“Desde 2010 se acercó a nosotros una empresa llamada Constrosolution, que ofreció apartamentos que el Gobierno había expropiado desde 2010”, señaló Sandra Nuñez, vocera del grupo de afectados que solicitó este jueves un derecho de palabra en la Asamblea Nacional.
Nuñez relató que José Espino y Judith Tovar, quienes se presentaron como directivos de la empresa, pedían entre Bs. 10.000 y Bs. 30.0000 a los interesados en apartamentos en Montalbán, San José del Ávila, San Bernandino, Macaracuay y Los Naranjos.
“Pedían un depósito a la cuenta de la constructora y otra parte en efectivo”, señaló Nuñez y agregó que los montos podían ir de Bs. 10.000 y Bs. 30.000, dependiendo de la zona.
Los afectados hicieron la denuncia formal ante el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo que llevó al allanamiento de la sede de la empresa, donde detuvieron a 11 personas.
Espino y Tovar aseguraron la semana pasada a este grupo de personas que las viviendas serían entregadas y que sólo esperaban la firma del presidente Hugo Chávez que autorice el procedimiento.
“Queremos hacer llegar el reclamo directamente al Presidente”, dijo Nuñez. En la Asamblea Nacional les indicaron que dentro de un mes podían atender su petición.
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09-05-2012
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Lic. Henry Medina
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