Tito Oviedo, diputado a la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes que el pago anual que deberá honrar una persona que viva alquilada corresponderá a 3% del valor real del inmueble, el cual será definido tras una serie de estudios de condición de la vivienda.
Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
La citada ley avanzará mañana en segunda discusión en la plenaria de la AN, reseñó AVN.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble "y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual".
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. "Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley", dijo.
El diputado del PSUV enfatizó que la Ley de Arrendamiento protege por igual los derechos de ambas partes en el alquiler de viviendas y que "no hay ni un sólo artículo donde se vulnere la propiedad de la vivienda".
El Universal
26-09-2011
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Lic. Henry Medina
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martes, 27 de septiembre de 2011
Canon de pago anual de alquiler corresponderá a 3% del valor real del inmueble
Paralización de viviendas en la zona de Guarenas-Guatire | Juan Camacho
Tito Oviedo, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes que el pago anual que deberá honrar una persona que viva alquilada corresponderá a 3% del valor real del inmueble, el cual será definido tras una serie de estudios de condición de la vivienda.
Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble “y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual”.
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. “Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley”, dijo.
Otro de los mecanismos que estipula la Ley de Arrendamiento, cuyos 3 primeros artículos fueron aprobados por el parlamento el martes pasado, es el fondo de protección social, que protegerá de igual manera tanto a arrendatario como a arrendador.
“A este fondo no sólo tienen disponibilidad de acceder los inquilinos, sino también los pequeños propietarios en caso de que se vean afectados por los inquilinos”, expresó Oviedo.
El Nacional
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Tito Oviedo, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes que el pago anual que deberá honrar una persona que viva alquilada corresponderá a 3% del valor real del inmueble, el cual será definido tras una serie de estudios de condición de la vivienda.
Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble “y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual”.
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. “Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley”, dijo.
Otro de los mecanismos que estipula la Ley de Arrendamiento, cuyos 3 primeros artículos fueron aprobados por el parlamento el martes pasado, es el fondo de protección social, que protegerá de igual manera tanto a arrendatario como a arrendador.
“A este fondo no sólo tienen disponibilidad de acceder los inquilinos, sino también los pequeños propietarios en caso de que se vean afectados por los inquilinos”, expresó Oviedo.
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Ley de Arrendamiento es excluyente
mundo-oriental.com.ve
A juicio del parlamentario Marcos Figueroa, la Ley de Arrendamiento e Inquilinato debe ser sometida a un análisis mucho más profundo en el seno de la Asamblea Nacional para reformar ciertos artículos que han generado polémica por lo que se considera un contenido arbitrario que vulnera el derecho a la propiedad de quienes poseen viviendas alquiladas.
Figueroa, quien representa a la organización política regional Dale, señaló que pese a haber logrado su aprobación en una primera discusión, la nueva normativa aun no puede ser refrendada de manera absoluta por la plenaria del parlamento, debido a que “su articulado no puede beneficiar sólo a un sector del sistema de inquilinato nacional”.
“En Venezuela existen unas 800 mil personas en calidad de alquiladas y en tal sentido estamos exigiendo que se garantice el derecho a la propiedad privada pues muchos han invertido en un inmueble que posteriormente usan para que un tercero lo use bajo ciertas condiciones”.
“Aunque consideramos que toda ley es buena pues otorga equilibrio legal a un determinado ámbito o sector, pero en lo que se refiere a esta en particular, tiene varios aspectos que son polémicos y vulneran el derecho de los propietarios”.
Figueroa considera que uno de esos puntos está referido a la morosidad al inquilino, en el que se fijan demasiados plazos para que se salden las cuotas pendientes, lo que a la larga puede generar una confiscación de la propiedad privada.
“A eso se suma el que la protección tanto al arrendador como al arrendatario deja puntos de desequilibrio entre las partes que a la larga no benefician a nadie, por lo que estamos exigiendo que se haga una revisión mucho más profunda de los 142 artículos que conforman esta ley”.
Recalcó que el bloque parlamentario de oposición acordó no aprobar una norma legal que vaya en detrimento o en contra de los derechos civiles.
