Las zonas de áreas protegidas no son aptas para edificar viviendas
Fiscalía y GNB son los encargados de practicar desalojos en los asentamientos.
En los últimos años Caracas ha perdido zonas verdes, y muchos de esos espacios han sido tomados como asentadero de viviendas improvisadas, lo que ha vuelto a estas zonas más hostiles, inseguras y poco saludables, complicando temas como la vialidad, la movilidad del ciudadano, así como el acceso a los servicios públicos.
Juan Carlos Vidal, miembro de la comisión de Urbanismo de la Cámara Municipal de Sucre, explicó que a lo largo de los 169 kilómetros cuadrados del municipio existen una serie de ocupaciones ilegales que afectan directamente a sectores urbanizados importantes.
"Las invasiones más recientes en la autopista Gran mariscal de Ayacucho frente a la zona de la terminal de Oriente está afectando concretamente los servicios de agua en las urbanizaciones Miranda, Araguaney y Mariches; principalmente por las tomas ilegales que se están realizando a la tuberías del Instituto Municipal autónomo de Aguas y Acueductos de Sucre (IMAS)", dijo.
En un estudio realizado por dirigentes vecinales de la urbanización Miranda, a mediados de 2015, determinó que hay 800 tomas ilegales que están afectando el suministro de agua en la urbanización.
Vidal indicó que la inseguridad es otro problema con el que deben lidiar las comunidades aledañas a esas invasiones.
"Hemos podido registrar el aumento en los robos en la Miranda, Universidad Santa María, zonas que poco a poco han sido cercadas por el establecimiento de familias alrededor de esos urbanismos".
Explicó además que este tipo de viviendas están ubicadas en zonas de protección especial que colindan con las faldas del Waraira Repano, además los otros terrenos "no están aptos para ese tipo de estructuras".
"Estamos hablando que estas comunidades están constantemente en una situación de riesgo latente. Hemos enviado comunicaciones a la Fiscalía y al Destacamento 53 de la Guardia Nacional sin obtener respuesta alguna".
Recordó que el municipio no está facultado para realizar desalojos de las familias que habitan en esas comunidades ya que la orden debe ser emitida desde el Ministerio Público.
Víctor Rodríguez, director de ingeniería municipal de Sucre, advirtió que aunado al colapso de los servicios existe un riesgo a la seguridad vial por la proliferación de estructuras ilegales alrededor de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho.
"Las aguas servidas, mal canalizadas, dañan la capa asfáltica y esto compromete la vida útil de la autopista", relató.
Por su parte Víctor Lira, director general de Protección Civil Miranda, aseguró que en los últimos meses ha disminuido el número de invasiones a lo largo del eje La Mariposa, Panamericana y Los Teques pero persisten algunos focos en Altos Mirandinos. "Gracias a la intervención de la Guardia Nacional logramos detener una invasión el sector Figueroa, en el municipio Los Salias, donde un grupo de familias pretendían apropiarse de unos terrenos para establecerse. Es una situación compleja que exige el trabajo mancomunado de todas las autoridades".
Explicó que constantemente Protección Civil se encuentra monitoreando las zonas más vulnerables para evitar situaciones que lamentar. "Por lo general en las invasiones se edifican casas improvisadas en suelos que no son aptos y con la incorporación de aguas negras deteriora aún más la estabilidad del terreno, contribuyendo con la contaminación ambiental de ríos, quebradas y afluentes como ya ha ocurrido en La Mariposa".
Para el planificador ambiental Hernán Papaterra el deterioro de los espacios verdes revela la negligencia de las instituciones del Estado en cuanto al cumplimiento de la Ley.
"Está perdiéndose una gran cantidad de beneficios ambientales y sociales que generan las zonas verdes".
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que existan entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante; mientras en América Latina y el Caribe -Venezuela incluida- el cálculo estimado es de 3,5 metros por habitante.
"Debe motivarse la movilización activa de los ciudadanos a través de la organización vecinal para defender el derecho a espacios verdes urbanos. No es admisible que se violen flagrantemente las ordenanzas de áreas con régimen especial y recreacional", dijo Papaterra.
RAFAEL ARIAS
rarias@eluniversal.com
El Universal
27-09-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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