El Juzgado 25 del Municipio de Caracas, único del área metropolitana que recibe consignaciones de alquileres, está cerrado desde hace tres semanas por orden de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, denunció la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Roberto Orta, presidente de Apiur, dijo que el cierre del tribunal afecta a los inquilinos, que ante la imposibilidad de cancelar el canon de arrendamiento quedan insolventes, y a los propietarios, que dejan de cobrar un dinero que para muchos es el único sustento.
Las autoridades alegan que la medida es temporal, pero Orta teme que se convierta en permanente debido a una sentencia dictada el 15 de diciembre de 2011 por el Tribunal Supremo de Justicia que declaró incompetente al Poder Judicial para recibir consignaciones de viviendas.
La Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada en noviembre del año pasado, sustituyó la consignación de alquileres en tribunales por un mecanismo de pago a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda.
El presidente de Apiur afirmó, sin embargo, que la consignación del alquiler tampoco se puede hacer a través del organismo porque entre los requisitos exigidos está una copia certificada del expediente del caso, imposible de obtener con el tribunal cerrado.
Agregó que casi 35.000 personas están impedidas de pagar el arrendamiento. La cantidad incluye a inquilinos de locales comerciales, que todavía se rigen por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 2000, que permite la cancelación en tribunales.
Confiscación
El cierre del Juzgado 25 también impide que los propietarios cobren el dinero acumulado, por distintas razones, y que debe ser retirado antes del 12 de noviembre, según la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
La novena disposición transitoria indica que, transcurrido un año de la entrada en vigencia de la ley, los recursos que estén sin reclamo en las cuentas bancarias destinadas a consignación serán dirigidos al Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador.
Apiur ha denunciado que la medida representa una confiscación del dinero cancelado por los inquilinos a través del mecanismo e incluso introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Orta calcula que hay 70 millones de bolívares que pasarán a manos del Ejecutivo.
El Nacional
14-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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