“Siempre se ha hablado de todo el trabajo que ha hecho el gobierno nacional por el pueblo, pero desde la oposición nos preguntamos por qué entonces no se construyeron las viviendas ofrecidas años atrás y que hubieran servido para aliviar la crisis habitacional, otorgándole soluciones a esas personas que viven en calidad de alquilados”.
El diputado por Anzoátegui indicó que “más que una ley, lo que debe ser tomado en cuenta es la efectividad de este gobierno en ofrecer oportunidades a las clases media y baja de obtener un casa digna a precios populares, para que de este modo el populismo sea verdaderamente efectivo”.
“A eso se suma el que muchos de estos artículos están acabando con el mercado de los alquileres en Venezuela, reduciendo la oferta de inmuebles en un alto porcentaje, por lo que pedimos que se analice nuevamente esta ley, permitiendo la inclusión de todos lo que se vean involucrados, por lo que una vez que se haga este proceso y se tomen en cuenta las consideraciones que hemos presentado, estaremos en disposición de aprobarla, tal como se hizo con la Ley del Deporte”.
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A juicio del parlamentario Marcos Figueroa, la Ley de Arrendamiento e Inquilinato debe ser sometida a un análisis mucho más profundo en el seno de la Asamblea Nacional para reformar ciertos artículos que han generado polémica por lo que se considera un contenido arbitrario que vulnera el derecho a la propiedad de quienes poseen viviendas alquiladas.
Figueroa, quien representa a la organización política regional Dale, señaló que pese a haber logrado su aprobación en una primera discusión, la nueva normativa aun no puede ser refrendada de manera absoluta por la plenaria del parlamento, debido a que “su articulado no puede beneficiar sólo a un sector del sistema de inquilinato nacional”.
“En Venezuela existen unas 800 mil personas en calidad de alquiladas y en tal sentido estamos exigiendo que se garantice el derecho a la propiedad privada pues muchos han invertido en un inmueble que posteriormente usan para que un tercero lo use bajo ciertas condiciones”.
“Aunque consideramos que toda ley es buena pues otorga equilibrio legal a un determinado ámbito o sector, pero en lo que se refiere a esta en particular, tiene varios aspectos que son polémicos y vulneran el derecho de los propietarios”.
Figueroa considera que uno de esos puntos está referido a la morosidad al inquilino, en el que se fijan demasiados plazos para que se salden las cuotas pendientes, lo que a la larga puede generar una confiscación de la propiedad privada.
“A eso se suma el que la protección tanto al arrendador como al arrendatario deja puntos de desequilibrio entre las partes que a la larga no benefician a nadie, por lo que estamos exigiendo que se haga una revisión mucho más profunda de los 142 artículos que conforman esta ley”.
Recalcó que el bloque parlamentario de oposición acordó no aprobar una norma legal que vaya en detrimento o en contra de los derechos civiles.
“Siempre se ha hablado de todo el trabajo que ha hecho el gobierno nacional por el pueblo, pero desde la oposición nos preguntamos por qué entonces no se construyeron las viviendas ofrecidas años atrás y que hubieran servido para aliviar la crisis habitacional, otorgándole soluciones a esas personas que viven en calidad de alquilados”.
El diputado por Anzoátegui indicó que “más que una ley, lo que debe ser tomado en cuenta es la efectividad de este gobierno en ofrecer oportunidades a las clases media y baja de obtener un casa digna a precios populares, para que de este modo el populismo sea verdaderamente efectivo”.
“A eso se suma el que muchos de estos artículos están acabando con el mercado de los alquileres en Venezuela, reduciendo la oferta de inmuebles en un alto porcentaje, por lo que pedimos que se analice nuevamente esta ley, permitiendo la inclusión de todos lo que se vean involucrados, por lo que una vez que se haga este proceso y se tomen en cuenta las consideraciones que hemos presentado, estaremos en disposición de aprobarla, tal como se hizo con la Ley del Deporte”.
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Discusión de Ley de Arrendamientos continuará este martes
La Asamblea Nacional (AN) convocó para este martes 27 de septiembre a las 2:00 de la tarde, una sesión ordinaria para continuar la segunda discusión la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos.
El orden del día para este 27 de septiembre incluirá la consideración del proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo que autoriza la Constitución y Administración de una Empresa Mixta entre Corporación Venezolana de Petróleo S.A y la empresa Odebrecht E&P España.
