miércoles, 7 de agosto de 2013

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Walter Elliott

Walter Elliott

La perseverancia no es una carrera larga; es una serie de carreras, una tras otra

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Propietarios piden celeridad para sus expedientes

Sunavi informó que desde hace 5 meses se vienen asignando refugios a inquilinos

Ramos busca recuperar su casa en los Frailes de Catia

DELIA MENESES

El llanto descontrolado de Carmen Jarada no dejaba que la superintendente nacional de Arrendamiento de Vivienda, (Sunavi), Ana Marina Rodríguez entendiera sus demandas. Se acercó otra funcionaria de la institución que la reconoció enseguida.

Jarada tiene más de un año haciendo trámites en Sunavi para recuperar su apartamento en la avenida Francisco de Miranda. Su inquilina se niega a desalojar amparada en la Ley de Arrendamientos de Viviendas, sancionada en noviembre de 2011.

"Compré ese apartamento pensando en mi vejez, lo fui pagando poco a poco con el dinero que ganaba limpiando casas. En 2006 decidí alquilarlo porque no me alcanzaba para enviarle la remesa a mi mamá que vive en Perú. Ahora vivo arrimada en casa de familiares y amigas".

El pasado 26 de febrero Sunavi le entregó a Jarada la resolución que indica que ya agotó la vía administrativa y que su caso debía pasar a los tribunales. Pero su expediente solo llegó a esta instancia el 21 de junio, cuatro meses después.

"Toda la semana pasada fui a los tribunales y me dicen que no hay despacho. Me asignaron un defensor público pero tiene tantos casos que no se da abasto", cuenta Jarada.

Esta es una de las deudas que tiene el Estado con propietarios e inquilinos: la falta de defensores públicos capacitados para mediar en estos casos. En Caracas solo hay cuatro defensores y otros seis en el interior del país. También faltan refugios para ubicar a los inquilinos que no tienen a dónde ir, como lo establece la Ley. La superintendente nacional de Arrendamiento de Vivienda, Ana Marina Rodríguez, explicó que desde hace cuatro o cinco meses se vienen asignando refugios a inquilinos, pero no supo precisar a cuántos han reubicado.

"Hoy (ayer) mismo se está realizando un desalojo. Hay refugios en la sede de Fondur y los que disponga el Ejecutivo Nacional que es quien maneja estos espacios".

La Sunavi tiene 2.500 solicitudes para revisar el precio de los alquileres y hasta ahora ha dado respuesta a 40. En sus registros hay once mil casos por litigios entre inquilinos y propietarios (casi la mitad en el Área Metropolitana de Caracas). Pero en los tribunales hay 40 mil casos más.

Ayer propietarios e inquilinos se encontraron en la Sunavi. Los primeros (reunidos en la Red Metropolitana de Inquilinos) se acercaron para apoyar la Ley de Arrendamientos y para recordar que están dispuestos a dialogar y hacer contraloría social. Los propietarios pedían celeridad para sus casos por parte de Sunavi y de los tribunales.

Rodríguez escuchó los casos de tres afectados y prometió apoyarlos para agilizar algunas gestiones, como en el caso de María Ramos, de 84 años, quien busca recuperar su casa en Los Frailes de Catia. Y de Héctor Roche quien ya tiene una sentencia firme a su favor y a pesar de eso no ha podido desalojar a la inquilina de su anexo.

El Universal
06-08-2013

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Constructores privados proponen plan para acelerar obras de vialidad

Proponen un plan para trabajar en alianza, a fin de recuperar la infraestructura.

Constructores privados proponen plan para acelerar obras de vialidad

Beatriz Caripa.- Los empresarios de la construcción ponen de nuevo a disposición del Gobierno Nacional, un plan para trabajar en alianza, a fin de recuperar la infraestructura y vialidad del país.

Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), dijo a El Mundo Economía y Negocios, que a propósito del decreto de emergencia en la vialidad del país, que entró en vigencia la semana pasada, reiteran las propuestas a los entes encargados del desarrollo de la infraestructura del país, en un plan que elaboraron y donde se describen todas las obras que necesitan ejecución. Explicó que se trata de un proyecto de políticas públicas, enmarcado justamente en el Plan de la Patria 2013-2019, propuesto por el Gobierno Nacional, como ruta de abordaje de diversos frentes en los próximos años.

Dao detalló que en el documento "Participación pública y privada en el Desarrollo de la Infraestructura", plantean abordar acciones "que permitan desarrollar un país ordenado y planificado", pues precisamente el abandono y deterioro de las vías y otras obras, es producto del escaso desarrollo de la infraestructura, la falta de inversiones y de mantenimiento.

Para el presidente del gremio constructor, la falta de desarrollo y de inversiones, fue lo que generó la declaratoria de emergencia vial, pues "se esperó mucho tiempo, se acumuló mucho deterioro y ahora la salida es abordar el problema como una emergencia".

El Mundo, Economía y Negocios
05-08-2013

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Sunavi ha ubicado en refugios a 40 inquilinos con sentencia de desalojos

Protestas de inquilinos y propietarios frente al Sunavi en las Mercedes

Superintendente afirma que se desconocen los trámites que deben seguir y los organismos encargados de atender los reclamos

DULCE MARÍA RODRÍGUEZ

“La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no vulnera ni menoscaba el derecho a la propiedad privada, y sí se está dando respuesta a los propietarios. Se han ubicado 40 familias en refugios que el Ministerio de Vivienda y Hábitat ha otorgado, a medida que el tribunal los ha solicitado para poder ejecutar sentencias de desalojo a inquilinos en inmuebles alquilados”, aseguró Ana Marina Rodríguez, titular del despacho.

En una concentración de propietarios en la puerta de la Sunavi, en Las Mercedes, que fue tomada por inquilinos afectos al Gobierno con pancartas y afiches en mano, la superintendente afirmó que hay refugios en todo el país y desde hace 5 meses se asignan de acuerdo con la jurisdicción del inmueble que se desaloje. “Los refugios funcionan en instituciones públicas, por ejemplo, en la sede de la Fundación del Fondo Nacional de Transporte Urbano, en Caracas, a través de un convenio de colaboración institucional entre los entes públicos en el que se acuerda la entrega de espacios para tal fin”,

Rodríguez desmintió la falta de estructura del organismo y agregó que tienen oficinas operativas en todos los estados del país, las cuales funcionan en las sedes del Instituto Nacional de la Vivienda.

Dijo que la gente no tiene claridad sobre los trámites que deben seguir para hacer los reclamos y que también desconocen cual es el organismo correspondiente.

Día a día. Marisa Fariña, propietaria de un inmueble en Catia, que se encadenó hacer varios meses en la sede de la Sunavi, indicó que no ha podido presentar su reclamo porque le exigen la cédula catastral del inmueble y para obtenerla debe tener la solvencia del pago de luz, y los inquilinos adeudan 70.000 bolívares.

Otro propietario, Héctor Roche, contó que ha gastado más de 50.000 bolívares en requisitos y diligencias para recuperar su anexo. El tribunal dictó sentencia a su favor, pero no le ha respondido a la Sunavi si el inquilino tiene vivienda o si necesita un refugio. Roche fue a reclamar a la Superintendencia, pero el tribunal es el que debe darle respuesta, le aclaró la superintendente.

José Luis Morales, de la Red Metropolitana de Inquilinos, dijo que acudieron al organismo para apoyar la gestión de la superintendente que, afirma, actúa apegada a la ley. Señaló que los voluntarios apoyan a los funcionarios en las actividades del despacho porque no cuentan con presupuesto ni personal.

