Propietario se encadenó para exigir desalojo

Recién operado y en silla de ruedas, Luis Goncalves decidió arriesgar su salud para tratar de recuperar el anexo de su casa

Aunque hace sólo mes y medio fue operado de un quiste que le presionaba la médula espinal, Luis Goncalves decidió ayer encadenarse a las puertas de la casa de sus suegros, en la calle Luxemburgo de La California Norte, para exigir a los inquilinos del inmueble la desocupación a la brevedad posible.

Goncalves es una persona con discapacidad motora. Se desplaza en silla de ruedas y, a pesar de los daños que le ocasiona el peso de las cadenas cruzadas sobre la espalda, asumió ese riesgo antes de sentirse ignorado por las autoridades, pues considera que deberían ofrecerle respuesta a su reclamo.

Ayer, su esposa Alda Da Rocha –hija de los dueños de la vivienda- y demás familiares apoyaron la medida, y aseguraron que no abandonarán la entrada de la residencia hasta tanto los inquilinos no la desalojen. Agrega que necesitan el inmueble porque viven hacinados en casa de otros parientes. Según Goncalves, se trata de una mujer con dos hijas, ambas mayores de edad, a quienes desde abril de 2010 se les notificó que no se les renovaría el contrato inmobiliario, suscrito hace cuatro años, y aun así todavía permanecen en la vivienda.

La esposa de Goncalves explicó que la prórroga arrendataria expiró en septiembre de 2011, pero los inquilinos hacen caso omiso de esto amparados en la nueva ley de alquiler, sancionada con el nombre de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda.

Ciertamente, explica Da Rocha, el instrumento legal elimina la prórroga y la sustituye por una figura jurídica denominada preferencia arrendaticia, la cual establece que es el inquilino quien debe notificar a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas que no renovará el contrato. Sin embargo, en este caso no podría operar, según sostiene Da Rocha, pues la prórroga legal de la vivienda venció antes de que fuera aprobada la ley y esta no tiene carácter de retroactividad.

“Según la ley, los niños, las personas de la tercera edad y los discapacitados son los más vulnerables y, por ende, deberían de recibir respuesta rápida a sus demandas y atención preferencial. Entonces, la urgencia es para el discapacitado cuando es inquilino, pero ¿qué sucede cuando la discapacidad la presenta el propietario?”, reflexiona Da Rocha.

Deben conciliar

Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano, Apiur, cree que la familia Da Rocha debe demandar el desalojo por dos causales: incumplimiento del plazo y estado de necesidad del propietario, aunque se trate del yerno de los dueños de la vivienda, pues esa urgencia puede ser requerida hasta por los familiares en segundo grado de consanguinidad.

“La Superintendencia Nacional de Arrendamiento debería de lograr una salida conciliatoria. En caso de que esta se agote debería actuar la Defensoría del Pueblo”, dijo Orta Martínez. Agregó que con este caso son seis las personas que en lo que va de año decidieron encadenarse a las puertas de sus viviendas como mecanismo de protesta.

El Nacional
03-10-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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