El presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria (UNT−Aragua) anunció que en los próximos días acudirá al Ministerio Público a fin de solicitar una investigación penal en torno a los daños y afectación socioambiental que genera la instalación de concreteras en varios lugares del Área Metropolitana de Caracas.
En rueda de prensa, Gaviria dijo: "Nos dirigiremos en los próximos días a la Fiscalía general de la República para interponer una denuncia a efectos de que se abra la investigación penal del caso y puedan establecerse los correctivos a los que hubiere lugar".
En compañía de los parlamentarios Ismael García (Podemos−Aragua) y Stalin González (UNT−Distrito Capital), los Concejales Maribel Castillo y Edinson Ferrer, vicepresidente del Cabildo Metropolitano, y una representación de los vecinos afectados, Gaviria explicó que la instalación de las mencionadas concreteras, en Santa Eduvigis, La Carlota, La Rinconada, en la Intercomunal Santa Mónica−Cumbres de Curumo, El Paraíso, La Yaguara y en la Urbanización Juan Pablo II "constituyen un atropello al ambiente y a la salud de los habitantes de la ciudad capital".
El parlamentario explicó que "el polvo que se desprende de estas concreteras está afectando las vías respiratorias de los vecinos de las referidas zonas". Además "los denunciantes le han asegurado que ya existen muchas personas, especialmente niños y de la tercera edad, que presentan lo que en términos científicos se denomina neumoconiosis (conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvo)".
También advirtió sobre el impacto negativo en el entorno. "La presencia de los equipos e instrumentos de trabajo, por su gran tamaño han afectado el normal desenvolvimiento del tráfico caraqueño −ya bastante complicado− y generan contaminación sónica".
Precisó Gaviria que –posiblemente− este caso de las concreteras estarían incumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; específicamente, en su artículo 129, el cual establece que cualquier desarrollo económico o urbanístico tiene que tener un estudio de impacto ambiental.
"Pudiéramos estar en presencia de una violación de la Carta Magna y de los artículos 43 y 96 de la recién publicada Ley Penal del Ambiente (Gaceta Oficial del 2 de mayo de 2012)".
"El primero de los artículos referidos señala: El funcionario público o funcionaria pública que otorgue permisos o autorizaciones sin exigir evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental y sociocultural u otras evaluaciones ambientales en actividades para las cuales lo exige las normas sobre la materia será sancionado o sancionada con arresto de tres meses a un año y esta sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos".
Mientras que "el artículo 96 del novísimo instrumento legal se refiere a la emisión de gases, agentes biológicos o bioquímicos que contaminan el aire o la atmósfera; y el artículo 110 precisa sobre la generación de ruidos que alteren el normal desenvolvimiento de los ciudadanos".
Alba Marina Gutiérrez
Miembro de Periodismo ante el Cambio Climático (PCC)
@periodismocc
Entorno Inteligente
10-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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