"Mi pieza es mi único sustento"

Además de todos los problemas que tienen, los habitantes de los barrios tienen una nueva preocupación: la Ley de Arrendamientos. María Elena Uribe (en la foto) teme perder parte de su casa KISAÍ MENDOZA

María Elena Uribe llegó a Caracas desde Rubio, estado Táchira, en el año 73. En el barrio 5 de Julio de Petare consiguió la oportunidad de comprar un rancho que luego, junto a su esposo, pudo convertir en un hogar para su familia. Años después él la dejó y con sus dos hijos creciendo, se vio en la necesidad de sumar habitaciones a su casa para ayudarse con los alquileres.

Ella forma parte de la estadística que indica que 83% de los propietarios en zonas populares están compartiendo su casa con inquilinos o habitan en el mismo barrio. Luego, 70% de las operaciones inmobiliarias allí son alquileres. El estudio es del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Centro Ciudades de la Gente, ambos de la UCV, y fue realizado en ocho barrios caraqueños durante el año 2008.

El sociólogo y director de Lacso, Roberto Briceño León, teme que la Ley de Arrendamientos, arbitraria e imposible de aplicar a su juicio, se sustituirá por la fuerza. "En los barrios es ilegal construir y alquilar. La mitad de los contratos se hacen de palabra, a personas conocidas o con referencias. La Ley va a acabar con el inquilinato formal y va a surgir un mercado negro. La gente va a seguir teniendo la necesidad de alquilar y les va a resultar más difícil y más caro conseguir algo".

María Elena, con casi 80 años, tiene tantas historias de inquilinos como para escribir varios libros, pero nunca le había ido tan mal como ahora. En 2008 le pidió por primera vez a uno de los cuatro ocupantes de habitaciones en su casa que se fuera, pero todavía está esperando. Lo que ocurre es que las aguas negras del anexo (ubicado en la platabanda) se filtran por el techo debido a un error en la construcción.

Ella ha tenido que lidiar con eso durante años y ahora será peor, cree, con la Ley de Arrendamientos en puertas. "Yo no pude estudiar nada, no tengo profesión y a esta edad no me dan trabajo, mi pieza es mi sustento. Los inquilinos me necesitan y yo los necesito a ellos. El Gobierno debería dar más apoyo a los propietarios, porque mucha gente gana poquito y no puede comprar vivienda. Quieren poner a los inquilinos como dueños de la casa y eso es una injusticia".

María Elena cobra Bs. 200 mensuales por una habitación con baño y cocina, pero lo raro es que le paguen puntual. "Antes uno iba a la prefectura, pero las quitaron y ahora ¿a quién acudo? Estoy desesperada, no tengo más con qué vivir".

Ella intentó hacer la diligencia en la Comisión Municipal de Justicia de Sucre, desde donde enviaron una convocatoria al inquilino, pero él no asistió. Luego fue a la dirección General de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, pero le pidieron consignar requisitos que ni siquiera entiende.

"Bajo un criterio de proteger a los inquilinos, se les daña. Ahora conseguir viviendas en alquiler va a ser doblemente difícil. Vamos al contrario de la mayoría de los países del mundo, en donde se impulsa el alquiler y se dan garantías a ambas partes para equilibrar. Lo que el Gobierno debería hacer es alentar a la gente a que compre o construya viviendas y alquile", asegura Briceño León.

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos (Apiur), afirma que se está estableciendo un sistema de venta obligatorio a cualquier propietario que tenga más de dos viviendas, lo que incluye a la mayoría de los edificios de los barrios. El tema, explica, es que éstos no pueden ser incluidos como propiedad horizontal porque los terrenos generalmente son invadidos o municipales: "Los inquilinos van a creer que el Estado les va a regalar las viviendas. Habrá conflicto y violencia, pues la Ley no toma en cuenta la realidad de los barrios".

María Elena ha evitado enfrentamientos con su inquilino, sobre todo porque teme que pueda tomar represalias contra sus hijos o nietos. Ella va esperar un poco más, pero está determinada a defender su único patrimonio: "Me tendrán que matar para quitarme mi casa".

Otros casos

Calixta Istúriz, líder comunitaria de Petare, asegura que en los últimos días -más que nunca- ha recibido numerosas quejas de vecinos que han tenido problemas con sus inquilinos. "Uno se siente impotente, atado de manos. Lo que trato de hacer es mediar para que los conflictos no vayan a la violencia".

Calixta se pregunta si es casualidad que sus vecinos arrendatarios y afectos al oficialismo, hayan desocupado, incluso a la fuerza, a sus inquilinos hace pocos meses: "Ellos sabían lo que venía", afirmó.

A unas casas de María Elena, está Carmen Ortuño. Ella es la nieta de la propietaria de una casa de tres plantas. En el medio vive con su esposo, su abuela y su bebé; en el de abajo, su mamá con su nueva familia y arriba, un inquilino que se niega a marcharse. El argumento es repetido: el inquilino no ha conseguido adonde irse. Mientras, ella vive apretada con el resto de su familia.

Carmen pidió apoyo a la Junta Comunal, pero sus integrantes no han asistido a ninguna de las reuniones que ella convoca. "Estamos solos en este esfuerzo. Toda esa angustia por Bs. 250.¨ Desde hace tres años nos dice que está buscando".

Orta no ve otra salida posible además de oponerse a la Ley, que además confirmaría la norma contra desalojos: "Va a crear más situaciones de injusticia que de justicia", señala.

El Universal
24-10-2011

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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