(Créditos: Orlando Alviárez)
En medio de la conversación, Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aclara que las cifras que cita corresponden a los informes que, periódicamente, publica el Banco Central de Venezuela. Se trata, pues, de cifras oficiales. Hay una escasez persistente de insumos como cabillas y cemento, indispensables para la construcción de viviendas, y no hay una respuesta creíble de por qué ocurre algo así, ante la decisión del Gobierno de nacionalizar las empresas cementeras y la industria del acero en 2008. "Cuando la consigas, me avisas", advierte Martini Pietri.
Para finales de agosto, se había construido 44 mil viviendas, 12 mil de ellas corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. "¿Dime tú como vamos a llegar a las 130 mil (que ofreció el presidente Chávez) para este año?". Hay muchas interrogantes, pero pocas respuestas. La meta de cubrir el déficit en cinco años supone una idea volumétrica tan asombrosa como increíble: ocho y media veces Caracas. "Por Dios, eso no se puede hacer de la noche a la mañana (…) y menos sin una política de Estado".
De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela, la construcción del sector público aumentó en 1,9%, mientras que la del sector privado retrocedió 8,4%. ¿Qué hay detrás de ese dato?
Esa cifra registra un crecimiento de la infraestructura en el sector petrolero y también en el sector eléctrico, aunque en menor medida. Pero en el sector privado, que básicamente tiene que ver con vivienda, hubo una caída de más de 8%. De hecho, el de la vivienda fue el único sector que cayó en el informe semestral del BCV. Uno de los grandes factores que explica esa caída fue la poca disponibilidad de insumos.
El Gobierno estatizó las empresas cementeras y del acero para disponer, justamente, de insumos que le permitieran abastecer el mercado interno. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, cuando consigas la respuesta, me avisas. Ciertamente, en 2008, el Gobierno nacionalizó o expropió la industria del cemento y del acero, bajo el argumento de que esos sectores son estratégicos para el desarrollo nacional. La realidad es que la industria del cemento cayó un poco más de 14% en 2010 y la industria del acero en más de 27%. Si bien influyó el problema eléctrico, el informe del BCV también habla de problemas de producción, de la falta de inversión en el sector. La regulación de precios de estos insumos significa que cuesta más venderlos que producirlos y eso lleva a lo que hemos visto en los últimos meses: mafias que trafican con cabillas, porque el diferencial entre lo que se comercializa en Venezuela y en otras partes es muy alto.
¿El Gobierno está atrapado en su propia política de congelación de precios?
Creo que eso aplica a todo; cuando tienes un bien con el precio congelado y una inflación anual que fluctúa entre 25% y 30%, y además pretendes que las cosas no aumenten, lo que va a ocurrir, en la práctica, es que se genera una escasez. La gran información de primera página de los periódicos es que la inflación de lo que está regulado alcanzó entre 15% y 16%.
Otro dato relevante refiere al número de viviendas paralizadas (135%). Un indicador muy grueso, ¿qué hay detrás de esa cifra?
Lo que hay es una incomprensión de la realidad. ¿Qué pasó en el sector vivienda? En Venezuela se construyeron alrededor de 8 mil viviendas en 2005, entre el sector privado y el sector público. Hago la diferenciación porque históricamente el sector privado aporta el 75% de las viviendas. No ahora, sino en todos los gobiernos. El otro 25% corresponde también, en su gran mayoría, a empresas privadas contratadas por gobernaciones y alcaldías. Ante esa crisis se promulgó la Ley de Política Habitacional, los subsidios y el fondo de ahorro. Incentivos que estimularon la construcción hasta el punto de que en 2009 llegamos a más de 90 mil viviendas.
¿Qué pasó en el camino?
Lo primero fue que en 2008 nacionalizaron la industria del cemento y de la cabilla. En noviembre de ese año se regula el cobro del ÍPC. ¿Qué era el ÍPC? Según cifras del BCV, entre el momento en que comienza y concluye una vivienda media un plazo de cinco años. En algún lado se percibió que estas construcciones se estaban atrasando y, lamentablemente, no se advirtió la realidad, que el problema obedecía a la escasez de insumos. En 2009 se elimina el ÍPC, lo que genera una gran distorsión económica, porque en el saldo deudor -lo que me debían a mí los compradores- no puedo ajustar la vivienda, aunque los insumos siguen subiendo. La distorsión es de tal magnitud que, en octubre de 2010, se comienza a hablar de la gran estafa inmobiliaria. Se vende la idea de que los productores son unos pillos que atrasan la entrega de viviendas para cobrar el ÍPC; que su cobro era ilegal, cuando hay una resolución que lo regula y otra que lo elimina y de hecho se sigue peleando en el TSJ; finalmente, se crea la expectativa de que el Gobierno va a resolver el problema.
Hubo casos, algunos visibles, no sólo de equivocaciones, sino de un manejo irresponsable en este tema. ¿Pagaron justos por pecadores?