El Parlamento también discutirá la aprobación de un crédito adicional para el Ministerio de Comunicación e Información por la cantidad de 24 millones 292 mil 935 Bolívares.
El Nacional
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El orden del día para este 27 de septiembre incluirá la consideración del proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo que autoriza la Constitución y Administración de una Empresa Mixta entre Corporación Venezolana de Petróleo S.A y la empresa Odebrecht E&P España.
El Parlamento también discutirá la aprobación de un crédito adicional para el Ministerio de Comunicación e Información por la cantidad de 24 millones 292 mil 935 Bolívares.
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Acusan al Gobierno de ocultar cifra de construcción de casas
La decisión del Banco Central de Venezuela (BCV) de no publicar el número de viviendas que se construyeron durante el segundo trimestre de 2011 solo tiene una explicación para Primero Justicia: No admitir que la meta prevista para este año, de 155 mil casas, no será cumplida.
La afirmación la hizo el coordinador nacional del partido opositor, el diputado Julio Borges, durante su tradicional rueda de prensa de los domingos, en la cual informó que esa organización ha contabilizado que en lo que va del año se han entregado apenas 19.842 unidades.
"Continuamos con nuestra Operación Lupa, revisando en detalle las constantes promesas del Gobierno, para abrirle los ojos a los venezolanos que todavía creen que en poco más de un año va a cumplir lo que no hizo en 13", dijo, al tiempo que denunció que el Ejecutivo pretende distraer la atención de este nuevo incumplimiento realizando constantes anuncios de nuevas inauguraciones.
"¿Cuántas veces han dicho que ahora si están entregando viviendas en Ciudad Caribia? ¿Cuántas veces nos han asegurado que están otorgándole viviendas a los damnificados en Ciudad Belén? ¿Cuántas veces nos han repetido los acuerdos con China, Rusia o Irán para construir miles de viviendas y nunca terminan de arrancar? ¿Cuántas veces nos han dicho que se construirán miles de Petrocasas?", se preguntó el parlamentario.
Las autoridades sostienen que han logrado entregar 44 mil de las 47 mil viviendas pautadas. Sin embargo, Borges recordó que para cumplir la meta original a este momento ya deberían estar concluidas 112 mil.
"¿A quién pretenden engañar? ¿Quién se come el cuento que ahora cualquier pinturita que le echen a una vivienda en algún barrio cuenta como una vivienda nueva para paliar el déficit habitacional?", remató.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que la actual administración es la que menos casas ha edificado en los últimos cuarenta años, pese a la gran cantidad de dinero que ha manejado.
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La afirmación la hizo el coordinador nacional del partido opositor, el diputado Julio Borges, durante su tradicional rueda de prensa de los domingos, en la cual informó que esa organización ha contabilizado que en lo que va del año se han entregado apenas 19.842 unidades.
"Continuamos con nuestra Operación Lupa, revisando en detalle las constantes promesas del Gobierno, para abrirle los ojos a los venezolanos que todavía creen que en poco más de un año va a cumplir lo que no hizo en 13", dijo, al tiempo que denunció que el Ejecutivo pretende distraer la atención de este nuevo incumplimiento realizando constantes anuncios de nuevas inauguraciones.
"¿Cuántas veces han dicho que ahora si están entregando viviendas en Ciudad Caribia? ¿Cuántas veces nos han asegurado que están otorgándole viviendas a los damnificados en Ciudad Belén? ¿Cuántas veces nos han repetido los acuerdos con China, Rusia o Irán para construir miles de viviendas y nunca terminan de arrancar? ¿Cuántas veces nos han dicho que se construirán miles de Petrocasas?", se preguntó el parlamentario.
Las autoridades sostienen que han logrado entregar 44 mil de las 47 mil viviendas pautadas. Sin embargo, Borges recordó que para cumplir la meta original a este momento ya deberían estar concluidas 112 mil.
"¿A quién pretenden engañar? ¿Quién se come el cuento que ahora cualquier pinturita que le echen a una vivienda en algún barrio cuenta como una vivienda nueva para paliar el déficit habitacional?", remató.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que la actual administración es la que menos casas ha edificado en los últimos cuarenta años, pese a la gran cantidad de dinero que ha manejado.
