia de la República de Venezuela hubo una relación comercial, política y diplomática con China como la que estamos viendo hoy. Además, la dependencia financiera que nuestra nación ha desarrollado con el país asiático no tiene precedentes”.
Sin embargo, lo que más le preocupa a Romero es la falta de transparencia en la relación entre Venezuela y China. En el 2013, el Fondo Chino Venezolano fue desfalcado por US$84 millones, que fueron a parar a los bolsillos de funcionarios gubernamentales. Hasta ahora, sólo ocho de los involucrados están siendo juzgados.
Panampost
15-07-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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