Sin duda, sin duda. Pero ¿cómo ha debido resolverse este asunto? Tú no puedes agarrar a los viviendistas tradicionales del país y porque alguien haya cometido un hecho doloso, vamos a llevarlo hasta ese extremo, bueno, los metes en un mismo saco y los conviertes en unos hampones.
¿Y qué es lo que está pasando? Que a muchos los expusieron al escarnio público y no se advirtió la verdadera dimensión del problema.
¿El balance de todo esto son las 18 mil viviendas que se construyeron en 2010?
No, el balance es más profundo. A muchos, repito, los sometieron al escarnio público y no ha habido un tribunal que haya sentenciado como estafadores a esta gente, que está huyendo o está presa. El balance es que 10 meses después estos edificios, que deberían estar listos, hoy están paralizados. ¡No es así! Lo que debió hacerse es agarrar al que infligió la ley y castigarlo. Y sentarse con los otros para ver lo que está pasando.
Recientemente, el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, advirtió que trabajar con el Gobierno no era viable en medio de la diatriba política. ¿Qué diría de la interlocución con el Gobierno?
Lamentablemente, en el Gobierno afirman que si no estás con ellos, estás en contra de ellos. Eso no lo está inventando Aquiles Martini, son palabras de nuestro propio presidente Chávez. La realidad es que el sector privado ha sido execrado de una manera importante, bueno, por las razones que tenga haber el Gobierno. Eso ha conducido a los resultados donde nos encontramos actualmente. La Gran Misión Vivienda, de acuerdo con cifras del Presidente, ha producido 44 mil viviendas, de las cuales 12 mil corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. Se trata de un programa que ya tiene tiempo y que es muy loable, porque dignifica a las personas que viven en condiciones muy precarias. Pero no tiene nada que ver con los supuestos iniciales de esa misión, de lograr viviendas nuevas para superar el déficit. Si al cierre de agosto llegamos a 30 mil viviendas, ¿dime tú cómo vamos a llegar a 130 mil a fin de año?
¿Cómo queda el sector privado en la Gran Misión Vivienda?
El sector privado está execrado, perdóname. Vuelvo a lo mismo, el Gobierno ha dicho que todas las cabillas son para esa misión, para el sector privado, no. Y algo similar puede decirse del cemento. Actualmente, muchos de los recursos que hay en los fondos de ahorros y en las carteras hipotecarias de los bancos son para la Misión Vivienda.
Paradójicamente, no estamos tan mal como en 2005.
No, no estamos tan mal. Pero vamos para allá, lamentablemente. Este es el Gobierno que produce menos vivienda por cada mil habitantes en la historia de Venezuela. El promedio anual era de 60 mil viviendas anuales desde la época de Betancourt hasta el segundo gobierno de Caldera. En la gestión del presidente Chávez, el promedio es de 29 mil viviendas, sector público y privado. Antes éramos entre 18 y 20 millones de habitantes; ahora somos entre 28 y 30 millones.
El Gobierno se ha trazado la meta de construir 2 millones de viviendas en cinco años. ¿Eso es posible?
Para que tengas una idea volumétrica de lo que significa eso: son 108 mil hectáreas de terrenos que hay que urbanizar. Caracas tiene 12 mil hectáreas. Entonces, hay que hacer, en ese lapso, ocho Caracas y media. Eso no es viable. No hay electricidad, no hay vialidades, no hay agua potable. Por Dios, eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que definir dónde vamos a meter esas viviendas, hacia dónde va a crecer el país y para necesitas una política de Estado.
¿Qué hace falta para definir esa política?
Primero, que el Gobierno entienda que tenemos que estar todos involucrados; el Gobierno no es de un grupo de venezolanos, sino de todos los venezolanos y el presidente Chávez es mi presidente, así me guste o no lo que haga. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, así como puedo estar de acuerdo en otras, ojo, pero es mi Presidente y tengo que convencerlo a él de que no es excluyendo que vamos a construir la Venezuela del futuro.
¿Se han reunido con el ministro de Vivienda y Hábitat?
No, no hay forma ni manera de que nos reunamos con algún ente del Gobierno, porque no nos quieren hablar. Yo me empeño, mira que me he empeñado. Ahora estoy en la Asamblea Nacional, discutiendo la Ley de Arrendamiento. Por fin me saludo con el diputado (Diosdado) Cabello; hay esa cortesía en la Comisión de Administración y Servicios de la AN. Pero realmente no hay comunicación. No de Aquiles Martini, porque finalmente, Aquiles Martini es un fulano que preside temporalmente un gremio. No, es con la institución y con lo que significa los gremios empresariales.
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11-09-2011
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martes, 13 de septiembre de 2011
"Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado"
Navarro cree que el anteproyecto de ley que discute la Asamblea Nacional quebrantará la voluntad de las partes OSWER DÍAZ MIRELES
Su experiencia en materia de inquilinato y defensoría judicial la llevó a crear el pasado 12 de agosto la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler (RPVA), organización que defiende a dueños que buscan recuperar sus inmuebles privados luego de arrendarlos.
