Leandro Rodríguez Linarez
Como todo en este país, la discusión que gira en torno al pretendido otorgamiento del título de propiedad plena a los ocupantes de los inmuebles provenientes de la Gran Misión Vivienda Venezuela se encuentra dramáticamente politizada; sin embargo, el hecho que en la nueva Asamblea Nacional se debata públicamente sobre ello ha generado una serie de beneficios agregados a quienes han sido adjudicados, no solo la posible titularidad del techo que habitan sino que el mismo gobierno ha intentado fortificar esta política social, he allí la importancia de la función opositora, la presión ejercida a las gestiones públicas para que se vean motivadas a mejorar su desempeño.
Primeramente, hay que aclarar que la política de construcción de viviendas ha sido una de las grandes debilidades de la denominada revolución. El déficit producido por la exigua construcción de casas y apartamentos en 17 años, por falta de planificación y materiales, ha ocasionado esta dantesca crisis. Ahora bien, es un hecho que el gobierno nacional hoy se reserva la propiedad de las vivienda construidas por la GMVV, otorgando solo un permiso de ocupación. Se denuncia que ello da pie para la manipulación partidista, sus ocupantes se ven obligados asistir a marchas, mítines, inscribirse en el PSUV e incluso votar por sus candidatos bajo amenaza que cualquier negación a estos condicionamientos será castigada con el desalojo del inmueble adjudicado; de ser cierto esta realidad debe cambiar radicalmente. El gobierno arguye que “la derecha” pretende dar la titularidad a fin que estas viviendas puedan ser insertadas en el comercio inmobiliario privado, así echarle el guante y sacar los usufructos de un mercado especulativo.
En resumidas cuentas, las denuncias realizadas con respecto a la inhumana manipulación político-partidista de los venezolanos ocupantes de estos complejos habitacionales o suponiendo que la tesis gubernamental sea cierta, la de un escenario en que las familias beneficiadas preferirían vender, hipotecarlas o alquilar sus casas y quedarse sin techo propio nuevamente, así insertar estos inmuebles al comercio inmobiliario privado, podrían corregirse (de ser ciertas) o evitarse con la ley que actualmente se está discutiendo en la Asamblea Nacional.
Este marco jurídico pudiera, en primer lugar, otorgar la titularidad, hacer a estas familias propietarias de su techo, así evitar puedan ser inhumanamente desalojadas, atemorizadas, manipuladas, genuflexas a presiones o intereses de gobiernos locales, regionales o nacionales. En segundo lugar, al provenir de una política social con un fin exclusivo, se pudiera definir en este marco legal que esas viviendas no puedan ser vendidas, alquiladas ni hipotecadas por los próximos 20 ó 25 años, ceñidos a los lapsos que la Ley de Política Habitacional prevé para la cancelación de sus créditos.
De este modo las dos discusiones principales que envuelven esta ley quedarían cubiertas ¡Soluciones existen, voluntad política del gobierno no!
@leandrotango
El Impulso
07-03-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Excelente propuesta
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