La entrada en vigencia del nuevo marco legal inquilinario trajo consigo la creación de la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas, y su primera titular, Carmen Cecilia Morantes, adelantó que esta institución dará prioridad a las familias que viven en pensiones, así como a los adultos mayores.
La nueva instancia, que según la Ley de Arrendamientos, será la encargada de fijar el monto de los alquileres, aplicar sanciones y levantar un registro de unidades en condición de arriendo, señaló Morantes que brindará especial atención a "aquellas personas que por hechos transitorios tienen que vivir en pensiones, en una habitación alquilada" y a los ciudadanos de la tercera edad, agilizando el financiamiento para la adquisición de una vivienda principal.
La funcionaria, quien se encontraba al frente de la Dirección de Inquilinato, explicó que el plan pasa por determinar la situación socioeconómica de los grupos más vulnerables para fijar las condiciones. "Quienes viven como inquilinos tendrán prioridad para el otorgamiento de créditos por parte de los bancos del Estado".
Valor real
La superintendente de Viviendas recordó que este sábado el presidente Hugo Chávez creó fondos especiales para la adquisición y reparación de inmuebles alquilados, que serán nutridos con recursos de la banca pública. El nuevo esquema busca cubrir la demanda crediticia que generará la disposición sexta de la Ley de Arrendamientos, que ordena a los propietarios vender los apartamentos ubicados en edificios para el alquiler por más de 20 años.
Para atender este requerimiento, la Gaceta Oficial 39.799 que circuló este martes, publicó el decreto de creación de los fondos en las entidades públicas. Se establece que las instituciones financieras −que contarán en principio con Bs. 350 millones− deberán "atender al valor real del uso de la vivienda y no el valor del mercado a fines de evitar las distorsiones de la valoración del inmueble a ser adquirido".
El decreto además instruye a la banca pública a asegurar "la sostenibilidad de recursos".
La nueva fuente crediticia para atender el déficit habitacional fue calificado de positivo por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). Sin embargo, la instancia que es presidida por Roberto Orta, anunció que este jueves solicitará la nulidad de la Ley de Arrendamientos ante el Tribunal Supremo.
Argumentó que el recién aprobado marco legal violenta la propiedad privada al obligar la venta de inmuebles alquilados y limitar la disposición del bien. Incluso, alertó sobre el carácter punitivo de la norma, en menoscabo de los dueños, ya que de 17 sanciones establecidas, 16 son contra los propietarios.
Inmobiliaria estatal
El Estado entrará a competir en el mercado de alquileres con la empresa Inmobiliaria Nacional, cuya creación fue dictada en la Gaceta 39.799. Su objeto será comprar, vender, alquilar y construir viviendas y para ello contará con un capital de Bs. 1 millón.
Entorno Inteligente
16-11-2011
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Lic. Henry Medina
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