María Elena Navarro, abogado y vocera principal de la RPVA, unió a más de 400 dueños de viviendas en Caracas y el interior del país que rechazan el anteproyecto de Ley de Arrendamiento que se discute en la Asamblea Nacional por considerarlo desequilibrado.
¿Por qué fue necesario crear una red para proteger la propiedad privada?
-Porque el Ejecutivo aprobó una ley que impide los desalojos de viviendas en alquiler y está discutiendo un anteproyecto de Ley de Arrendamiento que solo beneficia a los inquilinos e impone multas a los dueños de viviendas que tuvieron que alquilarlas para sobrevivir o atender emergencias médicas de familiares. Esas medidas hoy tienen paralizadas 40 mil sentencias definitivas en Caracas y el resto del país de inquilinos que incumplieron la ley en años anteriores y que debieron entregar casas privadas.
¿Cuántos propietarios de inmuebles privados están afectados en Caracas tras la prohibición de los desalojos?
-Hasta este mes tenemos 210 propietarios en la capital con inconvenientes. Sus inquilinos se han apoderado de sus viviendas por completo, rechazan la entrega del inmueble y hasta se retrasan en el pago de los alquileres porque saben que no los pueden desalojar. En otro estados manejamos 200 casos más de inquilinos que evitan una conciliación y entrega de inmuebles privados.
¿Cómo canalizan las denuncias de los propietarios?
- Los orientamos en materia jurídica para que se defiendan y denuncien las irregularidades de los inquilinos. Se trata de perder el miedo y de luchar por una Ley de Arrendamiento equilibrada, y de derogar la Ley contra Desalojos porque luego nadie querrá arrendar inmuebles en el país. De las 210 denuncias que manejamos apenas llevamos un caso resuelto. Incluso asistimos a las discusiones en la Asamblea Nacional para que se modifiquen artículos que perjudican a dueños de inmuebles de los barrios (70%) y de clase media.
En qué los perjudica el anteproyecto de Ley de Arrendamiento?
- Será un marco legal que quebrantará la voluntad de las partes. Impide los depósitos que garantizan el pago de daños por parte de inquilinos, desecha los desalojos y hace que se enfrenten inquilinos y propietarios. Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado. Es su inversión y debe respetarse. Hay casos en que los inquilinos no pagan condominio y los daños a las viviendas. El propietario que desee vender el inmueble debe someterse a un descuento anual de 2% por años de arrendamiento. Su inversión a diez años se depreciaría 20% en un país con alta inflación. Por eso 2,5 millones de inmuebles salieron del mercado de alquileres. Hoy tenemos 750 mil personas en condición de alquiler en el país.
¿Qué otras cosas regulará el marco legal?
- Los contratos y el canon de arrendamiento. Un registro de viviendas de alquiler obligado que terminará generando un mercado negro directo. El canon de arrendamiento en los barrios se reducirá. Lo más preocupante es falta de voluntad de las partes en las causales de desalojos por no pagar el alquiler. Y el rechazo de inquilinos a que familiares o parientes de segundo grado ocupen viviendas heredadas por sus padres. También se irrespeta a los adultos mayores, como el caso de los Kleinbergs, quienes viven en un auto prestado.
¿Qué debe incluir la nueva Ley de Arrendamiento?
-Normas donde los inquilinos respondan por los daños del inmueble, que paguen alquiler de acuerdo al valor de la vivienda y a tiempo. Eliminar los contratos a tres años y reducir el tiempo para desalojos. Eliminar los porcentajes de depreciación y la medida que exige que el propietario debe buscarle un albergue a su inquilino para que se mude. Las nuevas parejas e inquilinos no tendrán donde arrendar en Caracas. Evitar los contratos condicionados por el Estado. Evitar análisis médicos para devolver viviendas y la reducción de alquileres, e impedir la violencia entre las partes con esa ley.
El Universal
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Su experiencia en materia de inquilinato y defensoría judicial la llevó a crear el pasado 12 de agosto la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler (RPVA), organización que defiende a dueños que buscan recuperar sus inmuebles privados luego de arrendarlos.
María Elena Navarro, abogado y vocera principal de la RPVA, unió a más de 400 dueños de viviendas en Caracas y el interior del país que rechazan el anteproyecto de Ley de Arrendamiento que se discute en la Asamblea Nacional por considerarlo desequilibrado.
¿Por qué fue necesario crear una red para proteger la propiedad privada?
-Porque el Ejecutivo aprobó una ley que impide los desalojos de viviendas en alquiler y está discutiendo un anteproyecto de Ley de Arrendamiento que solo beneficia a los inquilinos e impone multas a los dueños de viviendas que tuvieron que alquilarlas para sobrevivir o atender emergencias médicas de familiares. Esas medidas hoy tienen paralizadas 40 mil sentencias definitivas en Caracas y el resto del país de inquilinos que incumplieron la ley en años anteriores y que debieron entregar casas privadas.
¿Cuántos propietarios de inmuebles privados están afectados en Caracas tras la prohibición de los desalojos?