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Reforma legal amplía control estatal en mercado de alquileres
Los incumplimientos a la Ley de Alquileres implicarán multas hasta 1.000 unidades tributarias y en algunos casos se podrá expropiar
La Asamblea inició esta semana la revisión a la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que le garantiza al Estado establecer más controles en el mercado de alquileres.
La exposición de motivos de ese instrumento señala que "la ley no trata de eliminar el arrendamiento, sino lograr su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para el arrendamiento justo".
Luego en los fines supremos del alquiler, el texto reitera que uno de los objetivos que "se tiene es promover el arrendamiento socialmente responsable. Combatir el acaparamiento, la desocupación y la mercantilización de las viviendas".
El proyecto presenta nuevos términos para los contratos de alquiler. Esos acuerdos deberán firmarse por tres años y la renta que cobrarán los propietarios será determinada por la Superintendencia de Arrendamiento, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
En los fines del arrendamiento se detalla que "los cánones estarán dirigidos principalmente a cubrir gastos por deterioros y costos administrativos producto de las relaciones arrendaticias". La ganancia será 3% anual, que podrá ser revisada por el Ejecutivo, cuando lo considere necesario.
Ese texto, que está en segunda discusión, contempla que los dueños de los inmuebles al momento de alquilar tienen que mantener en buenas condiciones las viviendas.
Los incumplimientos al texto implicarán multas de 50 a 1.000 unidades tributarias y si reinciden en las faltas esas multas se duplicarán y en ciertos casos se llegará a las expropiaciones, si los dueños tienen más de cinco inmuebles.
El Universal
25-09-2011
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La exposición de motivos de ese instrumento señala que "la ley no trata de eliminar el arrendamiento, sino lograr su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para el arrendamiento justo".
Luego en los fines supremos del alquiler, el texto reitera que uno de los objetivos que "se tiene es promover el arrendamiento socialmente responsable. Combatir el acaparamiento, la desocupación y la mercantilización de las viviendas".
El proyecto presenta nuevos términos para los contratos de alquiler. Esos acuerdos deberán firmarse por tres años y la renta que cobrarán los propietarios será determinada por la Superintendencia de Arrendamiento, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
En los fines del arrendamiento se detalla que "los cánones estarán dirigidos principalmente a cubrir gastos por deterioros y costos administrativos producto de las relaciones arrendaticias". La ganancia será 3% anual, que podrá ser revisada por el Ejecutivo, cuando lo considere necesario.
Ese texto, que está en segunda discusión, contempla que los dueños de los inmuebles al momento de alquilar tienen que mantener en buenas condiciones las viviendas.
Los incumplimientos al texto implicarán multas de 50 a 1.000 unidades tributarias y si reinciden en las faltas esas multas se duplicarán y en ciertos casos se llegará a las expropiaciones, si los dueños tienen más de cinco inmuebles.
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Reportan importación de cabillas desde territorio colombiano
El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción del estado Lara (Suticel), Héctor Contreras, señaló que el Gobierno nacional ha permitido la importación de cabillas provenientes de Colombia y otras latitudes vecinas.
El dirigente sindical repudió esta situación, por cuanto el país cuenta con suficientes recursos naturales, infraestructura y profesionales especializados en el área minera, para la explotación y procesamiento del hierro.
"Estamos importando cabilla desde Colombia. Eso está sonando mucho entre los trabajadores. Nos duele ver todo lo que está ocurriendo con el país. La naturaleza nos ha dotado de muchos recursos, pero se han manejado de una manera inadecuada".
Recientemente, trabajadores de Sidetur alegaron que los motivos de la escasez de cabillas se debía al desvío de la mercancía a mercados internacionales.
En este sentido, resulta inaceptable que la producción nacional se consolide en territorio extranjero, mientras el Ejecutivo recurre a la importación para cubrir a medias la demanda local. "Quienes aplaudían las expropiaciones de las empresas mineras hace tres o cuatro años, hoy se lamentan. Hay un malestar generalizado. En las últimas elecciones sindicales, la oposición ha ganado casi todos los puestos en estas organizaciones gubernamentales".
Metas fantasiosas
Explico Contreras que los obreros son los primeros que se "alegran" cuando un vocero del Gobierno, anuncia el inicio de un proyecto.
