Denunciaron que 2.150 empresas han sido estatizadas violando la ley
El agente del Estado, Germán Saltrón, con el libro en la mano, fue regañado por la CIDH, por el tono agresivo utilizado en su intervención
JUAN FRANCISCO ALONSO
"Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes (...) Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes". Aunque así reza el artículo 115 de la Constitución, en la práctica cualquier habitante de Venezuela puede ser despojado de sus propiedades por las autoridades, gracias a alrededor de 10 leyes especiales dictadas por el Gobierno o la Asamblea Nacional en los últimos años.
La denuncia la formuló Un Estado de Derecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias que el jueves concedió a varias agrupaciones civiles, para hacerle seguimiento a la situación de las garantías fundamentales en el país.
"Los derechos a la propiedad están absolutamente desprotegidos en la Venezuela actual", afirmó el catedrático de Derecho Administrativo y representante de la organización, Antonio Canova, quien expuso ante la instancia internacional que las autoridades han venido violando este derecho fundamental mediante expropiaciones, rescates de tierra y confiscaciones reñidas con lo dispuesto en la Carta Magna.
"Entre 2004 y 2012 se han registrado 1.600 y 2.150 expropiaciones, sin las garantías judiciales ni el pago correspondiente. Además 1.168 empresas han sido intervenidas sin pago de ningún tipo", afirmó, al tiempo que precisó: "Desde 2004 se han dictado una serie de leyes especiales para darle cobijo e intentado legalizar medidas contra la propiedad privada sin causa de utilidad pública o interés social, sin que exista una sentencia judicial previa ni pago oportuno a la persona afectada".
También puso en duda la legalidad de los rescates de tierra, por considerar que los requisitos exigidos por el Gobierno para reconocerle la propiedad a las personas que las poseen (presentar los títulos de propiedad desde la época de la colonia o desde que el Estado se desprendió de ellas) ha hecho que "en Venezuela no haya propietarios de tierras sino ocupantes".
Sobre las confiscaciones, Canova dijo que se han vuelto cotidianas gracias a dos leyes que "han permitido que estas medidas se den sin ningún tipo de condena ni que se trate por delitos de drogas ni corrupción".
Puso como ejemplo lo ocurrido con las 15 constructoras intervenidas en 2009 en el marco de la lucha contra la llamada "estafa inmobiliaria".
¿Cómo se le ocurre denunciar?
El agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Germán Saltrón, la intervención de Canova no pudo ocultar su desagrado con la intervención de Canova, a quien increpó: "¿Por qué no ha ido a pedir en el Tribunal Supremo la inconstitucionalidad de todo lo que viene a plantear aquí? ¿Cómo se le ocurre decir semejante absurdo?".
El funcionario, al parecer no escuchó la exposición del directivo de Un Estado de Derecho, quien casi al finalizar su turno aseveró: "Ningún tribunal ha anulado o censurado el actuar del Gobierno venezolano ni ordenado la paralización de alguna de estas medidas o que se restituya a las víctimas. En Venezuela no hay recurso para hacerle frente a la violación de los Derechos Humanos".
Saltrón se ganó un regaño de la comisionada Tracy Robinson, quien lo interrumpió y le pidió no agredir a los denunciantes. A lo que él respondió: "Sí, sé que me va a decir que modere el lenguaje, pero hay que decírselo".
Por su parte, la abogado Acosta Rodríguez, también miembro de Un Estado de Derecho, solicitó a la CIDH que analice si las leyes que han facilitado las expropiaciones se ajustan o no a la Convención Americana y que recomiende al Estado que desista de este tipo de acciones y que repare a los afectados.
Sobre las repercusiones de este tipo de medidas, Canova alertó: "Toda la población se ve afectada. Venezolanos, extranjeros, grandes o pequeños emprendedores y con ello el Gobierno los deja en la miseria".
jalonso@eluniversal.com
El Universal
02-11-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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