Entre 230 y 250  personas acuden diariamente a la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda para formalizar su inscripción en el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea, que luego de realizarse a través de la web debe validarse en el organismo. Propietarios e inquilinos han cumplido con el registro. El requisito es indispensable para iniciar cualquier tipo de trámite ante el organismo, pero no ha contribuido a agilizar los procesos.

El Nacional
06-08-2013

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Ordenan ocupación de cantera y arenera en Ciudad Caribia

75% de los terrenos en los que se asienta Ciudad Caribia no son aptos para construcciones

Los terrenos serán puestos a la orden de la Misión Vivienda Venezuela, luego que sean evaluados, en el marco del decreto Ley de Emergencias para Terrenos y Vivienda

ENDER RAMÍREZ PADRINO

El Ministerio de Vivienda y Hábitat ordenó la ocupación temporal de varios terrenos entre Caracas, Vargas y Zulia. El anuncio fue publicado en la Gaceta Oficial número 40.220 de fecha 2 de agosto, la cual circula este lunes.

Se trata de la Cantera “Tacagua” y la Arenera “El Topo”, ubicadas en el desarrollo Ciudad Caribia, que se encuentra en la autopista Caracas-La Guaira. Los terrenos serán puestos a la orden de la Misión Vivienda Venezuela, luego que sean evaluados, en el marco del decreto Ley de Emergencias para Terrenos y Vivienda.

En tanto, en el estado Zulia, el ministerio ordenó la ocupación “con urgencia” de las obras de “La Limpia 1” y “La Limpia 2”ubicada en Maracaibo.

El Nacional
05-08-2013

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"No hay cambios de zonificación que desmejoren a los propietarios"

El Instituto de Estudios Regionales y Urbanos (IERU) de la Universidad Simón Bolívar elaboró el PDUL de El Hatillo

El 29 de julio el Concejo Municipal de El Hatillo arrancó el proceso de consulta pública sobre el proyecto de Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que, tras no haber sido admitido en julio de 2012, ahora tiene 60 días continuos para que los residentes del municipio le incorporen sus observaciones y que la Cámara decida luego su aprobación.

"No hay cambios de zonificación que desmejoren a los propietarios", aclara Fernando Ramos, director de Planificación Urbana del municipio sobre un plan que se elaboró durante ocho meses, costó 650 mil bolívares y prevé acabar con la visión de El Hatillo como municipio dormitorio.

-El PDUL ha sido la gran promesa de la actual alcaldesa, ¿para qué servirá?

-Los problemas del municipio son de movilidad, seguridad y presupuesto; para resolver eso, el plan propone cambios en función de un diagnóstico previo. El problema de movilidad tiene que ver con el empleo porque la mayoría sale de El Hatillo para trabajar, de educación porque dos de cada tres niños salen del municipio para ir al colegio y con la falta de vialidades importantes. En el tema de seguridad y presupuesto, el problema fundamental es de recursos, y este tema se resuelve con más centros empleadores que contribuyan desde el punto de vista fiscal. Mucha gente se pregunta ¿cómo se financia el plan? Se financia con esos mismos recursos, cuando tienes 95 mil nuevos empleos implica que debe haber cierto número de empresas y que cada una de ellas paga impuestos.

-¿Cuánto empleo hay hoy?

-Actualmente hay un empleo por cada cinco habitantes y esos 95 mil implicaría que haya un empleo por cada dos habitantes con lo cual no sales, tienes más calidad de vida, no creas conflictos en otros municipios y adicional a eso generas un financiamiento. Nosotros estamos recibiendo entre 30 y 35 millones de bolívares producto de ingresos propios y cuando el plan esté completo estaremos percibiendo casi 240 millones por recaudación.

-El municipio ha crecido desproporcionadamente... ¿Qué se ha hecho en la Alcaldía para darle freno?

