Estiman incremento de oferta para el mercado secundario de venta de inmuebles
Desde que entró en vigencia la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el pasado 14 de noviembre de 2011, la oferta de alquileres en el estado Anzoátegui ha disminuido en 90%, según afirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Juan Oreste Rosin.
A su juicio, existe una gran resistencia por parte de los propietarios de los inmuebles para arrendar, por temor a ser sometidos en todas las disposiciones que establece el instrumento legal, que dejan en desventaja a los dueños de las casas, apartamentos o habitaciones.
Rosin indicó que la mayoría de estas viviendas están pasando al mercado secundario de venta, afectando en el caso de los arrendatarios a personas de la tercera edad o de clase media baja, mientras que en el caso de inquilinos a los jóvenes y recién casados.
El empresario destacó que a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamiento, se han generado, en algunos casos, enfrentamientos físicos entre las partes involucradas, por lo que, en su opinión, el instrumento legal no ha beneficiado a nadie.
El titular de la Cámara Inmobiliaria reflejó que si bien algunos inquilinos se han aprovechado para dejar de cancelar los cánones, otros han decidido voluntariamente dejar los inmuebles.
Asimismo, estimó que por esta situación se disminuya aún más la inversión del sector privado en materia de vivienda, que incidirá inevitablemente en el incremento del déficit habitacional en Anzoátegui, que actualmente ronda las 130 mil unidades.
“La única solución posible sería flexibilizar la ley, hacerla más equitativa entre ambas partes, pues la mayoría de quienes alquilan son personas de clase media, que utilizaron sus ingresos para tener un ingreso durante la vejez o educar a sus hijos. Además, se debería promover la construcción de inmuebles, no alejar la inversión”, dijo.
La otra cara
La referida ley estipula en su artículo 17, la creación de la Superintendencia de Arrenda-miento, que tiene como competencia coordinar las políticas inquilinarias y regular el canon de arrendamiento y precio de venta al inquilino. Sin embargo, en el estado Anzoátegui esta figura aún no existe.
El integrante del Movimiento de Inquilinos en la entidad, Jairo García, explicó que la actuación de la coordinación regional de Inquilinato, que funciona en la sede del Instituto Nacional de la Vivienda, es “sumamente débil”, por lo que debe acelerarse la puesta en funcionamiento de la superintendencia.
Refirió que, según conoció, en ese despacho reposan más de 400 expedientes para conciliación, pues los ciudadanos que alquilan inmuebles “han hecho valer sus derechos”.
“Lo importante de esta ley es que la familia pasa a ser el elemento más importante, por encima de la vivienda. Además, no busca favorecer a nadie en particular, sino establecer las reglas definitivas para que el arrendamiento se haga de forma armónica”, expresó.
García reconoció que el Ejecutivo debe proveer de una vivienda o asumir temporalmente el pago del canon, en caso de que el grupo familiar se encuentre en una situación “crítica”, para garantizar que el propietario, que en muchos casos depende de estos ingresos para mantenerse económicamente, siga percibiendo su pago.
El también miembro del Movimiento de Pobladores exhortó a los alcaldes de la entidad a colaborar con la Gran Misión Vivienda Venezuela, para que prevalezca la adjudicación de terrenos para el desarrollo de soluciones habitacionales por encima de centros comerciales o empresariales.
Sin opciones
El ingeniero, Juan Molina, comentó que ha intentado alquilar un apartamento para mudarse con su esposa, pero la oferta es prácticamente inexistente. “Casi 80% de los anuncios limitan el arrendamiento solamente para las empresas, y los que no establecen tarifas muy elevadas”, afirmó.
En tanto, la administradora, Fabiana Ribas, acotó que luego de varios meses de búsqueda, ha sido imposible rentar un inmueble para vivir con su esposo e hija. “Nadie quiere alquilar a una pareja con niños”, expresó.
100 mil
Familias vivirían en situación de alquiler en el estado Anzoátegui, quienes tendrían que utilizar por lo menos 50% de sus ingresos mensuales para cancelar el canon de arrendamiento, según indicó el integrante del Movimiento de Pobladores, Jairo García.
Alerta
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Juan Oreste Rosin, dijo que la posible aprobación de la nueva Ley de Arrendamiento Comercial, podría llevar a su mínima expresión la inversión por parte del sector privado para nuevas construcciones en todo el país.
nuevaprensa.web.ve
13-06-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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