Aquí se ven los edificios de la segunda etapa que debían estar listos para abril
(VICENTE CORREALE)
En El Encantado solo se escucha el sonido del viento y el ladrido de uno que
otro perro. Tres vigilantes se encargan de impedir el paso, quizás para que
nadie vea que la obra está estacionada en el lugar de partida. En el mejor de
los casos, solo hay esqueletos de edificios. De resto, terreno plano y vacío.
En la cabeza de los propietarios quizás aún suene el eco de las palabras del
presidente Hugo Chávez el 31 de octubre del año pasado: "Están paralizados y la
gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los
precios, a multar a esta empresa y a entregarlos". Así justificó la expropiación
de seis urbanismos, ocho ocupaciones temporales y 19 fiscalizaciones. Más de
siete meses después, el adelanto es poco o nulo.
El urbanismo del municipio El Hatillo es quizás el más afectado. Quienes
compraron en la primera etapa y ya están viviendo allí, tienen casi un mes sin
agua y decenas de detalles de obra y plomería sin resolver. Mientras, los de las
etapas dos, tres y cuatro no creen que sus apartamentos estén habitables en el
futuro cercano.
Juan Montes, integrante del consejo comunal, fue uno de los compradores que
llevó sus denuncias a la Asamblea Nacional e Indepabis, en marzo del año pasado,
tras numerosos reclamos por retrasos a la constructora. Según su testimonio, los
entes del Estado habían logrado presionar a la urbanizadora y en julio los
trabajos habían arrancado a toda máquina, pero aún así, en noviembre el Gobierno
dictó la medida.
"Ahora nos sentimos doblemente estafados. Primero por la empresa privada y luego
por esta Junta Administradora (los funcionarios del Ministerio de Vivienda y
Hábitat a cargo). Creemos que en el Alto Gobierno no conocen la situación. Hacen
declaraciones, incluido el Presidente, de que esto está avanzando bien y no es
así. Esta Junta ha sido ineficiente, ineficaz e insuficiente. Nos dan fechas que
no se cumplen, no nos informan".
En febrero, el propio ministro, Ricardo Molina, les prometió que en abril
estaría lista la segunda etapa y para noviembre, la tercera y la cuarta. No se
cumplió y es menos lo que esperan entonces de la Junta, cuya respuesta a esta
fecha sobre los plazos es: "No sabemos". Supuestamente hay 100 obreros
trabajando en una construcción que amerita de al menos 700, aunque este
miércoles no había ni uno.
Anahís Toro, también del consejo comunal, aseguró que ya se están organizando
para ejercer otras medidas de presión para que se reactive la obra, esta vez con
organismos que sí les resuelvan.
Mientras, Miguel Álvarez, también del grupo, cuenta que tienen sus esperanzas
puestas en un acuerdo que firmó la Asociación Bancaria de Venezuela con el
Estado, en marzo de este año, en el que se comprometen a financiar los
proyectos.
A simple vista podría decirse que Luz Salazar es privilegiada entre ellos y el
resto de las 1.500 familias que compraron allí. Pero no es así: quienes están
mudados viven en un limbo, pues la supuesta prioridad es construir. Que ellos
tengan problemas de filtraciones, imposibilidad de conformar un condominio e
inseguridad son problemas mínimos para la Junta, ahora a cargo.
Todas las semanas deben dar cuotas de 100 a 500 bolívares para comprar agua a
camiones cisternas, pues el pozo del cual se abastecían se secó por falta de
mantenimiento. ¿Qué quedará para las tuberías que faltan por construir?
Para Evehelisse Harting, el panorama no pinta bien: "Yo tenía buenas
expectativas porque es un año electoral. El presidente había tomado esto como
una bandera de la clase media. Ahora soy poco optimista. Llegan las elecciones y
no se van a acordar de los damnificados, de las construcciones ni de nadie".
El Universal
11-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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