-Hasta este mes tenemos 210 propietarios en la capital con inconvenientes. Sus inquilinos se han apoderado de sus viviendas por completo, rechazan la entrega del inmueble y hasta se retrasan en el pago de los alquileres porque saben que no los pueden desalojar. En otro estados manejamos 200 casos más de inquilinos que evitan una conciliación y entrega de inmuebles privados.
¿Cómo canalizan las denuncias de los propietarios?
- Los orientamos en materia jurídica para que se defiendan y denuncien las irregularidades de los inquilinos. Se trata de perder el miedo y de luchar por una Ley de Arrendamiento equilibrada, y de derogar la Ley contra Desalojos porque luego nadie querrá arrendar inmuebles en el país. De las 210 denuncias que manejamos apenas llevamos un caso resuelto. Incluso asistimos a las discusiones en la Asamblea Nacional para que se modifiquen artículos que perjudican a dueños de inmuebles de los barrios (70%) y de clase media.
En qué los perjudica el anteproyecto de Ley de Arrendamiento?
- Será un marco legal que quebrantará la voluntad de las partes. Impide los depósitos que garantizan el pago de daños por parte de inquilinos, desecha los desalojos y hace que se enfrenten inquilinos y propietarios. Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado. Es su inversión y debe respetarse. Hay casos en que los inquilinos no pagan condominio y los daños a las viviendas. El propietario que desee vender el inmueble debe someterse a un descuento anual de 2% por años de arrendamiento. Su inversión a diez años se depreciaría 20% en un país con alta inflación. Por eso 2,5 millones de inmuebles salieron del mercado de alquileres. Hoy tenemos 750 mil personas en condición de alquiler en el país.
¿Qué otras cosas regulará el marco legal?
- Los contratos y el canon de arrendamiento. Un registro de viviendas de alquiler obligado que terminará generando un mercado negro directo. El canon de arrendamiento en los barrios se reducirá. Lo más preocupante es falta de voluntad de las partes en las causales de desalojos por no pagar el alquiler. Y el rechazo de inquilinos a que familiares o parientes de segundo grado ocupen viviendas heredadas por sus padres. También se irrespeta a los adultos mayores, como el caso de los Kleinbergs, quienes viven en un auto prestado.
¿Qué debe incluir la nueva Ley de Arrendamiento?
-Normas donde los inquilinos respondan por los daños del inmueble, que paguen alquiler de acuerdo al valor de la vivienda y a tiempo. Eliminar los contratos a tres años y reducir el tiempo para desalojos. Eliminar los porcentajes de depreciación y la medida que exige que el propietario debe buscarle un albergue a su inquilino para que se mude. Las nuevas parejas e inquilinos no tendrán donde arrendar en Caracas. Evitar los contratos condicionados por el Estado. Evitar análisis médicos para devolver viviendas y la reducción de alquileres, e impedir la violencia entre las partes con esa ley.
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Empresas constructoras buscan clientes en Venezuela
Al país han llegado cerca de 60 compañías y 12.000 empresarios venezolanos y sus familias, que demandan vivienda. Foto: Archivo Portafolio.co
El país se volvió atractivo para los inversores de la nación vecina, que quieren invertir o vivir acá.
La construcción de vivienda en Venezuela, que según el Colegio de Ingenieros de ese país “está condicionada a factores que impiden un desarrollo sostenible del sector”, motivó al grupo Casa Propia Colombia (CPC) a reforzar su estrategia comercial para atraer a los potenciales compradores de oferta residencial, principalmente de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.
“Colombia experimenta un boom inmobiliario importante, especialmente en estas capitales, y la inversión en este mercado tiene márgenes de rentabilidad sostenidos superiores a 10 por ciento anual, en promedio, lo que hace del negocio una oportunidad para aprovechar”, dijo Margarita Restrepo, gerente general de CPC, organización conformada por las constructoras Colpatria, Marval, Pedro Gómez y Cía., Amarilo, y Construcciones Felipe Calderón y Asociados.
Precisamente, CPC realizó este fin de semana una ronda de asesorías gratuitas en Caracas. Según Restrepo, el portafolio de opciones incluyó 118 proyectos inmobiliarios de 13 ciudades colombianas, con precios entre 75.000 y 800.000 dólares.
Aunque hubo un alto componente de vivienda, los asistentes venezolanos también demandaron orientación sobre otros segmentos que les interesan, entre ellos, los locales comerciales, cuyos alquileres, según Restrepo, han tenido importantes incrementos que justifican una inversión en Colombia.
“La Zona Rosa de Bogotá es ejemplo de ello; es el tercer barrio comercial más cotizado en América Latina (70 dólares por metro cuadrado), superado por la calle Florida de Buenos Aires y la calle Oscar Freire de Sao Paulo, Brasil”, agregó Restrepo.
Portafolio.co
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“Colombia experimenta un boom inmobiliario importante, especialmente en estas capitales, y la inversión en este mercado tiene márgenes de rentabilidad sostenidos superiores a 10 por ciento anual, en promedio, lo que hace del negocio una oportunidad para aprovechar”, dijo Margarita Restrepo, gerente general de CPC, organización conformada por las constructoras Colpatria, Marval, Pedro Gómez y Cía., Amarilo, y Construcciones Felipe Calderón y Asociados.
