En una nota de prensa, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos
(Apiur) se pronunció con respecto a la Ley contra Desalojos Arbitrarios y su
promulgación, la cual "es la violación más absoluta del derecho de propiedad".
Niegan que todos los desalojos judiciales sean arbitrarios e ilegales, pues "las
medidas de desalojos son el resultado de la aplicación de la vigente Ley de
Arrendamientos y otras leyes".
Explican que esa ley fue promulgada "sin tomar en cuenta si sus ocupantes son
morosos, ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios" y agregan que esa
normativa "suspende todos los juicios sin importar la causal y los derechos del
propietario de cualquier clase social".
Recuerdan que actualmente, el Ministerio de Vivienda "aún no tiene la
infraestructura para procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de
juicios inmobiliarios dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes
requieran justicia deberán esperar que se constituyan los departamentos a nivel
nacional que llevarán estos procedimientos".
A continuación la nota de prensa:
Se ha tratado de crear durante los últimos 5 años, una matriz de opinión de que
todos los desalojos judiciales son arbitrarios e ilegales, lo cual es
evidentemente falso pues las medidas de desalojos son el resultado de la
aplicación de la vigente Ley de Arrendamientos y otras leyes y constituyen actos
legales del Poder Judicial. En mayo el Presidente de la República promulga la
Ley contra Desalojos Arbitrarios, la cual es en realidad una ley contra los
desalojos judiciales, la cual desmonta el estado de derecho inmobiliario, al
suspender todos los juicios inmobiliarios donde la posesión de una vivienda este
en discusión.
Se han formado con auspicio gubernamental organizaciones civiles de ocupantes o
inquilinos, que vienen desacatando desde hace 3 años, en el Área Metropolitana,
gran parte de los desalojos de derecho o judiciales. Se estableció como práctica
el desacato a las órdenes de entrega judicial, ya que estas organizaciones
impedían la medida o reintroducían en el inmueble a los desalojados o a otros
ciudadanos, ante la vista indiferente de muchos jueces ejecutivos de medidas,
jueces de la causa y autoridades policiales quienes tenían el deber de
restablecer el orden infringido. En los desalojos desacatados, los propietarios
de igual manera tenían que pagar altos gastos en cerrajeros, depositarias y
avaluadores, quedando de todas maneras sin la posesión del inmueble y sobre todo
quedando burlada la administración de justicia.
El Presidente Chávez solicitó públicamente a la Presidenta del Tribunal Supremo
Luisa Estella Morales, la paralización de los desalojos judiciales de viviendas
por cualquier causa, quien no tardó una semana en dictar en su carácter de
Presidenta de la Comisión Judicial del T.S.J., creándose una interrupción de
todos los debidos procesos inmobiliarios.
Luego en mayo el Presidente promulga por vía habilitante el decreto Ley contra
los Desalojos Arbitrario, el cual suspendió a nivel nacional todos los juicios y
procedimientos administrativos de recuperación de bienes inmuebles destinados a
viviendas principales, sin tomar en cuenta si sus ocupantes son morosos,
ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios, hasta tanto el Gobierno
Nacional, no realice un acto conciliatorio entre las partes. Esta es la
violación más absoluta del derecho de propiedad, pues suspende todos los juicios
sin importar la causal y los derechos del propietario de cualquier clase social.
Al día de hoy, el Ministerio de Vivienda, aún no tiene la infraestructura para
procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de juicios inmobiliarios
dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes requieran justicia deberán
esperar que se constituyan los departamentos a nivel nacional que llevarán estos
procedimientos. Es decir, a más de un mes de promulgada la ley la justicia
Inmobiliaria está paralizada, en perjuicio de miles de propietarios que ya
tenían sentencias o de propietarios que necesitan la vivienda para habitarlas
sus familiares o cuyos inquilinos no le pagan. Esto deslegitima e inhabilita el
verdadero papel del Poder Judicial que es el de impartir justicia y el de
resolver los conflictos de los ciudadanos, dejando en manos del Poder Ejecutivo
en primer término, la aplicación de las leyes, para que después el ciudadano de
igual manera deba acudir a los tribunales.
Es una ley arbitraria e irracional que pone en peligro todas las propiedades,
todas las posesiones legítimas, ya que pone al Poder Ejecutivo por encima del
Poder Judicial y crea un procedimiento previo al judicial y suspendiendo todos
los juicios iniciados en materia de vivienda, hasta tanto no se tomen decisiones
administrativas y se realicen actos conciliatorios, suspendiendo la restitución
de la propiedad alquilada u ocupada por un tercero, hasta tanto hasta tanto el
Ministerio de Vivienda, no le haya dado una nueva vivienda a las personas
desalojadas. El Estado ni siquiera tiene viviendas disponibles para los
damnificados, difícilmente las tendrá para los ocupantes salientes, lo que deja
la propiedad alquilada o dada bajo cualquier figura, bajo una situación de
"confiscación indirecta".
Propietarios miembros de APIUR afectados por este decreto Ley contra los
Desalojos, en los próximos días interpondrán un recurso de nulidad ante el
tribunales competentes, a los efectos de restituir las garantías
constitucionales infringidas contra la propiedad privada, el debido proceso, la
tutela judicial efectiva, previstos en la Constitución, el Código Civil, la Ley
de Arrendamientos Inmobiliarios y el Código de Procedimiento Civil, es por lo
que solicitamos públicamente al Presidente revocar este decreto y dejar a la
Asamblea Nacional terminar de discutir la Ley de Arrendamientos de Viviendas y
en caso contrario que el Ministro de la Vivienda, active los actos
conciliatorios a nivel nacional, para que se reactive la justicia inmobiliaria.
Los efectos más nocivos de esta situación es para las millones de familias
venezolanas que no tienen vivienda, ya que esta ley ha extinguido prácticamente
la oferta de viviendas en alquiler, que en el año 2003 constituía el 30% de las
soluciones habitacionales.
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
17-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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