600.000 familias viven alquiladas en Venezuela
Beatriz Caripa.- Las fricciones develadas hace unas semanas entre diversas organizaciones sociales de inquilinos y el ministro de Vivienda y Hábitat Ricardo Molina comenzaron a despejarse, luego de una reunión que sostuvieron cerca de 120 voceros de estas agrupaciones con el titular del despacho habitacional.
La polémica se inició con el anuncio que hizo el ministro Molina de una posible reforma de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas, promulgada en 2011 por el presidente Chávez.
El punto de honor de los inquilinos era que se oponían rotundamente a que se le hicieran reformas al instrumento, pues sostienen que “fue la primera ley promovida y aprobada por iniciativa popular”.
Las organizaciones de inquilinos que participaron en el ensamblaje de la ley publicaron hace un mes un comunicado instando al ministro Molina a “conocer mejor la ley” y, en lugar de promover una reforma, que buscara vías para aplicarla en su totalidad.
Tal descontento impulsó una reunión del ministro con los inquilinos. Encuentro que, según los voceros de los colectivos, se convirtió en una asamblea “donde hubo acuerdos y propuestas muy positivas”, anunció Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos.
“La reunión fue muy fructífera, estuvimos de acuerdo con que la ley puede ser revisada porque toda ley es perfectible. Hay aspectos que se pueden revisar, pero eso sí, todo para mejorar, nada para echar para atrás. Ese fue el acuerdo al que llegamos con el ministro Molina, a quien reconocemos que se ha metido en el tema y está claro en la situación de los inquilinos”.
Puntos por revisar
Sergent informó que otro de los acuerdos al que llegaron con el titular de Vivienda y Hábitat, fue que prepararán un documento descriptivo con todas las situaciones que han venido observando respecto a la aplicación del texto legal y los puntos que están por revisarse.
“En 15 días realizaremos una nueva asamblea con el ministro Molina para presentarle el pliego de propuestas, todas las situaciones que deben revisarse e, incluso, el funcionamiento de la Sunavi (Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas), donde también hemos estado pendiente de que se cumpla con la normativa de la ley en la atención a los usuarios”.
En tal sentido, Rigel Sergent puntualizó que por intermedio del ministro Ricardo Molina se reunieron con el nuevo superintendente de la Sunavi, José Rafael Jiménez, quien sustituye a Ana Marina Rodríguez, relevada del cargo el pasado 6 de junio.
“Esa reunión con el superintendente también fue muy positiva y observamos mucha receptividad. El superintendente está enfocado en mejorar la atención a los propietarios y a los inquilinos. Vemos que hay una buena disposición de trabajar con nosotros y de mejorar la aplicación de la ley”.
Aplicar la totalidad
Luego de que el ministro de Vivienda y Hábitat dijera hace dos meses que el Gobierno estaba dispuesto a reformar la ley, a fin de que se beneficiaran tanto pequeños propietarios como inquilinos, las agrupaciones de arrendatarios (conocidas también como colectivos de inquilinos) alzaron la voz y se opusieron rotundamente a una reforma parcial o integral del texto.
En esa oportunidad, todas las organizaciones involucradas (Red Metropolitana de Inquilinos, Movimiento de Inquilinos, Asociación Bolivariana de Inquilinos y otras asociaciones surgidas en los estados Mérida y Carabobo) coincidieron en que el instrumento no había que reformarlo “sino aplicarlo 100%, porque a dos años de aprobado el marco legal, hay muchos procesos que no se han aplicado en su totalidad y muchas de estas cosas, ocurren por falta de eficiencia del ministro”, manifestaron en un comunicado público.
“Nosotros pensamos que si la ley se aplica en su totalidad y hasta se mejoran los procesos, todo puede fluir mucho mejor, pero no estamos de acuerdo con ninguna reforma”, señaló Maglene Sierralta de la Asociación Bolivariana de Inquilinos.
Gremios activados
Quienes sí recibieron con agrado la posible reforma de la ley, fue la Cámara Inmobiliaria y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), gremios que están a la espera de que el Gobierno los convoque para entregar las propuestas de reforma.
Estos gremios han introducido varios recursos de nulidad del texto ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Mundo
30-06-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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