Precisamente, CPC realizó este fin de semana una ronda de asesorías gratuitas en Caracas. Según Restrepo, el portafolio de opciones incluyó 118 proyectos inmobiliarios de 13 ciudades colombianas, con precios entre 75.000 y 800.000 dólares.
Aunque hubo un alto componente de vivienda, los asistentes venezolanos también demandaron orientación sobre otros segmentos que les interesan, entre ellos, los locales comerciales, cuyos alquileres, según Restrepo, han tenido importantes incrementos que justifican una inversión en Colombia.
“La Zona Rosa de Bogotá es ejemplo de ello; es el tercer barrio comercial más cotizado en América Latina (70 dólares por metro cuadrado), superado por la calle Florida de Buenos Aires y la calle Oscar Freire de Sao Paulo, Brasil”, agregó Restrepo.
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El Parlamento radicaliza la ley de arrendamiento
Los artículos del proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda aprobados hasta ahora por la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional son mucho menos equilibrados que los presentados por la Red Metropolitana de Inquilinos en marzo.
"La duración de los contratos de arrendamientos regulados por la presente ley será libremente acordada por las partes", decía el artículo 46 del proyecto original. La disposición aprobada fija un plazo mínimo de 3 años, a menos que el inquilino decida rescindirlo antes, en cuyo caso no tendrá que pagar los cánones restantes ni indemnización.
El artículo 54 limitaba la subrogación del contrato por muerte del arrendatario a familiares hasta segundo grado de consanguinidad que hubieran convivido habitualmente en el inmueble antes de que la persona falleciera. Lo aprobado por la Comisión extiende ese derecho a cualquier ocupante de la vivienda que pruebe una permanencia pacífica y continua en ella.
La disposición 117 proponía que el inquilino acusado de falta de pago perdiera los derechos consagrados en la ley y fuera demandado por el procedimiento breve fijado en el Código Civil. El artículo aprobado le permite llegar a una conciliación con el propietario si abona las mensualidades atrasadas. "Dicho pago no se tendrá como extemporáneo", agrega.
La instancia parlamentaria eliminó, además, el segundo capítulo del proyecto de ley, que definía las garantías que el arrendador podía solicitar al inquilino. Allí se indicaba que el depósito no podía exceder del equivalente a dos meses de alquiler y debía ser guardado en una cuenta bancaria. El dinero y los intereses generados serían devueltos al arrendatario al término del contrato.
Proyecto mejorado. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos han advertido en varias ocasiones sobre los desequilibrios que caracterizan al proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, creada recientemente para agrupar a arrendadores de sectores populares, también critica la legislación porque generará anarquía y acabará con la oferta. Exige una ley que sea más equilibrada.
Rigel Sergent, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, respalda los cambios y destaca que fueron realizados con la participación de asociaciones de arrendatarios de todo el país. "Creemos que se ha mejorado la propuesta inicial que introdujimos en la Asamblea Nacional", dijo.
Sergent afirmó que los propietarios de viviendas también han intervenido en las discusiones. "Todas las partes han sido escuchadas. Evidentemente los grandes arrendadores, que utilizan el alquiler como un negocio y no como un medio de subsistencia, no van a estar a favor de la regulación".
Agregó que los pequeños arrendadores definidos como los que alquilan una o dos unidades de vivienda no tienen razones para preocuparse.
"La ley les garantiza el derecho de propiedad y señala los mecanismos para que recuperen sus inmuebles".
Sergent descartó que la normativa incentive la falta de pago de los inquilinos. "La persona que no cancele será desalojada. Y los procedimientos serán más expeditos, de manera que los arrendadores no tendrán que esperar tres años, que es la prórroga establecida en la ley vigente".
El Nacional
10-09-2011
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"La duración de los contratos de arrendamientos regulados por la presente ley será libremente acordada por las partes", decía el artículo 46 del proyecto original. La disposición aprobada fija un plazo mínimo de 3 años, a menos que el inquilino decida rescindirlo antes, en cuyo caso no tendrá que pagar los cánones restantes ni indemnización.
El artículo 54 limitaba la subrogación del contrato por muerte del arrendatario a familiares hasta segundo grado de consanguinidad que hubieran convivido habitualmente en el inmueble antes de que la persona falleciera. Lo aprobado por la Comisión extiende ese derecho a cualquier ocupante de la vivienda que pruebe una permanencia pacífica y continua en ella.
La disposición 117 proponía que el inquilino acusado de falta de pago perdiera los derechos consagrados en la ley y fuera demandado por el procedimiento breve fijado en el Código Civil. El artículo aprobado le permite llegar a una conciliación con el propietario si abona las mensualidades atrasadas. "Dicho pago no se tendrá como extemporáneo", agrega.