-Se aprobaron muchos permisos en los últimos tres meses de la gestión anterior y con los permisos aprobados no se puede hacer nada. Lo que sí logramos hacer con algunos promotores fue explicarles que sus proyectos estaban excedidos y que dejarlos así es pan para hoy y hambre para mañana, que la gente iba a estar hacinada, que las áreas verdes no iban a cumplir. Les hicimos ver que eso era una estafa al municipio y a sus propios compradores y conseguimos racionalizar bastante.

-¿Cuánto se permitió?

-Se aprobaron como 40 mil habitantes, que vienen siendo 15 mil apartamentos. En la gestión de Myriam (Do Nascimento) ha habido poco movimiento y para lo que se ha dado permiso ha sido muy estricto.

Por otra parte, en función del plan, tratamos de que las promotoras diseñaran sus urbanismos de manera de consolidar sus servicios que es lo que no estaba pasando. Y logramos crear pequeñas centralidades (5 en total) que son urbanismos que dentro de ese macro desarrollo tienen un centro donde están los colegios, la iglesia, las áreas deportivas, como complementarias entre sí y que sirven a un conjunto de viviendas y que hemos tratado de ubicarlas de manera tal que no queden metidos dentro de la urbanización sino lo más cercano posible a las vías principales.

-Todo el proyecto implica cambio y la gente generalmente se resiste a eso...

-El plan se vende solo cuando le dices a la gente que hay problemas de movilidad, de presupuesto, que no hay cupos en los colegios, que no tenemos clínicas en El Hatillo. El plan resuelve eso.

-Pero lleva tiempo...

-Esto es un plan a 20 años y él mismo prevé que al final de los primeros cinco se debe evaluar. Yo siento que con todo el proceso de aprobación la gente se va a concienciar un poquito de eso y va a empezar a ver cambios no al día siguiente, pero por ejemplo, siguiendo los lineamientos para este año se deben empezar a construir cuatro nuevos centros educacionales que deberían ofrecer tres mil nuevos cupos para 2014.

-¿Qué hace falta para que esto pase del papel a la realidad?

-Que se apruebe el PDUL que en sí genera sus propios instrumentos financieros porque hay un plan económico priorizado y dolarizado que lo acompaña. Entonces todas esas obras están priorizadas y el próximo alcalde cuando llegue dirá "de mis ingresos, estas son las prioridades" y destinará eso porque habrá áreas comerciales que generaran esos recursos.

-Hay un terreno en La Boyera que ha sido polémico por la construcción de una clínica. En el PDUL la zonificación de la tierra es asistencial aunque los vecinos no están de acuerdo, ¿por qué mantenerlo?

-La Cámara Municipal modificó el uso de asistencial a residencial pero no ha podido oficializar eso por un tema legal que está en tribunales. Estamos convencidos de que lo racional allí es que se mantenga el área residencial pero no creímos propicio que nosotros dijéramos que íbamos a cambiar eso. Hay un momento para hacerlo y es ahora que hay una consulta pública. Estoy seguro de que los vecinos de La Boyera recogerán sus firmas y las llevarán a las Cámara que tendrá una nueva oportunidad, al margen del litigio que hay actualmente, para proponer el cambio.

-En 2012 se le dio un voto de censura y responsabilidad política tras la no admisión del PDUL, ¿qué ha significado eso para usted?

-Nada. Ni me lo han formalizado ni nadie me ha llamado para decirme algo.

-Se construyó un distribuidor vial en la subida a Los Naranjos por el nuevo Sigo. ¿qué cambios representa la estructura para la zona?

-El impacto vial que traerá Sigo ameritaba eso y el municipio pidió que se construyera el distribuidor allí. La obra fue pagada por el promotor en compensación a una deuda que tenía con el municipio.

-¿La estructura al lado para qué servirá?

-Es la nueva sede de la alcaldía de El Hatillo -actualmente se reparte entre el pueblo El Hatillo y La Boyera- y la levanta la promotora dentro del mismo convenio. Estimamos que esté lista en diciembre.

El Universal
05-08-2013

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