Tras las protestas en Caracas
Pérdidas millonarias generaron la acción de manifestantes y de grupos vandálicos
JORGE HERNÁNDEZ
JULIO MATERANO
Caracas.- Giustina Astone es vecina de El Paraíso. Dice que tiene toda una vida en la que fue la primera urbanización de Caracas. Pero le cuesta respirar a toda hora, no por sus 83 años de edad sino por los gases lacrimógenos y la quema de barricadas que hoy corroe cualquier aire de tranquilidad en la zona. Astone cuenta que recibe las noches despabilada, vestida con ropa de calle y con los sentidos inquietos; casi no duerme y advierte que ha tenido que recurrir a su nebulizador cuando las bombas la asfixian.
A un mes de las protestas y cierres de vías en el Área Metropolitana, vecinos de La Urbina, Horizonte, Chacao, Bello Monte, San Pedro y El Valle aseguran que el descontento abrió un espacio para las protestas que reconfiguran la dinámica en zonas residenciales y que en algunos casos ponen en riesgo el acervo arquitectónico en urbanizaciones como Altamira y El Paraíso, donde los cuerpos de seguridad del Estado han reprimido con mayor crueldad a quienes manifiestan contra el gobierno para exigir cambios.
"Vivo sola, uno de mis hijos está en México y el otro en Mérida. La muchacha que me acompaña ahora solo viene una o dos veces por semana. Tiene miedo. Yo me escondo cuando los gases nublan todo", relata Astone, vecina de Residencias Victoria, uno de los complejos embestidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
En estas residencias fueron quemados tres vehículos en el estacionamiento. También resultaron afectados al menos 10 vecinos por los efectos del humo y de gases lacrimógenos.
En El Paraíso las acciones vandálicas dejaron al menos 20 comercios en la ruina. "Son gastos de más de Bs 1.200 millones que no puedo asumir. Estoy quebrada", contó Rosa Mendoza, dueña de una panadería.
Otros residentes de Libertador, quienes hasta hace algunos días se sentían al margen de las manifestaciones por el cerco de funcionarios de la Guardia y Policía Nacional, presenciaron los ataques a manifestantes en las urbanizaciones Los Rosales, Valle Abajo y otros sectores de la avenida Presidente Medina, conocida como Victoria.
El 2 de mayo les tocó a los habitantes de Las Acacias. Ese día las acciones de manifestantes y funcionarios de seguridad culminaron con daños en ventanas de apartamentos y en vehículos. "Todo estaba valorado en más Bs 200 millones. Son gastos que nadie asume", afirmó Leidis Lucena, vecina de Las Acacias.
El 20 de abril la avenida Intercomunal de El Valle fue el epicentro de disturbios, que dejaron vestigios en las residencias Savoy, en el sector San Andrés y en espacios públicos.
La fachada de la residencia El Parque, en la calle 9 de El Valle, fue el blanco de la Policía Nacional Bolivariana.
Durante las protestas del pasado 20 y 21 de abril, 20 comerciantes perdieron sus negocios en la calle Cajigal de El Valle, donde fallecieron al menos 12 personas. Allí cada comerciante deberá invertir hasta Bs 400 millones por local para medio recuperarse.
Pero el centro de los ataques y daños al ornato público se ha originado, en gran proporción, en el municipio Chacao por ser el área donde mayormente se concentran los manifestantes y funcionarios de la Guardia y Policía Nacional.
Asdrúbal Pernía, de Chacao, ha vivido durante un mes los ataques a paradas, transporte público, aceras, postes de luz, defensas de hierro de la autopista Francisco Fajardo, y a cercas perimetrales de edificios, a la base aérea de La Carlota y a centros de emergencias.
"En cada protesta las bombas y piedras terminan dañando paradas, cercado, comercios, santamarías, cableado eléctrico, centros de control del Metro de Caracas y edificaciones donde residen miles de adultos mayores en Altamira y La Castellana", expresó Pernía.
En Chacao los residentes salen muy temprano a sus actividades en centros de salud, empresas, colegios y en espacios deportivos, antes de quedar cercados por puntos de control, manifestantes y grupos irregulares que aprovechan la situación para apoderarse de lo que no les ha costado nada.
El pasado 2 de mayo los habitantes de La Urbina y El Llanito fueron atacados por grupos irregulares, quienes violentaron la propiedad privada, derrumbaron paredes, quemaron casetas de seguridad e hirieron y robaron a 11 personas.