La instancia parlamentaria eliminó, además, el segundo capítulo del proyecto de ley, que definía las garantías que el arrendador podía solicitar al inquilino. Allí se indicaba que el depósito no podía exceder del equivalente a dos meses de alquiler y debía ser guardado en una cuenta bancaria. El dinero y los intereses generados serían devueltos al arrendatario al término del contrato.
Proyecto mejorado. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos han advertido en varias ocasiones sobre los desequilibrios que caracterizan al proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, creada recientemente para agrupar a arrendadores de sectores populares, también critica la legislación porque generará anarquía y acabará con la oferta. Exige una ley que sea más equilibrada.
Rigel Sergent, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, respalda los cambios y destaca que fueron realizados con la participación de asociaciones de arrendatarios de todo el país. "Creemos que se ha mejorado la propuesta inicial que introdujimos en la Asamblea Nacional", dijo.
Sergent afirmó que los propietarios de viviendas también han intervenido en las discusiones. "Todas las partes han sido escuchadas. Evidentemente los grandes arrendadores, que utilizan el alquiler como un negocio y no como un medio de subsistencia, no van a estar a favor de la regulación".
Agregó que los pequeños arrendadores definidos como los que alquilan una o dos unidades de vivienda no tienen razones para preocuparse.
"La ley les garantiza el derecho de propiedad y señala los mecanismos para que recuperen sus inmuebles".
Sergent descartó que la normativa incentive la falta de pago de los inquilinos. "La persona que no cancele será desalojada. Y los procedimientos serán más expeditos, de manera que los arrendadores no tendrán que esperar tres años, que es la prórroga establecida en la ley vigente".
El Nacional
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Producción de cemento llega a 5 millones de toneladas
El ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, aseguró que la producción de cemento se encuentra en 5 millones de toneladas métricas.
El funcionario indicó que las cementeras solo en agosto generaron 732.000 toneladas y agregó que el Ejecutivo ha invertido en las empresas 620 millones de dólares a fin de aumentar su capacidad.
Desde la cementera Cerro Azul, Menéndez comentó que esa industria iniciará sus operaciones en el primer semestre de 2012 y que ya tiene un avance de 81%.
Esa planta, que ya tiene una inyección de 200 millones de dólares, tendrá una capacidad de 1 millón de toneladas.
La cementera ubicada en el estado Monagas forma parte del acuerdo firmado con Irán y su construcción fue programada en el año 2005.
El ministro indicó que la planta tiene 700 trabajadores y cuando inicie sus operaciones tendrá 300 empleados más
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Desde la cementera Cerro Azul, Menéndez comentó que esa industria iniciará sus operaciones en el primer semestre de 2012 y que ya tiene un avance de 81%.
Esa planta, que ya tiene una inyección de 200 millones de dólares, tendrá una capacidad de 1 millón de toneladas.
La cementera ubicada en el estado Monagas forma parte del acuerdo firmado con Irán y su construcción fue programada en el año 2005.
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Cámara Inmobiliaria espera consenso con el Ejecutivo
La discusión de la Ley de Arrendamiento continúa demandando participación y consenso entre los promotores inmobiliarios, constructores de viviendas, dirección de inquilinato y el ejecutivo nacional.
Así lo señaló la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, Shoymei Lau, quien consideró vital para la fijación de los costos de viviendas, solventar los problemas de desabastecimiento en los insumos de construcción. "Cuando se define el valor de un inmueble, es deber del Gobierno consultar a quienes conocemos la realidad del mercado. La escasez de cabilla y cemento incrementa considerablemente los costos. Además, la situación es diferente en cada estado. En Yaracuy y Portuguesa, las irregularidades en la distribución de arena y piedra es espantosa".
La dirigente gremial señaló la Misión Vivienda no ha logrado satisfacer las necesidades de la población. "¿Dónde están los números que prometieron?, Son muchas las familias que no pueden disfrutar de un techo digno, y no conseguirán solución mientras el Gobierno no escuche al sector privado".
De acuerdo con datos aportados por la Cámara Inmobiliaria, más del 60% de las viviendas construidas en territorio nacional fueron levantadas por promotoras privadas.
Fijación de costos
La tasación de precios de inmuebles que presentará el Gobierno nacional, probablemente estarán acordes a la realidad del mercado. "Una vivienda nivel 1, de unos 60 metros cuadrado, tendrán un valor de 270 mil a 280 mil bolívares. Una vivienda nivel 2 (clase media), tendrá un costo de 400 a 500 mil bolívares aproximadamente".
Los promotores inmobiliarios esperan que el ejecutivo sincere las tasas, a fin de que todos los actores resulten beneficiados.
Por otra parte, Lau rechazó la participación de los consejos comunales como principales beneficiados en la dotación de insumos para la construcción. "Se ha convertido en un negocio para muchos. Lo hemos denunciado y el Gobierno no ha escuchado. Algunos consejos comunales revenden el cemento y lo venden a pequeño grupos".
En este sentido, la dirigente empresarial insto a concretar un consenso nacional de la vivienda, para dar fin a la crisis habitacional que golpea el bienestar y la calidad de vida de un buen número de venezolanos.
