El Fondo de Prestaciones que administrará el Estado será solo para el depósito de estos ahorros pertenecientes a los empleados de la administración pública.
Así lo señaló el diputado Francisco Torrealba, miembro de la Comisión Presidencial, quien aseguró que no está previsto transferir a dicho fondo, los depósito que están en fideicomisos en la banca privada y pública o en la contabilidad de las empresas.
"No existe ninguna amenaza, ni riesgo de que se le vaya a quitar nada a nadie", dijo.
Este Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad funcionará para administrar los compromisos que se generen después de entrada en vigencia la nueva Ley, y los que no han sido honrados, explicó el parlamentario a El Mundo, Economía y Negocios.
No obstante, enfatizó el parlamentario que "si alguien en el sector privado cree conveniente meter ahí su dinero podrá hacerlo, o si así los decide algún sindicato en su contrato colectivo. No vamos a negarle opciones a los trabajadores".
En el reglamento o ley especial se definirá el mecanismo de participación del empleado en este fondo, dijo.
Por su parte el diputado Braulio Alvarez, en horas de la mañana había declarado que no se trataba de "una propuesta imperativa del poder de Hugo Chávez" y que la misma se podía mejorar. En su opinión, vale la pena seguir explorándola y darle más seguimiento, porque se trata de una propuesta revolucionaria.
Esta semana seguirán desplegados por el país y será el presidente Hugo Chávez quien anuncie el resultado final de la ley el próximo primero de mayo.
La "guagua" va en reversa
El "ruido" que generó el anuncio de crear un Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad que administraría las prestaciones del sector público y del privado, retumbó en la Comisión Presidencial que diseña la "nueva" Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
Miembros del alto gobierno recogieron reacciones en todo el país sobre el anuncio que hizo el presidente Chávez.
Los sindicatos oficiales recibieron las quejas de sus agremiados y en muchos casos los líderes recomendaron el retiro de 75% de sus prestaciones, de acuerdo a lo que establece la Ley vigente. Ya esto estaba ocurriendo antes del anuncio del mandatario, pero la razón era el desconocimiento de la Ley y del régimen de prestaciones que se establecerá.
La Sala Situacional entró en emergencia y monitoreó el rechazo que causó en todos los sectores.
La recomendación fue "echar para atrás". El problema era cómo desconocer la voz del "comandante", aunque la opción voluntaria del mismo matiza la rectificación. Pero las fuentes vinculadas al Gobierno reconocieron que no sería la primera vez que el Presidente " retrocede a tiempo".
Siendo el Estado el patrón que más deuda ha acumulado a lo largo de los años, y tomando en cuenta que lo depositado hoy en fideicomisos del sector privado por concepto de prestaciones sociales equivale a la mitad de los pasivos que tiene la Nación con los trabajadores de la administración pública, la duda sobre "qué respalda su dinero y a dónde va a parar" se posa en cada trabajador.
Los miembros de la Comisión Presidencial insistieron en que se trataba solo de una propuesta y que la decisión no estaba tomada.
Esto abría la posibilidad de que no se estableciera como un fondo único, sino que lo dejara para la administración pública, por la necesidad de unificar las cuentas dado el extravío de expedientes y desorden que se ha presentado, sobre todo en los entes descentralizados, que junto al sector Salud y Educación es donde se concentra la mayor parte de la deuda.
Sin temor
Desde el parlamento se señalaba que "en caso de aplicarse la propuesta" aseguraban que los trabajadores no debían tener temor porque todo se manejaría con transparencia, en cuentas individuales. La idea es proteger el cobro oportuno para todos, un eslogan que más bien generó los "ruidos" que obligaron a un cambio de timón.
Otra idea lanzada por el mandatario nacional y reforzada por el Canciller y coordinador de la Comisión Presidencial, Nicolás Maduro fue la posibilidad de usar los recursos concentrados en este fondo para invertir en la construcción de viviendas y otras áreas públicas. El uso de estos recursos para ejecutar políticas públicas generó aun más desconfianza. Pues aunque han señalado que cualquier inversión debía contar con la aprobación de los trabajadores beneficiarios, representantes laborales y expertos en la materia señalan que este dinero debía estar liquido y a la vista, pues es el respaldo de los anticipos y debe estar disponible al momento en que termina la relación laboral.
Las prestaciones. sagradas para los trabajadores, son de cobro inmediato. A esto se suma, la incertidumbre que generaba el mecanismo de solicitud de prestaciones ante un fondo nacional.
Dada la burocracia que caracteriza a los entes públicos, los trabajadores dudaron de la eficiencia de este mecanismo de manejo colectivo de prestaciones sociales.
Mariana Martínez Rodríguez
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El Mundo
12-04-2012
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