Desde hace décadas, el sector de la construcción privada de Venezuela se ha caracterizado por construir 80 mil viviendas al año. Para lograrlo la banca debe recibir entre 800 y 900 proyectos anuales de promotores de inmobiliarios. Sin embargo, esta realidad cambió diametralmente. Jaime Gómez, presidente de la Cámara de Construcción, advierte que hasta mayo de este año el sistema financiero del país había recibido solo cuatro proyectos. Lo que representa una caída de 95,5% en 2014, si se compara con el promedio anual.
“La construcción ha venido registrando un descenso constante en los últimos 17 trimestres del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación es bien preocupante porque se trata del dinamizador de la economía. Para el momento, al menos el 70 por ciento de los constructores están fuera del país”, explica Gómez.
Pero la situación puede ser aún peor. Actualmente la construcción privada de viviendas no supera las 20 mil anuales y se espera que esta cifra siga mermando. “Antes de comenzar a construir hay que hacer todo el trabajo de tierra, urbanismo, permisologías y servicios. Este proceso se tarda entre seis u ocho meses; es ahí cuando se empiezan a construir las viviendas. Lo que quiere decir que si en este momento la banca no recibe los proyectos para el próximo año, el sector privado no tendrá participación en la construcción de viviendas”, agrega.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Construcción advierte que las características demográficas del país cambiaron. “Según las Naciones Unidas la mayor población activa de Venezuela se encuentra dentro de los 16 y 24 años, lo que significa que el crecimiento vegetativo es mucho mayor y se necesitarán en vez de 130 mil viviendas adicionales cada año, 180 mil”.
Ante este escenario, Gómez destaca la importancia de involucrar al sector privado para cubrir esta demanda. “Nosotros estamos interesados en participar, pero le hemos dicho al ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, que para integrarnos se deben generar las condiciones adecuadas porque hasta el momento han criminalizado a todos los constructores del país”.
Principales problemas
La escasez de materiales, falta de un acuerdo justo sobre el costo de las viviendas y leyes que criminalizan a los constructores son algunos de los problemas que según Gómez enfrentan los empresarios de este ramo.
En relación a la escasez, asegura que “aunque parezca mentira todo está escaseando: cabillas, cemento, mayas planas y alambrón”. Explica que las mayas planas que se utilizan en la construcción de vivienda industrializadas tienen fechas de entrega de hasta 10 meses de espera.
El otro problema que se está presentando es que no se ha llegado a un acuerdo sincero sobre el cuánto debe costar una vivienda. “El precio final que está publicado en gaceta oficial es ínfimo. El propio ministro (Ricardo Molina) lo reconoció en una asamblea que tuvimos con él hace dos semanas. Pero aunque lo admitió nos dijo que teníamos que entender que él no podía poner un monto muy elevado porque después los precios se le iban a disparar”.
Con respecto al diálogo con el gobierno nacional lamentó que aunque se han reunido en diferentes oportunidades no han llegado a ningún acuerdo. “Creo que aunque el gobierno está haciendo un esfuerzo, es un esfuerzo sin resultados porque los constructores siguen sin llevar proyectos a la banca”, explica.
Propuestas
El presidente de la Cámara de Construcción, Jaime Gómez, destaca que este sector propone crear un registro de productores de viviendas para garantizar que solamente empresas especializadas en el área participen y evitar que cualquier firma de la noche a la mañana se convierta en promotor inmobiliario”.
Además sugiere adaptar la construcción de las viviendas al crecimiento demográfico que presenta el país. “Las familias ya no tienen tantos niños, ahora tienen 1,8 niños. Lo que significa que no requerimos las tradicionales viviendas de tres habitaciones y dos baños. Lo que necesitamos son viviendas pequeñas para que las parejas jóvenes arranquen. Esto pudiera ser una excelente alternativa, que además representa un ahorro de materiales y construcción”, explica.
Gómez propone tener dos tipos de viviendas de interés social. “Una que estén destinadas para las familias que ganen hasta tres salarios mínimos y que no tienen la capacidad de reunir la cota inicial porque están muy cercanos a la canasta alimentaria, en donde a través de programas del Estado puedan subsidiarlos; y otras en las que el sector privado pueda interactuar con los clientes dentro de un libre mercado”, agrega.
Marisela Castillo Apitz
mcastillo@dinero.com.ve
Dinero
30-06-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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