EL IMPULSO
10-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
Así lo señaló la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, Shoymei Lau, quien consideró vital para la fijación de los costos de viviendas, solventar los problemas de desabastecimiento en los insumos de construcción. "Cuando se define el valor de un inmueble, es deber del Gobierno consultar a quienes conocemos la realidad del mercado. La escasez de cabilla y cemento incrementa considerablemente los costos. Además, la situación es diferente en cada estado. En Yaracuy y Portuguesa, las irregularidades en la distribución de arena y piedra es espantosa".
La dirigente gremial señaló la Misión Vivienda no ha logrado satisfacer las necesidades de la población. "¿Dónde están los números que prometieron?, Son muchas las familias que no pueden disfrutar de un techo digno, y no conseguirán solución mientras el Gobierno no escuche al sector privado".
De acuerdo con datos aportados por la Cámara Inmobiliaria, más del 60% de las viviendas construidas en territorio nacional fueron levantadas por promotoras privadas.
Fijación de costos
La tasación de precios de inmuebles que presentará el Gobierno nacional, probablemente estarán acordes a la realidad del mercado. "Una vivienda nivel 1, de unos 60 metros cuadrado, tendrán un valor de 270 mil a 280 mil bolívares. Una vivienda nivel 2 (clase media), tendrá un costo de 400 a 500 mil bolívares aproximadamente".
Los promotores inmobiliarios esperan que el ejecutivo sincere las tasas, a fin de que todos los actores resulten beneficiados.
Por otra parte, Lau rechazó la participación de los consejos comunales como principales beneficiados en la dotación de insumos para la construcción. "Se ha convertido en un negocio para muchos. Lo hemos denunciado y el Gobierno no ha escuchado. Algunos consejos comunales revenden el cemento y lo venden a pequeño grupos".
En este sentido, la dirigente empresarial insto a concretar un consenso nacional de la vivienda, para dar fin a la crisis habitacional que golpea el bienestar y la calidad de vida de un buen número de venezolanos.
EL IMPULSO
10-09-2011
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Lic. Henry Medina
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Banavih diseña programa de arrendamiento residencial con colaboración de Caixa de Brasil
Un programa especialmente dirigido a la clase media, que permita a las familias adquirir una vivienda pagando una mensualidad importante pero sin necesidad de entregar cuota inicial, es una propuesta aplicada en Brasil con éxito. Por ello, Caixa Económica Federal, institución financiera de ese país, asesora al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat de Venezuela (Banavih) para que diseñe un plan bajo esas características.
Este planteamiento fue uno de los abordados en las mesas de trabajo que esta semana realizaron en Caracas representantes de ambos organismos, y que concluyeron este viernes.
El presidente del Banavih, Mario Isea, explicó que se trata de un plan de Arrendamiento Residencial, que este organismo formula actualmente y presentará a consideración del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, instancia que rige la política nacional en la materia, encabezada por el presidente Hugo Chávez y coordinada por el vicepresidente para el Desarrollo Territorial, Rafael Ramírez.
“Pudiéramos tener una cantidad considerable de viviendas, a las cuales se podría optar sin cuota inicial, dirigidas a personas que tienen capacidad de pago, es decir, que tienen ingresos suficientes para pagar una buena cuota mensual, pero que no tienen ahorro para dar inicial y por su nivel de ingreso no tienen subsidio alto”, explicó Isea este viernes.
Sería como una especie de arrendamiento con opción a compra, con tasas sociales y varias modalidades que pueden incluir adquisición anticipada y otras aún en estudio. “Estamos perfeccionando el plan y lo pondremos en manos del presidente Chávez a través del ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y de Ramírez, próximamente”, añadió.
Caixa es el ente financiero del Estado brasileño que administra los fondos públicos para la seguridad social de sus ciudadanos.
La de esta semana fue la segunda jornada de trabajo entre ambas delegaciones; la anterior se realizó en Brasilia. Se prevé que en octubre un equipo de Banavih viaje a Brasil para continuar el trabajo, y que en noviembre una delegación de Caixa regrese a Caracas para cerrar el ciclo.
Este intercambio forma parte del convenio binacional promovido por el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y Chávez.
Vivienda rural y asesoría tecnológica
En las mesas de trabajo de esta semana también se abordó la posibilidad de diseñar un programa de vivienda rural, que permita que el campesino tenga residencia y hábitat digno en su zona de producción, por medio del sistema de autoconstrucción, que ya está contemplado en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Estamos aprendiendo mucho de las cooperativas brasileñas que trabajan en ese sentido y de comunidades nuestras como Galipán, que tiene un experimento de bancarización popular y organización comunitaria”, dijo Isea.
Apuntó que un comisionado de Banavih para ese programa está en contacto con Caixa para ahondar en la propuesta y presentar luego un informe al respecto ante los presidentes Hugo Chávez y Dilma Rousseff.
Caixa también asesora al banco venezolano en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita fortalecer la gestión de cobranzas y fiscalización de esta institución.
