Becerra hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento a agilizar su caso y retirar a los inquilinos violentos
JORGE HERNÁNDEZ
Entre las esquinas Aguacate a San Francisquito de Capuchinos, parroquia San Juan, la Pensión y Restaurante Gilcar C.A., propiedad de Carlos Julio Becerra Cardozo, fue tomada por sus 41 inquilinos, quienes evitan pagarle el canon de arrendamiento desde 2010. Desde ese momento comenzaron sus problemas económicos y para tratar de mantener a sus dos hijos, esposa y nietos lava autos en el estado Vargas.
Según el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial 6.053 el 12 de noviembre de 2011, un arrendatario puede ser desalojado de un inmueble destinado a vivienda cuando deja de pagar cuatro cánones de arrendamiento sin causa justificada, de acuerdo con los criterios definidos por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi), indica el numeral 1 de este artículo.
La ley también contempla que si un inquilino deja de pagar el alquiler pierde todos los derechos que lo amparan (Art. 92). No obstante, el inquilino no podrá desalojarse hasta que el Sunavi le consiga un refugio temporal o una vivienda definitiva (Art. 93).
Becerra afirma que con mucho esfuerzo compró su inmueble en 2004 a María Paladino, quien le permitió cancelar la hipoteca de la pensión Gilcar hasta 2006. "Allí vive un grupo de inquilinos que se unieron para quitarme las llaves de mi inmueble, cambiar las cerraduras, subarrendar las habitaciones e impedirme el acceso a mi oficina", alerta.
La Ley de Arrendamientos estipula, además, la prohibición del subarrendamiento sin autorización escrita del arrendador (Art. 41). En ese caso el inquilino también será desalojado por "uso deshonesto del inmueble" (Art. 91, numeral 3), siempre y cuando el Sunavi le consiga un refugio.
Frente a su pensión Becerra relata que a pesar de lograr un acuerdo de pago con sus 41 inquilinos en 2010, junto a miembros del Frente de Resistencia contra Desalojos Arbitrarios de la Alcaldía de Libertador, estas personas no le cancelan oportunamente monto del alquiler por habitaciones, entre Bs 200 y 700.
"Los inquilinos han sido citados más de tres veces en el Sunavi y no asisten. El lunes volví a esas oficinas y nadie resuelve mi caso. Le pido a la superintendente nacional, Ana María Rodríguez, que agilice mi caso y retire a los violentos de mi propiedad", indica Becerra.
El propietario de la pensión Gilcar debe trabajar limpiando autos en la calle para pagar los servicios de su pensión. Hasta este mes adeuda Bs 6 mil por servicio eléctrico. Sus inquilinos al menos cancelan el suministro de agua potable.
La situación de Becerra lo llevó a vivir arrimado en casa de un familiar mientras resuelve su situación.
Mientras que algunos inquilinos de la pensión Gilcar anunciaron que un pequeño grupo de inquilinos, ligados a grupos irregulares, da las órdenes dentro del inmueble, cobra los alquileres para su beneficio y amenaza con desalojar a quienes pretendan pagar el canon de arrendamiento al verdadero propietario.
AFECTADOS
• Según de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi) desde 2010 solo se han otorgado 60 refugios.
• En el Sunavi reposan alrededor de 11.000 procedimientos administrativos. Solo en Caracas hay tres mil propietarios con problemas de inquilinato y de asignación de refugios temporales o definitivos.
• En la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur) indican que el mercado de alquileres en Caracas es casi nulo.
El Universal
02-04-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo corredor_inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
SUSCRIBETE 100% AL EXCLUSIVO GRUPO YAHOO CORREDOR_INMOBILIARIO HENRY MEDINA
Subscribir:
corredor_inmobiliario-subscribe@yahoogroups.com
MAS INFORMACION: http://ow.ly/r9QoW
No hay comentarios:
Publicar un comentario