El mencionado decreto presidencial es de noviembre de 2011. Su anulación fue solicitada ante el TSJ por el Banco Venezolano de Crédito y la Sala Político-Administrativa se lo negó.
Los magistrados también negaron la posibilidad de estatizar el Venezolano de Crédito, petición hecha por la asociación civil "Jóvenes Sociales por la Patria".
El Universal
22-08-2014
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Lic. Henry Medina
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