El superintendente del Área Internacional de Caixa, Álvaro Hall, destacó la contribución de la experiencia de Caixa para la Misión Vivienda Venezuela, pues es el banco público usado por el Gobierno brasileño para impulsar el programa Mi Casa, Mi Vida, anunciado en 2009 en esa nación, y que permitió que en sólo año y medio se efectuaran los contratos para levantar un millón de viviendas, algunas de las cuales están concluidas y otras en ejecución.
Señaló que ya se anunció la segunda etapa de ese plan del país vecino, que prevé edificar 2 millones de casas.
Destacó, además, cómo dentro de este programa social se democratizaron las oportunidades de acceder a una vivienda, especialmente para los más pobres, que siempre estuvieron relegados.
A su juicio, el subsidio para adquirir los inmuebles y tasas de intereses preferenciales fueron los elementos claves para lograr que las familias de menores recursos pudieran optar por un techo en Brasil. Ambos factores están incluidos en la Misión Vivienda Venezuela, por lo que Hall evaluó positivamente este plan anunciado por Chávez en abril pasado para enfrentar el déficit habitacional en el país.
La Gran Misión establece porcentajes de subsidio hasta de 100%, de acuerdo con el ingreso de las familias, así como tasas de interés bajas.
Agencia Venezolana de Noticias
10-09-2011
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Lic. Henry Medina
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Este planteamiento fue uno de los abordados en las mesas de trabajo que esta semana realizaron en Caracas representantes de ambos organismos, y que concluyeron este viernes.
El presidente del Banavih, Mario Isea, explicó que se trata de un plan de Arrendamiento Residencial, que este organismo formula actualmente y presentará a consideración del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, instancia que rige la política nacional en la materia, encabezada por el presidente Hugo Chávez y coordinada por el vicepresidente para el Desarrollo Territorial, Rafael Ramírez.
“Pudiéramos tener una cantidad considerable de viviendas, a las cuales se podría optar sin cuota inicial, dirigidas a personas que tienen capacidad de pago, es decir, que tienen ingresos suficientes para pagar una buena cuota mensual, pero que no tienen ahorro para dar inicial y por su nivel de ingreso no tienen subsidio alto”, explicó Isea este viernes.
Sería como una especie de arrendamiento con opción a compra, con tasas sociales y varias modalidades que pueden incluir adquisición anticipada y otras aún en estudio. “Estamos perfeccionando el plan y lo pondremos en manos del presidente Chávez a través del ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y de Ramírez, próximamente”, añadió.
Caixa es el ente financiero del Estado brasileño que administra los fondos públicos para la seguridad social de sus ciudadanos.
La de esta semana fue la segunda jornada de trabajo entre ambas delegaciones; la anterior se realizó en Brasilia. Se prevé que en octubre un equipo de Banavih viaje a Brasil para continuar el trabajo, y que en noviembre una delegación de Caixa regrese a Caracas para cerrar el ciclo.
Este intercambio forma parte del convenio binacional promovido por el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y Chávez.
Vivienda rural y asesoría tecnológica
En las mesas de trabajo de esta semana también se abordó la posibilidad de diseñar un programa de vivienda rural, que permita que el campesino tenga residencia y hábitat digno en su zona de producción, por medio del sistema de autoconstrucción, que ya está contemplado en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Estamos aprendiendo mucho de las cooperativas brasileñas que trabajan en ese sentido y de comunidades nuestras como Galipán, que tiene un experimento de bancarización popular y organización comunitaria”, dijo Isea.
Apuntó que un comisionado de Banavih para ese programa está en contacto con Caixa para ahondar en la propuesta y presentar luego un informe al respecto ante los presidentes Hugo Chávez y Dilma Rousseff.
Caixa también asesora al banco venezolano en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita fortalecer la gestión de cobranzas y fiscalización de esta institución.
El superintendente del Área Internacional de Caixa, Álvaro Hall, destacó la contribución de la experiencia de Caixa para la Misión Vivienda Venezuela, pues es el banco público usado por el Gobierno brasileño para impulsar el programa Mi Casa, Mi Vida, anunciado en 2009 en esa nación, y que permitió que en sólo año y medio se efectuaran los contratos para levantar un millón de viviendas, algunas de las cuales están concluidas y otras en ejecución.
Señaló que ya se anunció la segunda etapa de ese plan del país vecino, que prevé edificar 2 millones de casas.
Destacó, además, cómo dentro de este programa social se democratizaron las oportunidades de acceder a una vivienda, especialmente para los más pobres, que siempre estuvieron relegados.
A su juicio, el subsidio para adquirir los inmuebles y tasas de intereses preferenciales fueron los elementos claves para lograr que las familias de menores recursos pudieran optar por un techo en Brasil. Ambos factores están incluidos en la Misión Vivienda Venezuela, por lo que Hall evaluó positivamente este plan anunciado por Chávez en abril pasado para enfrentar el déficit habitacional en el país.
La Gran Misión establece porcentajes de subsidio hasta de 100%, de acuerdo con el ingreso de las familias, así como tasas de interés bajas.
Agencia Venezolana de Noticias
10-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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04166220453
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