El Gobierno nacional debe tomar una decisión sobre el decreto de congelamiento de alquileres para se está aplicando, en momentos que está en plena vigencia una nueva Ley de Arrendamiento de Viviendas que contempla regula igualmente los cánones de arrendamiento.
En ese punto coincidieron el diputado Alexis Ramírez, miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, en el Taller sobre la Nueva Ley de Arrendamiento realizado por el Periódico Mercado de Dinero.
"Eso debe subsanarse (…) digamos el tema del congelamiento, no debería estar, estamos a la espera que el Ejecutivo tome una medida", dijo Ramírez el miércoles durante su intervención en un foro sobre la nueva ley organizado por el periódico Mercado de Dinero.
Asimismo señaló que los propietarios no deben preocuparse por los lapsos para el registro de las unidades de alquiler. "No hay mayores problemas en eso".
Por otra parte, mencionó que esta es una ley que surgió con el fin de garantizar el derecho a la vivienda y no el derecho a la propiedad y destacó que no viola ningún elemento de la Constitución venezolana.
Sin embargo, agregó que el instrumento que tiene que adecuarse, para lo cual estima vendrán distintas resoluciones para una aplicación idónea de la ley.
Desprotegidos
El presidente de Apiur, Roberto Orta, indicó que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda es inconstitucional, porque obliga al propietario a vender, y eso es ilegal. Recordó que en la Constitución el único mecanismo previsto sobre la propiedad es la expropiación.
Recordó que el artículo 89 deja en manos del inquilino la decisión acerca de si se renuevan o no los contratos de arrendamientos, lo que le quita al propietario esta facultad.
Orta indicó, además, que existe un desequilibrio en el instrumento legal, ya que de las 17 multas previstas en la ley, 16 son para propietarios. "Nuestra propuesta es que debe haber multas para cada lado", dijo.
Según las cifras que maneja Apiur, este año la oferta de alquileres ha disminuido un 77 por ciento. El organismo atribuye esta merma a la ley, ya que esta no genera seguridad jurídica al propietario.
Orta indicó que Apiur está solicitando la derogatoria de congelamiento de alquileres y de la ley contra desalojos arbitrarios.
Sobre las reparaciones mayores, previstas en el artículo 37, el representante de Apiur señaló que se le da potestad al inquilino de realizar unas reparaciones mayores. El costo de dichas reparaciones será imputable al arrendador y deducible al canon de arrendamiento. Orta considera que esto podría ser un arma de doble filo porque puede pasar que un inquilino envíe una factura sobrecargada y deje de pagar amparándose en eso.
Entre los aspectos positivos de la ley destaca: Conserva el procedimiento judicial oral, prohíbe negocios en moneda extranjera, prohíbe cobro por mostrar inmuebles y simplifica la propiedad horizontal.
Entorno Inteligente
09-12-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
04143692526
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
No hay comentarios:
Publicar un comentario