102 terrenos pasaron de privados a públicos en Vargas

Las confiscaciones son aprobadas sin obstáculos en el Legislativo
   
Terrenos pasaron de privados a públicos
Patricia Cohen Véliz/Servineco | ÚN.  La necesidad urgente del Gobierno nacional de construir viviendas para los damnificados que dejó la vaguada de 2010, además de los rezagados de la tragedia de 1999 y la reorganización urbanística de la entidad regional planteada por el actual gobernador Jorge Luis García Carneiro, ha sido sinónimo de expropiaciones constantes en el Litoral, durante los últimos cuatro años.

Los gobiernos nacional y regional han tomado 68 decisiones expropiatorias en la entidad. De éstas, 39 fueron "declaraciones de utilidad pública" que involucran 47 terrenos y fueron aprobadas por el Consejo Legislativo de Vargas.

Las otras 29 fueron "tomas forzadas" que afectan a 55 parcelas, a través de dos decretos presidenciales previstos en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos Urbanos y Viviendas, que promulgó el expresidente Hugo Chavéz para dar respuesta habitacional a los refugiados. Pedro Rodríguez, procurador del estado, informó que en 2009 se comenzó una búsqueda de espacios ociosos por órdenes de Miraflores y del gobierno regional, que dio como resultado el fichaje de 300 terrenos.

Unánime. El primer paso para expropiar un terreno es la solicitud ante el Consejo Legislativo local de la declaratoria de utilidad pública y ésta se logra a través de una mayoría simple (4 diputados) o calificada (más de 4 diputados).
En los últimos cuatro años, 80% de las aprobaciones en este ramo han sido por decisión unánime, aseguró el legislador José Félix Valera. El resto fueron por mayoría calificada y se debió a que el entonces diputado opositor, José Barreto, salvó su voto o votó en contra, debido a que en reiteradas ocasiones denunció irregularidades en el proceso de expropiación.

El visto bueno de la solicitud depende de dos claves. Lo primero es analizar el destino que va a tener ese espacio, una vez que pase a ser propiedad del Estado, y para eso tiene que haber un proyecto listo y viable.
"Por supuesto que la base del proyecto tiene que ser de interés social, bien sea habitacional, recreativo y educativo, entre otros", puntualizó Valera.

El segundo punto importante es certificar que el terreno sea privado y, para ello, se debe verificar su historia.
Valera mencionó que hay casos en que los espacios son del Estado y lo que se declaran públicas son las bienhechurías, como ocurrió en los terrenos de la Meseta Machado, en Urimare, y las canteras de Naiguatá y Camurí Grande.
Pago. La cancelación de los terrenos es el paso más complicado, pues se debe fijar un justiprecio de mutuo acuerdo.

Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Aduaneros, Industriales y Comerciantes, y Carlos Texeira, presidente de la Red de Ciudadanos Activos Nelson Mandela, aseguraron que ninguno de los propietarios "expropiados" ha recibido ni un centavo de la venta forzada, lo cual consideran "un atentado contra la propiedad privada".

Sin embargo, el procurador  Rodríguez asegura que no se ha cerrado ciclo expropiatorio alguno, pues es un proceso largo en que las partes involucradas deben llegar a consenso.
"Se han hecho adelantos de pago, como en el caso de la bomba Tacagua, donde el dueño no tenía cómo cancelar las prestaciones sociales y el gobernador aprobó los recursos para hacer justicia. El monto deberá ser descontado de la compra", explicó Rodríguez.

Hizo hincapié en que una vez culminado el proceso legal todos los terrenos serán pagados. ¿Qué se ha hecho? Desde que se inició el proceso de "marcaje de terrenos", las autoridades nacionales han adquirido de manera forzosa 43 terrenos (41 en Caraballeda, uno en Macuto y uno en Urimare) que fueron incluidos en el Decreto 8.062, publicado en Gaceta Oficial del 22 de febrero de 2011, y 12 predios en la parroquia Urimare en el Decreto 8.428 del 23 de agosto del mismo año.

En los 87 mil 778 metros cuadrados que desalojaron en febrero, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales proyectó la construcción de 3 mil 340 residencias en Caraballeda, 78 en Macuto y 254 en Urimare, a través de la Gran Misión Vivienda, según el listado del Plan Presidencial para la Emergencia 2011-2012.

De este lote, entregaron 16 en Caraballeda, en agosto de 2012; 192 en diciembre del mismo año; 230 en enero de 2013 y 96 en febrero pasado.

En los predios de Urimare se planificó la construcción de 2.368 apartamentos en el complejo habitacional Playa Grande, de acuerdo con declaraciones del ministro para la Transformación, Francisco Sesto.
Estas viviendas se han entregado goteaditas, en especial durante campañas electorales.

Según comentó el procurador Rodríguez, las autoridades regionales han utilizado la Ley de Expropiación no solo para la construcción de desarrollos habitacionales sino también obras viales, recreacionales, de transporte y para el comercio informal.

En relación con viviendas construidas en estos terrenos expropiados, ya se entregaron tres complejos en El Junko, hay 12 en ejecución, dos en espera de recursos y tres por iniciar el movimiento de tierras.

En urbanismo se han construido tres elevados, un mercado popular en Maiquetia, una fábrica de asfalto, una megaplaza en Catia La Mar, una ferretería socialista, un centro de acopio para Petróleos de Venezuela y la recuperación de las tres canteras.

Aún están en ejecución el terminal de pasajeros y centro de economía popular en La Zorra, el tramo de la avenida Bicentenario entre Mare Abajo y el Puerto y la construcción núcleo del liceo La Peñita.

El centro turístico para personas con discapacidad, la sede para la Unefa, el centro comercial de la economía informal en la almacenadora y el mercado popular en terrenos de Pepsi Cola están pendientes.

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07-04-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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