miércoles, 11 de abril de 2012

Oferta de alquiler representa 1% de las viviendas disponibles

La entrada en vigencia de la ley de arrendamientos, en noviembre, redujo el mercado al mínimo.

A casi cinco meses de la entrada en vigencia de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada por el presidente Hugo Chávez el 12 de noviembre de 2011, el mercado de alquiler residencial se ha reducido al mínimo.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela calcula que la oferta de viviendas para arrendar representa actualmente 1% de las unidades disponibles. El año pasado la cifra estaba en 3%, mientras que en 1998 representaba 40% del total, según los datos del gremio.

El congelamiento de alquileres vigente desde febrero de 2003, las dificultades que ha habido en los últimos años para ejecutar sentencias de desalojo y la paralización de los juicios inmobiliarios en 2011, figuran entre las principales causas del decrecimiento del mercado.

La promulgación de la ley, que excluye factores como la ubicación de la fórmula para calcular la renta mensual y que dificulta la recuperación de las propiedades ofrecidas en arrendamiento, ha agravado la situación en los últimos meses.

"El mercado está en un limbo, por decir lo menos. Sigue la tendencia a la baja. La gente no quiere alquilar porque sabe que es casi imposible recuperar la vivienda", señaló Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

"La oferta de arrendamiento ha llegado a un mínimo histórico. Nunca había existido tan poca. No sólo en Caracas.

Lo mismo sucede en Coro, Maracay, Valencia y en el resto del país", dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

"El alquiler desapareció. Hay personas que arrendaban su inmueble para cubrir gastos pero, en condiciones tan adversas, prefieren buscar otras opciones", aseguró María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

En las páginas de clasificados inmobiliarios, la oferta de arrendamiento no supera 250 apartamentos y casas en todo el país. La gran mayoría en el segmento de lujo, dirigido a ejecutivos de compañías transnacionales y con rentas mensuales por encima de 10.000 bolívares.

Proceso lento
La Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos se ha convertido en un obstáculo incluso para las personas que están dispuestas a alquilar en las condiciones que establece la ley.

"El hecho de que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento no esté instalada en todo el país tiene graves consecuencias, porque según la ley todas las fases del alquiler dependen del organismo", señaló Orta.

El presidente de Apiur recordó que toda persona que vaya a arrendar una vivienda debe acudir a la Superintendencia para que le revisen el contrato y le fijen el canon. "El alquiler se volvió un trámite sumamente lento", agregó.

Los propietarios de inmuebles que ya están arrendados también padecen la lentitud del organismo. "Ellos intentan cumplir con la ley, presentan los requisitos, pero no reciben respuesta", expresó Navarro.

Martini señaló que la Superintendencia no tiene la capacidad humana ni logística para las labores que debe cumplir, empezando por el registro de los 750.000 contratos de alquiler que ­según los promotores de la ley­ existen en el país.

"La superintendente informó que diariamente atienden a 200 personas. Eso quiere decir que no van más de 20.000 familias registradas, lo que representa menos de 3% del total", calculó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.

"Así la gente quiera cumplir la ley, no lo puede hacer. En Caracas hay más movimiento, pero en otras ciudades no hay oficina o no hay personal suficiente", añadió Orta.

Más conflictos
Navarro de- nunció que muchos propietarios están ahorcados económicamente porque los inquilinos han dejado de pagar la renta y los servicios públicos que deben cancelar, porque se sienten protegidos por la ley.

Agregó que los reclamos presentados por los dueños de inmuebles no son atendidos por la Superintendencia con la misma celeridad que las denuncias de los inquilinos.

Orta advirtió que la actitud de la Superintendencia aumenta la conflictividad: "Como el organismo no está preparado para solucionar los problemas, la gente empieza a tomar medidas por su cuenta".

El Nacional
09-04-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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