"Cada vez que prometen una construcción, sentimos mucha esperanza porque tenemos grandes necesidades de empleo. En este momento, se ha multiplicado la visita de obreros a los portones, buscando de puerta en puerta un lugar donde conseguir el sustento".
El dirigente sindical aprovechó la ocasión para solicitar el reinicio de las obras en las Torres del Sisal, por cuanto desde el año pasado fue entregado el 30% de los recursos. "Sabemos que cambian las cabillas, pero no comienzan las obras. A duras penas entregaron los apartamentos en Los Jabillos. Vienen adelantando el Rancho cinco A, están apenas en el proceso de estructura. ¿Para cuándo estará listo eso?, sólo Dios sabe".
La entrega de viviendas pre-fabricadas, dijo, es una solución para quienes viven en ranchos. Sin embargo, urge la reactivación de planes que beneficien a mayor cantidad de personas.
"Sabemos que en el estado Lara hay entre 14 mil a 16 mil personas que dependen del área de construcción. De ese lote, un 75% está en la calle, sin trabajo. Puede ser que alguna persona contrate a un albañil para ciertas remodelaciones, pero no se considera eso un trabajo formal porque no tiene ningún tipo de beneficio socioeconómico".
De allí deriva la importancia de que el Ejecutivo invierta en la planificación y ejecución de proyectos. "Estamos cerca de diciembre y la gente está desesperada porque no consigue trabajo.
Hay que industrializar el proceso y traer los sistemas de montaje. El sistema tradicional es muy lento y debemos multiplicar el trabajo".
EL IMPULSO
Fecha: 25-09-2011
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El dirigente sindical repudió esta situación, por cuanto el país cuenta con suficientes recursos naturales, infraestructura y profesionales especializados en el área minera, para la explotación y procesamiento del hierro.
"Estamos importando cabilla desde Colombia. Eso está sonando mucho entre los trabajadores. Nos duele ver todo lo que está ocurriendo con el país. La naturaleza nos ha dotado de muchos recursos, pero se han manejado de una manera inadecuada".
Recientemente, trabajadores de Sidetur alegaron que los motivos de la escasez de cabillas se debía al desvío de la mercancía a mercados internacionales.
En este sentido, resulta inaceptable que la producción nacional se consolide en territorio extranjero, mientras el Ejecutivo recurre a la importación para cubrir a medias la demanda local. "Quienes aplaudían las expropiaciones de las empresas mineras hace tres o cuatro años, hoy se lamentan. Hay un malestar generalizado. En las últimas elecciones sindicales, la oposición ha ganado casi todos los puestos en estas organizaciones gubernamentales".
Metas fantasiosas
Explico Contreras que los obreros son los primeros que se "alegran" cuando un vocero del Gobierno, anuncia el inicio de un proyecto.
"Cada vez que prometen una construcción, sentimos mucha esperanza porque tenemos grandes necesidades de empleo. En este momento, se ha multiplicado la visita de obreros a los portones, buscando de puerta en puerta un lugar donde conseguir el sustento".
El dirigente sindical aprovechó la ocasión para solicitar el reinicio de las obras en las Torres del Sisal, por cuanto desde el año pasado fue entregado el 30% de los recursos. "Sabemos que cambian las cabillas, pero no comienzan las obras. A duras penas entregaron los apartamentos en Los Jabillos. Vienen adelantando el Rancho cinco A, están apenas en el proceso de estructura. ¿Para cuándo estará listo eso?, sólo Dios sabe".
La entrega de viviendas pre-fabricadas, dijo, es una solución para quienes viven en ranchos. Sin embargo, urge la reactivación de planes que beneficien a mayor cantidad de personas.
"Sabemos que en el estado Lara hay entre 14 mil a 16 mil personas que dependen del área de construcción. De ese lote, un 75% está en la calle, sin trabajo. Puede ser que alguna persona contrate a un albañil para ciertas remodelaciones, pero no se considera eso un trabajo formal porque no tiene ningún tipo de beneficio socioeconómico".
De allí deriva la importancia de que el Ejecutivo invierta en la planificación y ejecución de proyectos. "Estamos cerca de diciembre y la gente está desesperada porque no consigue trabajo.
Hay que industrializar el proceso y traer los sistemas de montaje. El sistema tradicional es muy lento y debemos multiplicar el trabajo".
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