Yeferson Asencio, líder vecinal de La Urbina, repudió que los ciudadanos, independientemente de su postura política, destrocen parques, paradas, centros de salud, viviendas, casetas de vigilancia y demás servicios durante las manifestaciones. "La pared le costó al condominio Bs 800 mil. Y los equipos de la caseta de vigilancia salen en más de Bs 2 millones, pero no podemos pagarlos".
Y en El Llanito residencias de más de 20 años de construcción quedaron con impactos de bala, piedras, bombas lacrimógenas y de otros objetos tras las convocatorias de marchas.
"Hubo incendios de viviendas por grupos irregulares que lanzaron bombas molotov a ventanas con residentes en su interior. Ahora cada quien deberá costear la reparación de ventanas, paredes y demás enseres de su vivienda. Eso está por encima de Bs 500 mil, monto que los vecinos ni el condominio pueden costear, contó Lorenzo Márquez, líder vecinal de El Llanito.
Piden al estado que asuma responsabilidad por daños
La socióloga Mabel Mundó, profesora e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV, advierte que la Constitución admite las protestas pacíficas e indica que en el país hay muchas experiencias de manifestación sin represión ni bombas lacrimógenas.
"El problema no es la protesta, es la forma cómo se agrede a los manifestantes. La mayoría de los daños están desvinculados al control desmedido", explicó Mundó. Asegura que la agresión aumenta el descontento social, lo que a su vez incrementa las acciones de calle.
Zulma Bolívar, presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo, enfatiza que lo peor de todo es el ataque directo de funcionarios contra la propiedad privada. "En lugar de proteger a la ciudadanía y garantizar el estado de derecho, han disparado contra viviendas y han sido complacientes con la anarquía promovida por delincuentes", señala Bolívar.
Afectados aseguran que en la ciudad no hay quien responda por la devastación de algunos espacios públicos y privados, especialmente por los daños a fachadas por perdigones y bombas lacrimógenas. En las zonas perjudicadas como El Paraíso, Altamira y El Valle responsabilizan a funcionarios de seguridad y presuntos colectivos por los daños.
Bolívar indica que en el Área Metropolitana lo urbano es una competencia que se reparte entre el poder ejecutivo local y nacional. "Los alcaldes son quienes gestionan las ciudades, pero se les ha atado de mano para poder responder y mediar entre las fuerzas del Estado y la población", dice.
Esta semana la Asociación Venezolana de Alcaldes mostró preocupación por las secuelas de las protestas. Sobre ello, el alcalde de Baruta Gerardo Blyde, presidente de esa organización, dijo que garantizarán el derecho a las manifestaciones. Sin embargo, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, pidió a la ciudadanía evitar acciones anárquicas y ceñirse a la agenda de la Mesa de la Unidad Democrática.
Alcaldías del Área Metropolitana coinciden en que han aumentado en más de 50% los desechos de los municipios, lo cual obliga a las empresas recolectoras a redoblar la actividad de aseo urbano. A propósito de ello, la presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo considera que debe haber una respuesta extraordinaria, y más recursos, para solventar los problemas.
Casos sin justicia
1.- El Ministerio Público comisionó a la fiscal 59ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Ana Isabel Corobo, para investigar los daños y robos ocurridos en la residencia Los Mangos, ubicada en La Urbina, municipio Sucre.
2.- Por los daños en El Paraíso el Ministerio Público además designó a la fiscal 9ª auxiliar del AMC, Andrea González, para que dirija la investigación por los daños causados a las residencias Victoria, en el municipio Libertador.
3.- Tras un mes de manifestaciones la Alcaldía de Chacao ha protegido la Plaza Francia de Altamira, espacio que aún está en buenas condiciones para el disfrute de los vecinos y visitantes de todo el país.
4.- El viernes el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, exigió al Ministerio Público una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en La Urbina y El Llanito, en los cuales 11 personas resultaron heridas y fue violentada la propiedad privada, pues grupos irregulares entraron a edificaciones a apoderarse de lo ajeno y a romper todo a su paso.
5.- Comerciantes y vecinos de las urbanizaciones El Valle y El Paraíso del municipio Libertador de Caracas aún esperan la ayuda del Ejecutivo para recuperar sus negocios. "Nos habían ofrecido seguridad, créditos en la banca pública y recursos vía créditos adicionales en pocos días. Sin embargo acá no ha vuelto nadie", contó Ana Linares, comerciante de El Valle.
El Universal
08-05-2017
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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