Los retrasos en las obras no acarrearán costos a los compradores
La Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley contra Estafas Inmobiliarias que contempla la regulación de la preventa de inmuebles.
En el marco legal los contratos serán revisados por el Estado y se le impone a las constructoras un plazo para la terminación de las viviendas de máximo 24 meses. Durante la discusión se decidió incluir una cláusula que indique que por razones de fuerza mayor el plazo será extendido, pero ello tendrá que ser consultado con los compradores, pero en todo caso esto no acarreará costos adicionales a estos últimos.
Los entes estatales también se encargarán de revisar el precio de venta al público de las viviendas.
El Universal
09-12-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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